- Acuerdo Marco La Junta y el Gobierno se felicitan por el desatasco de las ayudas a los agricultores del entorno de Doñana tras las quejas por los retrasos
- Agricultura El riego ilegal de frutos rojos en Doñana empieza a reducirse por efecto de las inspecciones y las renuncias "voluntarias"
A un tiro de piedra del arroyo de La Cañada, en el término municipal de Almonte, en el espacio de mayor protección de los márgenes (la zona de policía), se habían excavado tres zacayones de los que se bombeaba agua para regar cinco hectáreas de frutos rojos sin control y sin permiso alguno. La última finca pirata estaba, además, fuera de la zona delimitada como regable en el Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal de Doñana y no solo robaba agua superficial del arroyo, sino también del subsuelo.
Hace solo unas semanas que los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) detectaron estos tres nuevos pozos ilegales en una de sus inspecciones, que se suman a los casi 1.200 que se han cerrado desde 2019, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio para la Transición Ecológica a este periódico, y de los que aproximadamente un tercio eran ilegales, como en este caso.
Pueden parecer muchos, y lo son, pero el problema, según apunta el coordinador de Agricultura de WWF, Felipe Fuentelsaz, es que el cierre de esos pozos no se está traduciendo en la misma proporción en la reducción de superficie ilegal de cultivo.
En el año I del Acuerdo Marco de Doñana, firmado entre la Junta de Andalucía, el Gobierno central y los ayuntamientos del entorno del parque nacional, la extracción ilegal de recursos hídricos sigue siendo uno de los principales problemas pendientes, si no el principal, en opinión de Fuentelsaz, que da un dato que ilustra la gravedad del problema: en estos años de cierre de pozos, las hectáreas de cultivos ilegales apenas se han reducido en un 10%.
Según los cálculos de WWF, en el entorno del Parque Nacional de Doñana hay cerca de un millar de hectáreas en las que se cultivan frutos rojos sin papeles y con agua pirateada, en la inmensa mayoría de los casos, de las bolsas subterráneas que abastecen al propio espacio natural y cuya desecación está detrás de buena parte de los males que lo aquejan y que lo han colocado últimamente en una situación extrema agravada por la prolongada sequía.
Las estimaciones del Gobierno central reducen unos cientos de hectáreas la superficie ilegal, hasta las 700 más o menos, pero el desafío sigue siendo igual de importante.
La CHG, que tiene un papel predominante en el control del agua, asegura haber intensificado durante el pasado año, 2024, sus tareas de control, vigilancia y protección del dominio público hidráulica y, fruto de ello, se han inspeccionado en los últimos doce meses 11.000 hectáreas de terreno en su ámbito de actuación, que va más allá de Doñana e incluye la mayor parte de las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén. Hasta 400 inspecciones se han realizado en este tiempo -muchas de ellas en el entorno de Doñana- y se han detectado 2.374 hectáreas de riego no autorizadas, así como 120 captaciones ilegales que dieron lugar a la adopción de 76 medidas cautelares con la correspondiente apertura de procedimientos administrativos.
Es ahí, en la tramitación de los expedientes, donde el sistema cojea, denuncia WWF, que lo señala como uno de los fallos que hay que corregir de forma urgente. Sobre todo porque los procedimientos pueden llegar a eternizarse y, en no pocos casos, caducan.
El coordinador de Agricultura de esta organización conservacionista, muy presente en Doñana, reconoce los avances que se han hecho en materia de inspección para localizar los pozos ilegales con la incorporación de tecnologías de vanguardia como la teledetección, pero no se puede decir lo mismo, puntualiza, de la tramitación de los expedientes, que "tardan muchos años y se corre el riesgo de caducidad de los mismos".
La raíz del problema está, señala Fuentelsaz, en la escasez de recursos sobre todo humanos con los que se cuenta a la hora de gestionar estos procedimientos. "Hace falta más voluntad y más celeridad", pide el experto de WWF a las administraciones implicadas, fundamentalmente el Ministerio para la Transición Ecológica y la Junta de Andalucía, aunque en esta tarea también desempeñan un papel importante la Fiscalía de Medio Ambiente o el Seprona de la Guardia Civil.
"La superficie ilegal no ha disminuido apenas", insiste, y los cultivos piratas siguen estando muy presentes, especialmente, en los núcleos de Lucena del Puerto y Moguer, por lo que urge a una mayor coordinación y reclama "más esfuerzo" y medios.
Más aún cuando, ahora sí, el clima político y el contexto social están ya alineados después del Acuerdo Marco de Doñana firmado en noviembre de 2023 y al que el presidente andaluz, Juanma Moreno, y la ministra Sara Aagesen, dieron un nuevo impulso el pasado diciembre con el desatasco de las ayudas previstas para los agricultores, precisamente, para reducir la superficie legal de cultivo de frutos rojos y, con ello, la presión hídrica sobre Doñana.
"Ya no hay excusas", insiste Fuentelsaz, para quien el segundo año tras el acuerdo debe ser el que siente definitivamente las bases para acabar con el problema de los cultivos piratas y la sobreexplotación de los acuíferos de Doñana. "Nos jugamos no solo la biodiversidad del parque, sino la economía del territorio", advierte.
Las últimas órdenes de ayudas dictada por el Ministerio para la Transición Ecológica suman unos 40 millones de euros destinados al sector agrario en el entorno de Doñana. El primer paquete, dotado de 11,5 millones, estará destinado a proyectos de agricultura, ganadería y el sector forestal. En cambio, el segundo, de no más de 28 millones, tendrá por objeto servir de incentivo para la renaturalización de la superficie agraria del Parque.
Son 14 los municipios beneficiados por el acuerdo marco, por el que tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno se comprometieron a invertir más de 1.400 millones para la conservación y la recuperación de Doñana y su entorno.