Los ocho vecinos del número 33 de la calle Relator de Sevilla, en el centro de la ciudad, se sienten rehenes de una disputa entre empresas. Pagaron unos 90.000 euros por la instalación de un ascensor que facilitara la vida de sus residentes, sobre todo, los tres que tenían serios problemas de movilidad. Las gestiones para tener acceso a las ayudas convocadas por la Junta de Andalucía comenzaron en 2019 y, a finales de 2021, se inició por fin la obra, que obligaba a reducir el ancho de la escalera para hacerle hueco al elevador. La subvención concedida por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, en base a su convocatoria de 2019 para la rehabilitación de edificios, fue de 36.177,91 euros.
Los trabajos se eternizaron porque la empresa encargada de la reforma, Grupo de Inversiones Praysa S.L., simultaneó varios proyectos y los operarios aparecían, trabajaban algunos días seguidos y volvían a desaparecer durante varias semanas, explica Elisa Portillo, que presidía la comunidad cuando se embarcó en el proyecto.
Por fin, en mayo de 2024, y después de una serie de incidencias que alargaron más de lo razonable los trabajos, la obra quedó concluida y el ascensor instalado. El elevador llegó a ponerse en funcionamiento mientras estuvo en pruebas. Sólo le faltaba el certificado que permite su utilización por parte de los vecinos, que llegaron a firmar un contrato de mantenimiento.
Pero OTIS Mobility, la empresa subcontratada por Praysa para suministrar y montar la cabina, se ha negado a emitir ese certificado porque Praysa no le ha abonado la instalación, pese a que la comunidad ha hecho frente a todos los pagos comprometidos. O sea, a día de hoy, el ascensor está totalmente instalado y pendiente sólo de legalización. Pero los vecinos no pueden usarlo. Por eso se sienten rehenes, porque el impago que alega OTIS no es achacable a ellos ni subsanable por su parte. "Cuando pedimos explicaciones a OTIS, nos dijeron que no teníamos un ascensor, sino mil kilos de hierro inmovilizados".
La comunidad, a través de un bufete de abogados, se dirigió a OTIS por burofax, para recordarle que "la puesta en funcionamiento del ascensor no puede estar condicionada a sus disputas económicas con Praysa". "La responsabilidad de garantizar la accesibilidad y seguridad del inmueble recae directamente en ustedes, como parte responsable de la instalación técnica. Su inacción podría constituir no solo una vulneración contractual con dicha empresa, sino también un acto de discriminación hacia las personas con discapacidad y mayores residentes en el edificio", detallaban en su escrito.
En su respuesta, OTIS reconocía que el bloqueo se debía a que Praysa no había pagado lo convenido, "estando a fecha de la presente pendiente de satisfacerse el 85% del precio pactado". En total, la deuda de Praysa con OTIS vinculada a la obra del número 33 de la calle Relator de Sevilla asciende a 20.170,50 euros. Explicaba, además, que no es ésta la única obra que esta constructora le debe a OTIS. Preguntada por EL MUNDO, la empresa ha recordado que no tiene ninguna relación contractual con los vecinos y, por tanto, sus reclamaciones deben dirigirse a la entidad que firmó con ellos un proyecto "llave en mano".
Praysa, por su lado, empezó dando largas y acabó por no responder a las reiteradas llamadas de los vecinos. La empresa, con una amplia experiencia en este tipo de proyectos, sí ha contestado a las preguntas de EL MUNDO, alegando un desacuerdo puntual sobre las cantidades reclamadas por OTIS que se iba a resolver en cuestión de días y comprometiéndose a liquidar el asunto antes de final del pasado mes de enero. Casi dos meses después de esa conversación, el conflicto no se ha resuelto y el ascensor lleva ya casi 11 meses parado.
Unos de los tres vecinos con problemas de movilidad que esperaban impacientes la instalación del ascensor, de 90 años, murió sin llegar a ver finalizadas las obras. Otro de ellos, Juan Francisco González, que vive en un 1º, de 62 años y en silla de ruedas, tiene una discapacidad del 65% derivada de una hemofilia que le provoca procesos hemorrágicos en las articulaciones. Se trata de una enfermedad degenerativa que avanza por brotes. Tiene prótesis de cadera y rodillas. Confiaba en que el ascensor que lleva años esperando le facilitara su día a día y le permitiera seguir viviendo de forma autónoma. Pero, de momento, se ha tenido que mudar a casa de su madre para poder entrar y salir a sus citas médicas.
También confiaba en seguir siendo independiente Elisa Portillo, vecina del segundo, operada de la espalda y de la rodilla. Pensaba que cuando la obra terminara se acabaría su calvario. "Los albañiles se presentaban sin avisar y, más de una vez, cuando estaba ya preparada para bajar con mi bastón, me encontraba la escalera bloqueada. He llegado a perder citas médicas porque no podía salir de casa. Actualmente, tiene que recurrir a amigos y familiares para que le ayuden a bajar la basura, por ejemplo, mientras el ascensor nuevo, que tiene incluso sus luces encendidas, sigue inmovilizado.
Los vecinos, desesperados, han anunciado que trasladarán lo ocurrido a la Junta de Andalucía para intentar frenar nuevas subvenciones a una empresa que incumple sus compromisos contractuales. Además, denunciarán ante los tribunales de justicia la situación.
La actual presidenta de la comunidad, Laura Hidalgo, subraya la indefensión y el sentimiento de haber sido estafados, pues consideran que Praysa ha actuado de mala fe, porque, en el último tramo de la obra, llegó a pedirles el último pago pendiente antes de la finalización. "Ahora ni siquiera podemos recurrir a otra empresa para que nos haga la certificación del ascensor". "Sabemos que hay otras comunidades con problemas similares, que no han abonado la totalidad de los pagos y pueden, de alguna forma, presionar a la empresa". Curiosamente, en Google aparece alguna reseña firmada supuestamente por un vecino de Relator, 33, en la que se elogia el buen hacer de Praysa en este proyecto. "Han publicado una reseña falsa", afirma categóricamente la presidenta de la comunidad: "Sabemos que Praysa sigue firmando nuevos contratos con comunidades y queremos alertar para que no se dejen engañar".