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Oriol Junqueras considera que ya ha llegado el momento de obtener rédito de haberse apartado de la foto del acuerdo de investidura entre ERC y el PSC. Su dimisión como presidente el pasado junio, tras la debacle electoral en las autonómicas del 12-M, dejó a los republicanos en manos de su secretaria general, Marta Rovira, a la hora de encauzar las negociaciones con los socialistas que, finalmente, llevaron a Salvador Illa al Palau de la Generalitat.
Pero quien había liderado el partido durante los últimos 13 años no decía adiós de forma definitiva, sino que anunció que tomaba impulso para optar a repetir de nuevo en el cargo a partir del 30 de noviembre, fecha del congreso extraordinario convocado por Esquerra para zanjar su crisis. Con este paso al lado temporal, Junqueras conseguía no verse salpicado por la decisión más importante para el partido en los últimos años: avalar o no a un presidente socialista poniendo fin a una década de Gobiernos independentistas.
La patata caliente pasó a la número dos de la formación, quien primeramente dirigió las conversaciones desde Suiza, donde permanecía huida de la Justicia española desde el año 2018, y después ya desde Cataluña, una vez la causa judicial de Tsunami Democràtic, investigada en la Audiencia Nacional, fue archivada en julio por un defecto de forma.
Junqueras, pues, se siente liberado de cualquier señalamiento a ERC desde el independentismo por su aproximación al PSC y también de las críticas internas entre los militantes contrarios al pacto, que en la votación del preacuerdo en agosto alcanzaron el 45%. «No quise interferir, pero había muchas razones para votar que no a aquel pacto», dijo ayer en una entrevista en Rac1, en la que recordó que, dos días antes de la consulta a las bases, expresó que «entendía las dudas» que suscitaba «entre muchos compañeros» tanto su contenido como «el cumplimiento del texto por parte del PSC y del PSOE».
Cuota de solidaridad
En este sentido, en previsión de que la financiación singular para Cataluña, el elemento nuclear del documento firmado por socialistas y republicanos, pudiera descarrilar, Junqueras ha decidido tomar distancia. «Hay algunos elementos positivos en el pacto, pero también hay otros elementos de incertidumbre que condicionan su resultado», dijo. Y, en concreto, se refirió a la cuota de solidaridad que la Generalitat debería abonar a las arcas estatales una vez implementado el concierto económico. «¿Cómo será de grande?», se preguntó.
El documento sellado para la investidura de Illa contempla que la Hacienda autonómica sea la encargada de recaudar ya la totalidad del IRPF en 2026, algo que Junqueras cree que únicamente será posible si la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), que hoy cuenta con cerca de 900 empleados, incorpora a «una buena parte» de los trabajadores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la región, unos 4.500.
Junqueras, además, se apuntó el tanto de haber dado el primer paso hacia el concierto catalán al reivindicar que, cuando él era vicepresidente del Govern y consejero de Economía (2016-2017), la ATC «triplicó su personal». «Es una obviedad que los registros de la Guardia Civil del 20 de septiembre de 2017 fueron en los edificios del Departamento de Economía y Hacienda y no en otras consejerías», remachó.