- Medio ambiente La Fiscalía pide que se amplíe la investigación por los pozos en una finca de la Casa de Alba en el entorno de Doñana
La persecución del robo de agua subterránea en el entorno de Doñana ha puesto contra las cuerdas a cuatro de los hijos de la fallecida Cayetana Fits James Stuart, la popular duquesa de Alba. Luis, Cayetano, Eugenia y Alfonso Martínez de Irujo están al borde de ser imputados judicialmente por la extracción ilegal de agua, durante años, en una de las fincas de la familia, Aljóbar, ubicada en el término municipal de Aznalcázar, donde cultivan cítricos, sobre todo naranjas. La explotación agrícola tenía permiso para dos pozos de los que sacar el agua, pero utilizaron hasta nueve sin ningún tipo de permiso ni control, tal y como ha revelado la investigación que en los dos últimos años ha llevado a cabo el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.
Esta historia comienza en mayo de 2023, cuando dos jornaleros que habían trabajado durante años en Aljóbar denunciaron la existencia de pozos ilegales en la finca de los Alba. Primero alertaron a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que abrió un expediente, y luego pusieron sobre aviso la organización Ecologistas en Acción. Intervino a continuación la Fiscalía de Medio Ambiente y el Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor abrió una investigación penal por un presunto delito contra el medio ambiente por el que los cuatro hijos de Cayetana están a un paso de ser imputados.
Aunque hasta ahora se habían librado, la Fiscalía de Medio Ambiente les ha señalado esta semana al solicitar a la juez que impute no solo a la empresa que es titular de la finca, Eurotécnica Agraria, sino también a todos los miembros de su consejo de administración y ahí es donde entran Cayetano, Eugenia, Fernando y Alfonso. Los cuatro aparecen en el Registro Mercantil como consejeros de la sociedad familiar. A 7 de septiembre de 2021, según la información consultada por este periódico, Eugenia Martínez de Irujo era la presidenta del consejo de administración. Alfonso era consejero delegado y Cayetano y Fernando, consejeros. Además, figura en el órgano de dirección, también como consejero, Luis Martínez de Irujo Hohenloe Langenburg, nieto de la duquesa.
En el escrito, la fiscal del caso, Carmen Escudero, pide también que se acuerde una prórroga de la instrucción por seis meses -sería la segunda tras haberse prorrogado ya en octubre del año pasado- y hace especial hincapié en el "grave perjuicio para el medio natural" que ha supuesta "la extracción sistemática y de carácter industrial de agua" en la finca de los Alba "en una superficie muy extensa y mantenida durante muchos años".
Daños al ecosistema
Argumenta la fiscal que las pesquisas que se han llevado a cabo constatan esa gravedad de la actuación de los descendientes de Cayetana de Alba, en especial las averiguaciones de los agentes del Seprona cuyos resultados plasmaron en un extenso informe remitido al juzgado en diciembre del año pasado en el que llegaron a valorar el beneficio ilegalmente obtenido por los propietarios de Aljóbar en seis millones de euros. No solo eso, sino que, además, apuntaron al daño que las extracciones de agua subterránea pudieron provocar al frágil ecosistema del cercano Parque Nacional de Doñana.
En ese documento se detalla la explotación agrícola tenía permiso para utilizar dos pozos y extraer un volumen de agua de 606.500 metros cúbicos al año para una superficie total de 222 hectáreas distribuidas en tres parcelas de Aljóbar y concluyen que con ese agua no podrían haber garantizado el cultivo de cítricos al que se ha venido dedicando la explotación.
Resalta el informe que las extracciones derivaron en una sobreexplotación del acuífero del que sacaban el agua, conectado, a su vez, al acuífero Almonte-Marismas, uno de los que nutren a Doñana y habla de "daños importantes sobre el ecosistema, que pueden llegar a ser irreversibles". En total, los expertos de la Guardia Civil estimaron que en diez años se han extraído ilegalmente entre 3,8 y 6,6 hectómetros cúbicos de agua y valoraron el daño causado entre 6,1 y 6,5 millones de euros.
Por esta causa, ya declaró como investigado el pasado 20 de febrero Luis Martínez de Irujo Langenburg , que aseguró que los pozos no tenían contador y que no sabía cómo funcionaba la finca y, en su defensa, los Alba han presentado informes periciales desmintiendo los de la CHG y rechazando las conclusiones del Seprona. Llegaron a afirmar que, en realidad, sus extracciones de agua han contribuido a mejorar el acuífero.
La continuación del procedimiento está a expensas de un nuevo informe que el juez ha encargado a la Confederación del Guadalquivir y que ya debería estar en el juzgado. En su oficio, la fiscal le pide al magistrado que, además de las imputaciones a los Alba, recabe de la CHG todos los expedientes sancionadores contra Eurotécnicas Agrarias, que paralelamente pretende regularizar sus pozos por vía administrativa ahora.