- Juicio El fin de semana de infarto en el que se encendieron todas alarmas en la Junta de Andalucía por los intrusos de los ERE fraudulentos: "Sabíamos que iba a pasar"
- Tribunales La Justicia ya no podrá recuperar el botín íntegro de los ERE
El borrado del caso de corrupción de los ERE impulsado por el Tribunal Constitucional (TC) está resultando incapaz de frenar la avalancha de juicios pendientes correspondientes al más de centenar de piezas desgajadas de la macrocausa que comenzó a investigarse hace ya más de una década. Precisamente el próximo 19 enero se cumplen catorce años de la apertura de las diligencias previas número 174/2011 iniciadas por la jueza de Sevilla Mercedes Alaya sobre este caso, que versa sobre el reparto clientelar y opaco de casi 680 millones de euros a lo largo de una década por parte del Gobierno andaluz del PSOE a supuestas empresas en crisis.
El balance de la macrocausa en estos años no puede ser más demoledor. Hay veinte sentencias y todas ellas son condenatorias. En esos fallos hay un total de 35 condenados por delitos de malversación y prevaricación, entre ex altos cargos de la Junta de Andalucía, exalcaldes socialistas, empresarios beneficiados con las ayudas irregulares que salieron del fondo de reptiles, intermediarios de las aseguradoras y hasta el chófer de la coca. Y la lista de condenados podría ir en aumento.
Este enero, la Audiencia de Sevilla tiene previsto celebrar tres juicios de los ERE en los que se analizarán las ayudas que recibieron tres empresas para que prejubilaran a sus trabajadores. A partir del 7 de enero se retoma el juicio por las subvenciones a Fertiberia, en el que hay sindicalistas en el banquillo de los acusados, además de los ex altos cargos de la Junta de Andalucía.
A partir del 10 de enero se celebra la vista oral por los casi 500.000 euros de dinero público recibidos por la empresa Centros para la Formación y Prevención Laboral (Cenforpre) en la que trabajaba el ex futbolista del Osasuna y Atlético de Madrid Pizo Gómez, que se enfrenta a una petición de cinco años de cárcel y 15 años de inhabilitación por parte de la Fiscalía.
El tercer juicio de los ERE que se celebra en la Audiencia el próximo enero corresponde a las ayudas irregulares de un millón de euros otorgadas por el Gobierno andaluz a la empresa de Sevilla Instaladora Moderna Electricidad. En la instrucción judicial de esta ayuda salió a la luz que el ex consejero del Gobierno andaluz Jaime Montaner, en su etapa como empresario, había terciado ante la Junta en este asunto. Esta vista oral está señalada a partir del 14 de enero.
Por lo tanto, por mucho que el PSOE haya decidido pasar página de los ERE y haya rehabilitado políticamente a los ex presidentes andaluces Chaves y Griñán el pasado 30 de noviembre en el congreso federal del PSOE celebrado en Sevilla, el caso de corrupción vuelve con fuerza a los tribunales.
La nueva sentencia
Además, la Audiencia de Sevilla tiene pendiente redactar la sentencia sobre el juicio principal de los ERE, en el que fueron condenados Chaves, Griñán y los ex consejeros andaluces Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Fernández y José Antonio Viera, entre otros.
La nueva sentencia se debe dictar con las directrices trazadas este verano por el Tribunal Constitucional, que decidió amparar parcialmente a la mayoría de los ex altos cargos. No obstante, hay dos -el ex consejero de Empleo Viera y el ex viceconsejero Agustín Barberá- que sí están ya condenados en firme porque el TC no admitió su recurso -en el caso de Viera- y Barberá no recurrió. Viera está condenado en firme a siete años de cárcel por malversación y Barberá a otros siete años de prisión, pero ambos están ya en libertad.
La mayoría de magistrados afines al PSOE que actualmente compone el Constitucional decidió amparar parcialmente a los ex altos cargos, apartándose de lo que habían establecido la Audiencia y el Supremo sobre este caso de corrupción. Sus condenas se basaban en que el sistema diseñado por el Gobierno andaluz para repartir las ayudas de los ERE era totalmente ilegal, pero el TC dijo este verano que era perfectamente legal porque se hizo a través de las leyes de presupuestos que cada año aprobaba el Parlamento andaluz. Por eso se ha llamado el borrado de los ERE.
Como viene informando EL MUNDO, este giro de guion va a provocar que ya no se pueda recuperar el botín íntegro de los ERE, que se eleva a los casi 680 millones de euros que los gobiernos andaluces repartieron sin control a lo largo de una década. Ya sólo regresarán a a las arcas públicas la parte más grosera del fraude, como las ayudas que recibieron los intrusos por prejubilarse en empresas en las que nunca habían trabajado por sus contactos con el PSOE andaluz, los sindicatos o los altos cargos que repartían los fondos.