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La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobará hoy investigar la imposición de multas lingüísticas contra los propietarios de comercios afincados en Cataluña que son perseguidos por la Generalitat por no rotular en catalán sus negocios.
A instancias del PP, la Comisión abordará la reclamación que un particular afectado por la política de sanciones del Gobierno catalán hizo llegar al organismo en 2017. Fuentes comunitarias consultadas por este diario dan por hecho que los populares lograrán reunir la mayoría necesaria para que el ente dependiente del Parlamento Europeo analice la política punitiva de la Generalitat, como hizo en 2023 con el sistema de inmersión lingüística del Govern.
Basándose en la reclamación del peticionario catalán, el PP insta a la Comisión de Peticiones a velar por «la libertad lingüística de los ciudadanos y empresas frente a las políticas de imposición, sanción y multa del nacionalismo catalán» con el objetivo de «poner fin a su política lingüística de carácter represivo de monolingüismo en catalán y exclusión del castellano en el ámbito del comercio, la empresa y las relaciones entre entidades y personas privadas», así como de «terminar con las sanciones derivadas de dicha política».
«Cataluña es el único territorio del mundo en que los ciudadanos no pueden elegir libremente en qué lengua oficial rotulan su comercio», sostiene la resolución que hoy se somete a votación, para después subrayar que «el respeto de la diversidad lingüística y cultural es una de las piedras angulares de la Unión Europea» y que el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión «prohíbe expresamente toda discriminación por razón de lengua».
La Ley 22/2010, que desarrolla el Código de Consumo de Cataluña, y que fue aprobada durante el tripartito liderado por el socialista José Montilla, prevé sanciones para los comerciantes de hasta 10.000 euros por «vulnerar los derechos lingüísticos de las personas consumidoras o por incumplir las obligaciones en materia lingüística». Lo que, en la práctica, supone multarlos si no usan al menos el catalán en la rotulación exterior, las facturas, la información dirigida a los clientes o la publicidad.
Desde el año 2022, tal y como también referencia la iniciativa que hoy se debate en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, estas multas pueden canjearse por cursos de conocimiento del catalán. Pero ello no impide que lleven imponiéndose desde hace más de una década. Empezó a hacerlo el PSC para contentar a ERC, continuaron los Gobiernos independentistas de Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès. Y ha tomado el relevo el socialista Salvador Illa, que cuenta con un consejero de Política Lingüística, Francesc Vila, que formó parte del Govern de ERC en la pasada legislatura.
Según los datos de la Agencia Catalana de Comsumo, hasta noviembre de 2024 se habían impuesto en Cataluña 189 sanciones por razones lingüísticas por un importe global de 384.000 euros, mientras que en 2023 la Generalitat impuso 261 multas por un valor global de 496.920 euros.
Si hoy se abordará en la Comisión de Peticiones la política sancionadora de la Generalitat por motivos lingüísticos, mañana, su presidente, el polaco Bogdan Rzonca, perteneciente al grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, recibirá a Ana Losada, la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), quien le solicitó audiencia para denunciar que el Govern de Illa está incumpliendo las recomendaciones efectuadas por el ente comunitario para acabar con la inmersión y lograr que el castellano y el catalán reciban un trato «igualitario» en las escuelas de Cataluña. En la reunión también estará presente la estonia Yana Toom, que presidía el ente comunitario cuando en 2023 una misión de eurodiputados se desplazó a Cataluña para comprobar in situ las consecuencias del sistema monolingüe que sigue rigiendo en los colegios de Cataluña.
Tal y como reveló EL MUNDO el pasado enero, la Generalitat engañó a la Comisión de Peticiones al enviar una misiva firmada por su consejera de Educación, Esther Niubó, en la que aseguraba que el Departamento de Educación de la Generalitat «ejecuta las sentencias judiciales respecto al uso de las lenguas oficiales». La aserción choca con lo ocurrido con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a impartir un 25% de clases en español en todas las escuelas de Cataluña y que fue ratificada por el Tribunal Supremo en 2021. Entonces, la Consejería de Educación del Govern de ERC evitó ejecutar el fallo judicial. En lugar de hacerlo, aprobó una ley para sortear la sentencia y mantener el sistema monolingüe en catalán, que contó con el apoyo del PSC, además de otro decreto para blindar su maniobra.