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En lo más profundo de la comarca de Jiloca, a unos metros de Sierra Menera, la cadena montañosa que sirve de separación entre Castilla-La Mancha y Aragón, se encuentra Ojos Negros, uno de tantos pueblos pertenecientes a la provincia de Teruel que, con el paso de los años, se han convertido en cápsulas del tiempo en las que nada avanza ni se desarrolla, sino que se mantienen los recuerdos de etapas de bonanza.
Épocas en la que esta pequeña localidad representaba un referente nacional del sector minero, gracias a la presencia en la zona de la Compañía Minera de Sierra Menera (CMSM), una empresa dedicada a la extracción de hierro.
La entidad, fundada por los empresarios vascos Ramón de la Sota y Eduardo Aznar de la Sota en el año 1900, se instaló tanto en la mencionada localidad turolense como en Setiles (Guadalajara), donde en menos de 15 años se hicieron responsables del 10% de la producción nacional.
La Compañía Minera de Sierra Menera llegó a controlar hasta el 10% de la producción nacional de hierro en el siglo XX
La empresa cogió arraigo en la zona con proyectos transformadores enfocados a mejorar la producción y la calidad de vida de sus empleados. Así, pese a estar situados a escasos 15 kilómetros del ferrocarril, las elevadas tarifas impuestas por la Compañía del Ferrocarril Central de Aragón para su utilización llevaron a los empresarios a construir su propia vía, con 205 kilómetros de longitud, para conectar Ojos Negros con la localidad valenciana de Sagunto. Además, este proyecto incluyó la creación de un muelle, enfocado a facilitar sus exportaciones, sobre el que se acabaría desarrollando el municipio de Puerto de Sagunto.
Por otro lado, en esa búsqueda por aportar las mejores condiciones labores, invirtieron en la construcción de un conjunto de viviendas anexo a la zona de la mina, al que dotaron de hotel, cine y hasta de un casino, lo que era una gran revolución en la España de principios del siglo XX.
Con todo ello, la Compañía Minera de Sierra Menera llegó a ser declarada de interés nacional por el régimen de Franco en 1954 y desarrolló importantes expansiones por Europa y Estados Unidos. Todo hasta el cese de la actividad de Altos Hornos del Mediterráneo, que provocó el cierre de la compañía por impagos y el principio del declive de una localidad completamente dependiente de ella como era Ojos Negros, que pasó de rozar los 3.000 habitantes a no superar los 400 en tan solo 40 años.
"Fuimos un pueblo referente en Teruel y casi en toda España, pero ahora parece que se han olvidado de nosotros. No entiendo muy bien por qué y desconozco que haya un motivo oculto, pero Ojos Negros necesita atención, alguien debe darse cuenta de que estamos aquí y de que vamos a morir como pueblo", expresa a EL MUNDO su alcalde, Rafael Esteban (PSOE). Por ello, aprovecha esta entrevista para reclamar la vuelta de la industria o la llegada de algún proyecto que sirva de torniquete a la sangría poblacional. "Creo no estoy pidiendo ninguna locura", sentencia con desesperanza.
Reconversión industrial
El fin de la prosperidad en una localidad como Ojos Negros no se dio por mera casualidad, sino que su caso fue consecuencia de la reconversión industrial ejecutada por el Gobierno de Felipe González en su primera legislatura y que estaba orientada a facilitar la convergencia en el mercado de la oferta y la demanda en sectores en crisis, o al menos eso era lo que se prometía.
Tras el fin de la Transición y el fracaso del golpe de Estado del 23-F, España era un país que quería mirar hacia adelante y entrar a todas luces en el sistema económico europeo. Para ello, Felipe González debía adaptar los sectores estratégicos del país a las condiciones impuestas por la Comunidad Económica Europea, lo que implicaba la aceptación del Tratado de la CECA, cuyo objetivo era el establecimiento de un mercado común en condiciones de libre competencia entre los países miembros.
Los planes de reconversión industrial de Felipe González provocaron el despido de más de 80.000 trabajadores
Así, amparado en el argumento de la modernización y el progreso, el Gobierno comenzó a cerrar industrias en ciudades como Vigo, Ferrol, Sagunto o Gijón, lo que provocó el despido de más de 80.000 trabajadores, que se vieron obligados a derivar al sector de los servicios, a la construcción o, directamente, a pasar los lunes al sol. Estos ceses provocaron una fuerte respuesta sindical en todo el país, con enfrentamientos entre sindicalistas y los cuerpos de seguridad del Estado, que reprimieron con dureza las manifestaciones.
