- Tribunales Conde-Pumpido maniobra para impedir que la Audiencia de Sevilla lleve su sentencia de los ERE a Europa
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Tres asociaciones de jueces consultadas por EL MUNDO han mostrado su sorpresa por la maniobra puesta en marcha por el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde Pumpido, para intentar evitar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre el caso de los ERE.
Tanto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria entre los jueces, como el Foro Judicial Independiente (FJI) y la asociación Francisco de Vitoria consideran que la Audiencia de Sevilla está legitimada para elevar una cuestión prejudicial ante el TJUE y recuerdan que el derecho de la Unión Europea tiene "primacía" sobre el de los países miembros. Como viene informando EL MUNDO, el tribunal que sentenció la pieza principal de los ERE quiere preguntar al TJUE si pudiera existir una colisión entre el derecho europeo y la doctrina impuesta por el Constitucional para anular buena parte de las condenas de los ERE. Esta consulta se realizará de forma previa a la revisión de las sentencias que ordenó el TC a la Audiencia de Sevilla.
Para el juez Alejandro González Mariscal de Gante, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la APM, este movimiento del presidente del TC resulta "tan innovador como contradictorio". Porque el TJUE se ha pronunciado ya en ocasiones anteriores dejando claro "la primacía del derecho europeo sobre los derechos nacionales de los países miembros". "El propio TC también ha reconocido su subordinación a lo que dicte el Tribunal de Justicia de la UE. Lo que está planteando, por tanto, el presidente del Constitucional es una idea peregrina. La consulta de la Audiencia de Sevilla tiene sentido si considera que la doctrina que pretende imponer el Tribunal Constitucional puede, de alguna forma, impedir que se penalice la corrupción, que es un asunto especialmente perseguido por el TJUE, y así está recogido en el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea". "Por tanto, más que un derecho de los jueces, es una obligación que tenemos si vemos que puede haber una colisión con el derecho europeo", apunta el magistrado.
"Y, desde luego, interpretar la cuestión planteada por la Audiencia de Sevilla como una suerte de desacato o subterfugio para no aplicar una sentencia del Tribunal Constitucional, eso sí que carece de sentido". "Todos los jueces españoles somos asimismo jueces de la Unión Europea y, por tanto, nuestra obligación es depurar el ordenamiento en todo lo que afecte al derecho de la Unión Europea. Por eso se plantean tantas cuestiones prejudiciales, porque es nuestra obligación cuando entendemos que puede darse un conflicto que, en este caso, puede ser grave, ya que siembra un precedente en la UE. Por tanto, hay que unificar la doctrina y eso es lo que ha planteado la Audiencia de Sevilla".
En la misma línea se ha pronunciado también, a preguntas de EL MUNDO, el juez Fernando Portillo Rodrigo, del Foro Judicial Independiente: "Cualquier juez nacional puede plantear al TJUE una cuestión prejudicial. Que el presidente del TC esté planteando impedírselo de alguna manera a la Audiencia de Sevilla es algo que Europa no va a permitir porque se desmoronaría toda la arquitectura jurídica de la UE, que es una unión de derecho, una unión jurídica. El TC no está por encima del derecho comunitario, como tantas veces ha expresado el TJUE, que ha realizado pronunciamientos contrarios a tribunales constitucionales con normalidad". "Lo que prima en nuestro ordenamiento jurídico es el derecho comunitario. El hecho de que se esté cuestionando causa sorpresa y sonrojo porque detrás de esa pretensión parece que hay algo más que una cuestión jurídica", ha afirmado el presidente del FJI.
Por último, el juez Sergio Oliva Parrilla, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), considera que la ley establece que "la independencia judicial debe ser respetada por todos, sean jueces o no". "En España, no cabe impartir instrucciones u órdenes directas desde un órgano a otro, salvo que por vía de un recurso se plantee el asunto. En todo caso, será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que en su momento se pronunciará sobre la procedencia o no de admitir a trámite una hipotética cuestión prejudicial".
EL MUNDO no ha conseguido contactar con la asociación Jueces para la Democracia, uno de cuyos fundadores fue el propio Conde-Pumpido. En cualquier caso, esta organización se pronunció el pasado 20 de febrero a través de un comunicado, expresando "su profunda preocupación" ante lo que considera una "campaña de presiones dirigidas contra el Tribunal Constitucional, sus integrantes y particularmente su presidente". En el mismo, recordaba que los nombramientos de sus magistradas y magistrados se han realizado "conforme a la Constitución, siguiendo procedimientos establecidos y respetados bajo gobiernos de distintas orientaciones políticas durante más de cuarenta años".
Defensas en los ERE apuntan que no hay mandato de la UE para desacatar al Constitucional
Algunos de los abogados defensores del caso de los ERE en Andalucía han apuntado este martes que "no existe ni existirá", a su juicio, el menor mandato comunitario de la UE que sugiera a jueces nacionales "desacatar" una orden del Tribunal Constitucional (TC) al declarar la nulidad por vulneración de un derecho fundamental.
Estas declaraciones se producen después de que el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, haya pedido un informe a los letrados de la corte de garantías para estudiar si la Audiencia de Sevilla puede elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por el caso de los ERE de Andalucía.
El tribunal sevillano cuestionó hace unos días que el amparo concedido por el Constitucional a condenados del caso ERE como los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán fuera del todo "compatible" con el derecho de la Unión Europea, y pidió opinión a las partes sobre si la corte de garantías se "extralimitó" e "invadió" ámbitos reservados a los jueces.
Una vez analizados los precedentes que se citan de aplicación, las defensas consultadas por EFE sostienen que es una cuestión jurídica que no tiene absolutamente nada que ver con el caso de los ERE.
A juicio de estas partes, la doctrina que se pretende citar como aplicable de manera impropia determina que los jueces de los Estados miembros pueden, antes de dictar sentencia, entender aplicable el ordenamiento comunitario como norma superior por el principio de supremacía y no aplicar por tanto un criterio interpretativo emanado del Constitucional.
Las defensas sostienen que este no es el caso de los ERE, donde la corte española de garantías declaró nula cerca de un 90 por cierto de la sentencia, una nulidad que -en opinión de esas partes- resulta "intocable" y sobre la que la Audiencia de Sevilla no tiene nada más que acatarla.
Por tanto, el tribunal sevillano no tendría margen de actuación ni libertad para cambiar lo ya resuelto en firme por el Constitucional.
En cambio, han continuado las fuentes, en el diez por cierto restante en el que el TC ha ordenado dictar nueva sentencia, la Audiencia sí sería libre de aplicar su criterio.
Las defensas apuntan incluso a que las acusaciones planteen una cuestión prejudicial en "una suerte de rebeldía o negativa" a acatar y cumplir lo que manda y ordena el Tribunal Constitucional.