- Política El Gobierno de Juanma Moreno aprobará el lunes un plan de choque para construir 20.000 viviendas en Andalucía
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El Gobierno andaluz, que preside Juanma Moreno, ha aprobado este lunes un decreto ley de medidas urgentes con el objetivo de que se construyan unas 20.000 viviendas protegidas en los próximos cinco años. La receta para alcanzar esa meta incluye la liberalización de suelo, agilizar los trámites e implicar a ayuntamientos y promotores.
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha explicado que este decreto ley se enmarca en la futura Ley de Vivienda en la que está trabajando el Gobierno andaluz, que ha contrapuesto con la ley nacional aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha provocado el "colapso" del sector.
El primer paso del nuevo decreto ley es la ampliación de la oferta de suelo para vivienda protegida, mediante cambios de uso, densidad y edificabilidad en parcelas aptas para la edificación y que no requieren de obras urbanización. Así, se permitirá que los solares o edificios con uso como alojamiento turístico u oficinas se destinen a viviendas protegidas.
Además, se podrá aumentar la densidad de viviendas y edificabilidad en las parcelas residenciales si hay compromiso de que sean protegidas. En las parcelas para vivienda libre, se podrá incrementar un 20% la densidad de viviendas y su edificabilidad de manera proporcional. Mientras, en las parcelas para vivienda protegida, el incremento también podrá ser del 20% y la edificabilidad del 10%.
La Junta también permitirá edificar viviendas protegidas en las parcelas, sin necesidad de modificar los instrumentos de ordenación urbanística, siempre que se respeten una serie de límites que garantizan el equilibrio entre los usos residenciales y los equipamientos y la adecuada integración de las actuaciones en el entorno urbano.
Alquileres
La construcción de viviendas públicas en alquiler se podrá hacer, incluso, en parcelas de equipamientos, como ya establece la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista). Las fincas calificadas como equipamiento comunitario son aquellas parcelas que el planeamiento general reserva para implantar centros educativos, sanitarios, deportivos, culturales o religiosos, en función de las necesidades de la población existente o prevista para el futuro.
Dos años de plazo
Para agilizar los trámites, el decreto ley aprobado este lunes en Consejo de Gobierno establece que las licencias para los proyectos de vivienda deberán solicitarse en un plazo máximo de dos años y las viviendas deberán construirse en un plazo de tres años. Para ello, será necesario un acuerdo municipal en un plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del decreto para aplicar las medidas en función del desequilibrio entre demanda de suelo para vivienda protegida y la oferta disponible.
Los promotores
Las medidas impulsadas por la Junta buscan también la implicación de los promotores. La normativa prevé crear una bolsa de suelo, que se hará en colaboración con los municipios de más de 100.000 habitantes, para mostrar la disponibilidad existente para construir viviendas a precio asequible. Los ayuntamientos tendrán tres meses para informar de los suelos que tienen de reserva de vivienda protegida, así como las parcelas que son susceptibles de acoger este tipo de viviendas.
En paralelo, el promotor dispondrá un sistema ágil de convocatoria para selección de adjudicatarios de vivienda protegida, que se suma al registro de demandantes. Este sistema permite comenzar la precomercialización en caso de venta, para el acceso de los promotores a la financiación. Los ayuntamientos tendrán las competencias para desarrollar y simplificar más este procedimiento.