"La reconversión fue en gran medida una obligación ineludible. El sector público no podía absorber las deudas de esas compañías medio quebradas y seguir sufragando sus pérdidas indefinidamente. Ningún país puede permitirse el lujo de una política industrial de carácter vertical, que trate de dar supervivencia a aquellas actividades que no tienen un futuro muy claro. Era una condición indispensable para la entrada en la Unión Europea, lo que ha acabado contribuyendo muy positivamente al desarrollo y al avance de nuestro país", explicaba el ministro de Economía de aquella época, Carlos Solchaga, en una entrevista publicada por el Diario de Sevilla en 2014.
Expansión de Monreal del Campo
Las manifestaciones sindicales también llegaron a la comarca de Jiloca ante el cierre de la Compañía Minera de Sierra Menera, donde los mineros alcanzaron un acuerdo con el Gobierno de España para mantener al menos un proyecto industrial en la zona. Así, en 1990, la compañía PYRSA, dedicada a la fundición de acero y la fabricación de piezas y rodajes metálicos destinados al mercado de la minería, se instaló en la localidad de Monreal del Campo, a escasos kilómetros de Ojos Negros.
Ese cambio de centro industrial, según explica su alcalde Mario Latorre (PP), "se produjo tras una votación realizada por los antiguos trabajadores de la empresa, que decidieron mudarse a nuestro pueblo porque muchos eran de aquí, además de que tenemos muy buenas condiciones de conectividad al servir como punto de conexión entre Teruel y Zaragoza". La llegada de la entidad, que en la actualidad cuenta con 400 trabajadores, fue "como si nos hubiese tocado la lotería", ya que en la actualidad son uno de los pocos municipios de la provincia de Teruel que no pierde población.
Centralización comarcal
La muerte de Ojos Negros y el ascenso de una de las cabeceras de la comarca de Jiloca como es Monreal del Campo lleva a varios alcaldes de la zona a denunciar un interés por centralizar los servicios y el desarrollo en unos determinados municipios, obviando el futuro de otros.
"Da la sensación de que a nadie le importa que desaparezcamos o de que quieren que asumamos que no podemos ser nada más que una segunda residencia para los que vienen de las ciudades. Sea el Gobierno de España o el autonómico, deben pensar que aquí vive gente mayor que no necesita que le vendan comida o tener un bar para tomarse un cortado", expresa Esteban.
Un sentimiento que se extiende a otras localidades cercanas como Caminreal, donde también han perdido un elevado porcentaje en el número de habitantes (de 1.600 en la década de los 50 a los 600 actuales) tras el cierre de su estación de tren. Su alcalde, Joaquín Romero (PP), recuerda que "esto era un hervidero de gente todos los días, los obreros iban de aquí a Valencia o a Zaragoza y también había quien trabajaba en las instalaciones de la estación. Éramos un gran pueblo, pero ya no queda nada de eso". Ahora en este municipio turolense esperan la llegada de proyectos como un museo del ferrocarril o la salida adelante del Corredor Cantábrico-Mediterráneo; es decir, "algo que dé riqueza y que atraiga a gente nueva".
Por su parte, Joaquín Juste, presidente de la Diputación Provincial de Teruel, defiende que ese proceso de comarcalización iniciado en Aragón buscaba "asegurar que en todos los territorios de la provincia hubiera al menos un pueblo con todos los servicios, para evitar que la población se fuese a vivir a las grandes ciudades". Sin embargo, reconoce que se ha derivado hacia una centralización comarcal, que solo se podría solucionar con "una mayor publicidad de los pueblos, la mejora de la conectividad y su reivindicación como alternativa real a las ciudades, especialmente por el bajo precio de la vivienda".
Los pueblos reclaman los 60 millones del FITE
La provincia de Teruel cuenta con un fondo de inversiones, conocido como FITE, con el que la Administración General del Estado y el Gobierno de Aragón colaboran, a partes iguales, con el fin de corregir los desequilibrios económicos y territoriales existentes en el territorio.
Este capital, equivalente a 60 millones de euros, aportado por las instituciones, ha permitido el desarrollo de proyectos de gran envergadura que son los buques insignia de la zona, como el parque de Dinópolis, el circuito de Motorland o el propio aeropuerto de Teruel, en el que, entre otras actividades, se configuran los motores del cohete español Miura.
Sin embargo, los alcaldes de Caminreal y Ojos Negros denuncian dificultades a la hora de recibir su parte de los ingresos por no encontrar los proyectos adecuados para ello, cuando el FITE establece en sus bases que estará destinado a aportar "ayudas para infraestructuras públicas en localidades de las comarcas mineras".
El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, explica a EL MUNDO que "la dotación de estos ingresos está centrada en el desarrollo de proyectos estratégicos que puedan servir de motor económico para la provincia", como los que han sido mencionados anteriormente.
El problema, reconoce Juste, "es que no hay tantos proyectos de esta índole", por lo que se dedica a otros sectores que "un año pueden ser la vivienda y otro, instalaciones deportivas", así que, en función de cuál sea el elegido, "tendrán acceso a los ingresos unos pueblos u otros".