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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado los recursos de la Generalitat que pedían revocar la obligación de impartir, como mínimo, un 25% de horas lectivas en español en 12 escuelas. Los jueces desoyen los argumentos del anterior Ejecutivo de Esquerra Republicana, que esgrimía la "imposibilidad legal" de aplicar esa cuota con el marco legal autonómico vigente, que señala explícitamente la "inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y uso de lenguas".
La Generalitat se escudaba en la doble normativa aprobada a mediados de 2022 como respuesta a la sentencia firme que obligaba a impartir al menos una asignatura no lingüística en castellano en las aulas. El Tribunal Constitucional tiene aún pendiente resolver la constitucionalidad de las dos leyes con las que el Govern de Pere Aragonès esquivó la orden judicial: el decreto ley que vetaba la fijación de cuotas en la enseñanza y que fue posteriormente validado en el Parlament por ERC, Junts per Catalunya y En Comú Podem, y una ley parlamentaria para ratificar la vehicularidad del catalán que contó con el apoyo de tres estos partidos más el PSC. Este segundo texto legal señala que el castellano debe tener "una presencia adecuada en los currículos y proyectos educativos", pero sin más concreción.
En sus recursos de casación, el Ejecutivo autonómico consideraba también que, al referirse a "materia troncal o análoga", los fallos judiciales infringen el decreto ley de septiembre de ese mismo año, de ordenación de las enseñanzas de la educación básica, por la "inexistencia" de ese término en su articulado.
La sentencia del 25%
En diciembre de 2020, el TSJC instó a todos los centros educativos catalanes a cumplir con el porcentaje del 25% de horas lectivas en castellano al considerar que el uso de esta lengua era "residual". Casi un año después, una providencia del Tribunal Supremo rechazó el recurso de la Generalitat contra aquella sentencia, lo que llevó a que el alto tribunal catalán dictara la firmeza de su fallo en enero de 2022.
La consiguiente respuesta legislativa del Govern fue recurrida ante el Constitucional, de forma conjunta, por el PP y Ciudadanos y además el propio TSJC presentó una cuestión de inconstitucionalidad al observar un posible "fraude de ley". También lo hizo Vox, pero su escrito fue rechazado por el TC al llegar fuera de plazo. Se espera que el tribunal de garantías emita en los próximos meses su sentencia sobre la normativa autonómica creada hace casi tres años para blindar el sistema de inmersión lingüística en catalán.
Mientras, la Justicia sigue resolviendo casos de forma particular, ya que el Tribunal Superior señaló que ese marco normativo no afectaba "de forma automática" a las resoluciones judiciales previas que habían dictaminado aplicar el 25% de castellano. En sentencias posteriores, el TSJC evitó referirse a ese porcentaje de horas lectivas en español y lo reemplazó por "asignatura principal".