La Junta de Andalucía llevará al Gobierno ante los tribunales de lo Contencioso-AdminIstrativo para forzar al Estado a asumir el coste de los menores de edad extranjeros que entran a la comunidad camuflados en los contingentes de adultos procedentes de Canarias.
Pretende el Gobierno andaluz resolver de esta forma un litigio que enfrenta a ambas administraciones desde hace más de un año, cuando la Junta detectó que muchos de los inmigrantes que llegaban a la comunidad bajo la tutela del Estado y procedentes de otras regiones fronterizas (fundamentalmente Canarias) pasaban a ser responsabilidad de la administración autonómica en el momento en que el que se constataba que, en realidad, eran menores de edad. Las comunidades son competentes en la atención a estos menores y reciben para ello financiación del Estado. Sin embargo, la Junta se queja de que, por esta vía, se está asumiendo la tutela de niños y adolescentes por encima de las posibilidades de la Junta, que tiene sus propios servicios al límite de capacidad y sin que vengan acompañados de la financiación extraordinaria a la que el Estado se comprometió con las comunidades que acojan menores ante el colapso de los servicios canarios.
Normalmente son las entidades que trabajan con el Estado las que avisan de que existen sospechas de que algunos de los jóvenes acogidos en los centros concertados son menores de edad, momento en el que interviene la Fiscalía que ordena la realización de pruebas biométricas.
En el último año y medio habrían entrado en Andalucía un total de 567 migrantes menores dentro de los grupos de adultos que el Estado distribuye por todo el territorio para aliviar la presión sobre Canarias.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado, en un encuentro informativo abierto a los medios y organizado por el periódico Abc, que su gobierno presentará esta semana tres requerimientos dirigidos a los ministerios de Interior, Infancia e Inclusión "para que reconozcan y aporten la financiación para atender con dignidad a los 567 migrantes supuestamente adultos que han trasladado a Andalucía desde Canarias y que son menores".
"Andalucía defiende la solidaridad y la cooperación en un asunto que es muy sensible, con muchas aristas, pero necesitamos coordinación, planificación, liderazgo y la construcción de un reglamento que nos permita hacer una migración regulada, organizada y planificada", ha afirmado Juanma Moreno, que insiste en exigir un "equilibrio" en materia de inmigración.
El presidente de la Junta demanda una "política de Estado seria, rigurosa y consensuada" y avisa de que "no se debe confundir educación con ingenuidad ni moderación con debilidad".
Recursos propios
Andalucía se ha mostrado solidaria en el reparto de menores inmigrantes que han colapsado los dispositivos de Canarias o Ceuta. A lo largo de 2023, acogió a 36, a pesar de que inicialmente se le habían asignado 30, mientras que en 2022 atendió en sus centros a 38 menores inmigrantes procedentes de otras comunidades, ocho más de los previstos inicialmente.
La Junta cuenta con 645 plazas en 34 centros repartidos por las ocho provincias andaluzas al que destina cada año un presupuesto de unos 19 millones de euros. El Gobierno andaluz sostiene que estos centros están actualmente al 115% de su capacidad.