- El vídeo. Así fue la bronca en la que Le Senne rompió las fotografías.
- Reacciones. El PP salva el cargo del presidente del Parlament de Vox con su abstención
La Fiscalía no considera que el presidente del Parlamento balear, Gabriel Le Senne (Vox), cometiera un delito de odio al rasgar una fotografía de tres mujeres represaliadas y asesinadas en la Guerra Civil que una diputada socialista exhibía en su escaño mientras se debatía la derogación de la Ley de Memoria.
El fiscal que ha analizado la denuncia presentada por entidades memorialistas ha pedido el archivo de la causa abierta en el juzgado de Instrucción 1 de Palma. Una denuncia por la que Le Senne llegó a tener que declarar como investigado, negando que en aquel incidente, por el que pidió disculpas, le hubiera movido el odio o la animadversión a las víctimas, sino el afán por mantener la neutralidad de la Mesa del Parlament, donde se exhibía la imagen.
El todavía presidente de la Cámara siempre ha defendido que fue un acto accidental que cometió al cerrar la tapa del ordenador donde estaba adherida la fotografía. Y que actuó para mantener el orden institucional tras la provocación de las diputadas.
Los hechos tuvieron lugar el pasado 18 de junio, en el transcurso de una sesión plenaria que Le Senne presidía.
En el escrito de petición de archivo, al que ha tenido acceso EL MUNDO, el fiscal delegado de Delitos de Odio y Discriminación en Baleares, José Díaz Cappa, argumenta para solicitar el sobreseimiento provisional que tras la práctica de la instrucción no han quedado suficientemente acreditados los elementos para enmarcar los hechos en la tipificación de del delito de odio.
"No queda acreditado", señala el fiscal, "que la rotura de la fotografía obedeciera a una intención de lesionar la dignidad y la memoria de las personas representadas o sus familias, ya fuere en su consideración de víctimas del franquismo o por los posicionamientos políticos que representaban"
Tampoco se ha probado una "motivación discriminatoria por parte del investigado", dice el representante del Ministerio Público.
Crítica pero no delito
El fiscal considera en todo caso que es "absolutamente entendible socialmente el sentimiento de rechazo e indignación" de los familiares de las personas representadas en las fotografías por lo sucedido y "manifiestamente criticable la acción del investigado", pero que, a su juicio, no consta acreditado que la reacción de Le Senne, "inusitada y fuera de lugar" de agarrar y romper posteriormente, incluso de forma airada, la fotografía, respondiera a una voluntad de lesionar su dignidad ni a una motivación discriminatoria.
El escrito del fiscal sostiene que la reacción del presidente de la Cámara autonómica vino motivada por el hecho de que las diputadas del PSOE Pilar Costa y Mercedes Garrido, miembros de la Mesa, no atendieran sus indicaciones. Le Senne les pidió en reiteradas ocasiones que retiraran la imagen.
Para el fiscal, una vez analizadas las declaraciones en instrucción y los vídeos de aquella sesión parlamentaria no ha quedado acreditado el dolo - la intencionalidad- que debe darse en el tipo subjetivo del delito de odio, en este caso, "la voluntad de lesionar la dignidad y la memoria de las mujeres víctimas de la represión franquista y que se veían representadas en la fotografía y la de sus actuales familiares", ni tampoco que todo ello obedeciera a una motivación discriminatoria.
"Acto colérico"
Para el fiscal Díaz Cappa aquel fue "un acto colérico de mala praxis y formas sin duda incorrectas" por parte del investigado mediante una acción absolutamente desafortunada y desproporcionada "ajena al mínimo decoro parlamentario y al puesto ejercido", pero evidenciando más bien una reacción, fuera de lugar, que expresaba su fuerte enojo ante el incumplimiento por parte de las parlamentarias de las órdenes que el investigado impartía reiteradamente. Unas instrucciones para no poner o quitar la fotografía y que el investigado consideraba que formaban parte de sus atribuciones como presidente de la cámara.
La propia Garrido, detalla el fiscal, admitió en su declaración que el político de Vox y presidente del Parlament le llamó al orden en varias ocasiones y le alertó de las consecuencias que tendría ignorar su petición.
El representante del Ministerio Público recuerda en su escrito que el propio Le Senne reconoció que romper la fotografía fue inapropiado y aseguró que entendía que las familias se pudieran sentir molestas, por lo que pidió disculpas.
El fiscal argumenta igualmente su petición de sobreseimiento en el hecho de que ni en los momentos previos al hecho de romper la fotografía, ni mientras tiene lugar este "inadmisible hecho", ni inmediatamente después, el investigado profiriera descalificaciones o insultos o efectuase cualquier otro acto revelador de una voluntad clara de humillar o discriminar.
Las acusaciones, ejercidas por los colectivos Memòria de Mallorca, Estimada Aurora, el Partido Comunista y familiares de las víctimas, consideraban que había argumentos para sentar en el banquillo a Gabriel Le Senne al creer que actuó movido por motivos ideológicos.
Tras el escrito del fiscal, deberá ser el juez instructor el que decida qué camino toma la denuncia.