- Aragón El Gobierno de Aragón y Vox logran pactar sobre Sanidad mientras mantienen paralizada la negociación presupuestaria
- Política Vox reclama a Azcón que acepte sus ideas en una declaración "solemne" para dar comienzo a la negociación de los presupuestos
El Gobierno de Aragón no realizará una declaración "solemne" aceptando el ideario de Vox, como hiciera Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana, para sacar adelante los presupuestos del año 2025. Así lo ha expresado el consejero de Hacienda del Ejecutivo autonómico, Roberto Bérmudez de Castro, en respuesta a la petición lanzada por el portavoz nacional de la formación de extrema derecha, José Antonio Fuster, para iniciar una negociación que posibilitase la aprobación de las cuentas.
"Aragón ha sido la comunidad autónoma más contundente a la hora de mostrar su rechazo al reparto de menores migrantes y, en cuanto al Pacto Verde, nosotros no tenemos tasas relacionadas con él; lo único que hay son impuestos a las fotovoltaicas y a las eólicas que fueron apoyados por Vox en las Cortes y, pese a que también hay medidas que perjudican al campo aragonés, pienso que no hay que demonizar todo", ha expresado. Además, en ese sentido, Bermúdez de Castro ha querido diferenciar "la política que se hace desde dentro de la M-30 con la que se hace para afuera", porque "es muy diferente como ven la realidad de Aragón desde Madrid a como la vemos nosotros".
Con todo ello, la negociación de los presupuestos está "verde como el campo después de la lluvia de los últimos días" y no hay atisbos de que las conversaciones se hayan intensificado en los últimos días, ya que el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones en materia sanitaria "no tiene nada que ver".
Reparto de menores migrantes
Sobre el reparto de migrantes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo por el que el Gobierno de Aragón impugnó el requerimiento de facilitar los datos relativos a las plazas y ocupación de los centros de menores que había efectuado el Ministerio de Juventud e Infancia.
La presentación del escrito de interposición permitió al Ejecutivo de Jorge Azcón ser el único en toda España que no aportó el dato del número de menores acompañados que tiene en acogida, lo que se ampara en la propia solicitud de suspensión cautelar recogida en el recurso al Real Decreto que presentó ante el Tribunal Constitucional.
Desde Delegación de Gobierno, donde consideran que esta actitud es "sonrojante y bochornosa", estiman que el número de plazas ocupadas sea de 197, cuando la capacidad ordinaria tendría que rondar las 400. Un dato aportado por Fernando Beltrán en una entrevista en la SER que ha sorprendido a Bermúdez de Castro, quien considera que esa cifra "no es asumible, porque los centros están saturados". Así, ha pedido al delegado del Gobierno en Aragón que "se ponga en nuestro lugar, porque, aunque entiendo que tiene que hacer su papel, es muy fácil dar cifras y luego irse a su despacho y pensar en otras cosas".
10.000 millones más para financiación autonómica
En otro orden de cosas, el consejero de Hacienda del Ejecutivo aragonés ha presentado las alegaciones que la comunidad hará a la definición de la población ajustada en el sistema de financiación autonómica, en la que añade la petición de un mínimo de 10.000 millones de euros para las regiones y la creación de un fondo de nivelación de otros 300 millones anuales que sirva para sostener el coste de los servicios hasta que se llegue a un acuerdo para la renovación.
Una serie de reivindicaciones que se sustentan en la infrafinanciación de 560 millones de euros detectada por la Cámara de Cuentas, y con las que pretende ajustar las variables específicas, incluyendo la despoblación y la orografía junto al envejecimiento, la dispersión o la superficie. Una serie de factores correctores que Aragón desea que tengan un peso del 5% en el sistema, en contra del 4% que plantea Hacienda.
En cuanto al resto de la ponderación, que supone el 95% de la financiación, Bermúdez de Castro reclama que la sanidad tenga un valor entre un 43% y un 45% (con preferencia para el rango alto), la educación entre 19% y 20,5% (con preferencia para el rango bajo) y los servicios sociales entre el 10% y el 12% (con preferencia para el rango alto). Para el resto de los servicios, Aragón propone que tengan un pese situado entre el 16% y el 18%.
Además, el consejero ha criticado el trato dado por la ministra María Jesús Montero a Aragón, situándola como la excepción a la relación de "respeto institucional" que existe entre el Gobierno autonómico y el central. "Con otros ministros como Óscar Puente u Óscar López podemos tener conversaciones fluidas, pero ella no se ha dignado a cogerme el teléfono, solo me responde por escrito y le tuve que decir que cortara esa forma de comunicación porque no somos una pareja de novios que no para de enviarse cartas. Deberíamos mantener una reunión presencial para abordar estos asuntos que son de extrema importancia".