Cataluña y la Comunidad Valenciana son, con diferencia, las regiones que más deuda acumulan en España en términos absolutos y también en relación a su población o a su Producto Interior Bruto (PIB). Así lo corroboran los últimos datos del Banco de España correspondientes al tercer trimestre del año y publicados en diciembre, en los que se deja en evidencia la desigual situación financiera que arrastran las comunidades y explica el desdén con el que en muchas de ellas se ha recibido el anuncio del Ministerio de Hacienda de negociar con las comunidades una quita para aliviar esa losa.
Cataluña encabeza el ranking de las comunidades más endeudas, con 88.917 millones de euros. Le sigue la Comunidad Valenciana, con 59.498 millones de euros. A la cola se sitúa La Rioja, con 1.632 millones de euros. La deuda total de las comunidades autónomas es de 333.177 millones de euros. Como los términos absolutos pueden resultar engañosos, para evaluar el peso real de ese pasivo, conviene ponerlo en relación con el volumen de población o con la riqueza medida en PIB y obtener así un retrato fiable de la situación y de las diferencias entre comunidades.
Pues bien, Cataluña y Comunidad Valenciana encabezan el ranking también en términos relativos, aunque en distinto orden, siendo Valencia la que más losa soporta, con 11.185 euros por habitante; mientras que Cataluña registra una deuda de 11.085 euros por habitante.
En la comparación por renta, Valencia vuelve a liderar la lista, ya que su deuda supone el 40% de su PIB, seguida de Murcia, con un 30,7%; Castilla La Mancha, con un 30,3%; y de nuevo Cataluña, con un 29,9% de su PIB. La media de deuda por habitante en el conjunto del país es de 6.878 euros, constituyendo el 21,3% de su PIB.
Por contra, para la comunidad Navarra o el País Vasco, ambas con regímenes forales propios y un sistema de financiación privilegiado, la deuda apenas supone un 10,7% y un 11,7% de su PIB.
Estas diferencias justifican el desigual interés de las comunidades autónomas en la oferta que ha realizado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre una hipotética asunción por parte del Estado de parte de la deuda que, inicialmente, se refería exclusivamente a la vinculada al Fondo de Liquidez de las comunidades autónomas (FLA), y que también podría ampliarse a la deuda con las entidades financieras.
El Partido Popular consiguió un consenso entre las comunidades que gobierna para evitar que entren en el juego de las negociaciones bilaterales con las que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende justificar las concesiones realizadas o comprometidas con Cataluña. Pero es que, al margen de esa estrategia común del PP, comunidades como Andalucía consideran que hablar de la quita de la deuda ahora es caer en la trampa que permite volver a postergar lo que realmente está aumentando la brecha entre las comunidades autónomas, que es el actual modelo de financiación autonómica cuya reforma sigue pendiente.
Según los últimos datos del Banco de España correspondientes al tercer trimestre de 2024, Andalucía tiene una deuda de 39.842 millones de euros, lo que supone un 19% de su PIB y una media de 4.618 euros por habitante.
El Gobierno de Juanma Moreno viene insistiendo en que Andalucía acumula un déficit de financiación de 15.000 millones de euros si se tiene en cuenta la población ajustada. En 2022, el último ejercicio liquidado, Andalucía recibió 1.522 millones menos que la media de España. El cálculo de ese déficit se realiza aplicando al reparto criterios similares a los que la hoy ministra María Jesús Montero defendía cuando formaba parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, en tiempos de Susana Díaz y con Mariano Rajoy en la Moncloa.
Pese a ese déficit de financiación, la Junta considera que su buena gestión le ha permitido "contener" la deuda, evitar que se dispare y negociar mejores condiciones con los bancos, por lo que, hoy por hoy, no es un problema acuciante para Andalucía, como sí lo puede ser para Cataluña o la Comunidad Valenciana.
El Gobierno andaluz viene reclamando, por otro lado, que cualquier negociación sobre una hipotética quita de la deuda se realice en un marco multilateral en el que participen todas las comunidades autónomas y teniendo en cuenta siempre el nivel de deuda por habitante.
En todo caso, desde el ejecutivo de Juanma Moreno se muestran escépticos con respecto a la posibilidad de una negociación en esos términos ya que la ministra Montero ya anunció, para comienzos de 2024, el inicio de una ronda de conversaciones con las comunidades que no se ha llegado a producir.