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El presidente de la patronal autonómica valenciana, Salvador Navarro, pedía ayer «unidad» política para hacer frente a la milmillonaria reconstrucción de Valencia tras la dana. Lo hacía, además, en un auditorio plagado de empresarios y con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, sentados en primera fila. Ambos tuvieron que escuchar las palabras de Navarro reclamando dejar de lado «enfrentamientos estériles» entre el Gobierno de España y el valenciano. Sin embargo, la ruptura entre ambas administraciones ha llegado a tal punto que no hay ningún canal de comunicación abierto entre ambas.
Todos los puentes están rotos, como lo demuestra el hecho de que la Generalitat desconocía hasta ayer los términos de la solicitud del Fondo de Solidaridad que formalizó este lunes el Ministerio de Hacienda ante la Comisión Europea. Así lo admitieron a este diario fuentes del Gobierno autonómico, que reconocieron que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se puso en contacto con la Consejería valenciana de Hacienda a finales de diciembre para recabar información de cara a la valoración de daños.
Ahora bien, a partir de ahí, el mutismo por parte del Ministerio de María Jesús Montero ha sido total, según lamentan en el Palau de la Generalitat. Según se asegura desde Presidencia y Hacienda de la Generalitat, en las últimas semanas se había estado preguntando al Gobierno qué documentación se remitiría finalmente a Bruselas. No se obtuvo más respuesta que el silencio.
«No sabemos nada», resumía ayer un alto cargo de la Generalitat, prácticamente a la misma hora que el Ministerio confirmaba la presentación formal de toda la documentación para acogerse al mecanismo europeo. Tanto desde la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana como desde el Ministerio de Economía evitaron pronunciarse ayer a preguntas de este diario.
La cifra formal de 4.404 millones de euros financiables que ayer trasladó Hacienda a Bruselas no ha sido, por tanto, consensuada con el Gobierno de Mazón. «Nosotros enviamos la información pero no sabemos si la han incluido o no. No nos han dicho nada», insistían desde el Gobierno valenciano. Ni siquiera estaba al corriente de las gestiones el vicepresidente segundo de la Generalitat para la Reconstrucción, el teniente general Francisco José Gan Pampols.
Fuentes de su departamento confirmaron que sigue sin haber fecha para la primera reunión con el comisionado del Gobierno de España para la Reconstrucción, José María Ángel. Es decir, los dos máximos responsables de los trabajos de recuperación tras la dana no se han sentado todavía.
La falta de comunicación por parte del Gobierno central es si cabe más relevante si se atiende a los gastos susceptibles de ser financiados. A saber: cubrir el restablecimiento de las infraestructuras básicas, como la energía, el agua, la sanidad y la educación; alojamientos temporales y costes de los servicios de urgencias para cubrir las necesidades inmediatas; seguridad de las infraestructuras de prevención; medidas de protección del patrimonio cultural; y operaciones de limpieza. Esto es, actuaciones muy relevantes y en las que la información de la comunidad autónoma es fundamental.
En cuanto a la cifra que finalmente recibirá el Gobierno, ésta no serán los 4.400 millones sino que el dato final se estimará a partir de ese número y a partir de la aplicación de unos umbrales tras la comprobación de la UE. De hecho, el Fondo está dotado con mucho menos que esa cantidad: hasta 1.500 millones de euros anuales a repartir entre todos los países de la Unión Europea que han sufrido un desastre natural.
«Una vez remitida toda la información, se inicia un proceso en el que la Comisión Europea analizará y evaluará la documentación y finalmente asignará el importe de la ayuda que le corresponde a España. La subvención debe ser aprobada posteriormente por el Consejo y el Parlamento de la UE. Una vez que los créditos están disponibles, la Comisión firma un acuerdo con el Estado beneficiario y proporciona la subvención. Todo este proceso es relativamente largo y puede durar varios meses», explicó ayer Hacienda. Según el histórico de este mecanismo, en desastres con un gasto estimado similar la financiación ha rondado los 200 millones, mientras que en inundaciones como las de Alemania en 2021 el dato llegó hasta los 600 millones, aunque con unas estimaciones igualmente mucho más elevadas.
En la petición del Fondo de Solidaridad, además de la falta de colaboración con la Generalitat, también se ha producido una cierta desinformación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó ya a principios de noviembre que el Ejecutivo había solicitado la ayuda, pero la realidad es que, como desveló la pasada semana la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y después confirmó la propia Comisión Europea, la petición no se había completado. No se hizo hasta ayer, un día antes de que se cumpliese el plazo máximo, algo que por otra parte es habitual para tratar así de realizar la estimación más completa de los daños financiables.