Las 570.000 familias con escolares en los centros públicos y concertados de la Comunidad Valenciana podrán elegir a partir de este martes si quieren que la lengua base de los estudios sea el valenciano o el castellano. Ni los recursos judiciales ni la división en las comunidades educativas ni los pronunciamientos académicos en contra van a evitarlo. Como se comprometió el Partido Popular y recogió en la Ley de Libertad Educativa con el apoyo de Vox, serán las familias las que decidan la lengua.
La consulta se celebrará vía telemática desde este martes 25 de febrero al martes 4 de marzo pese a que el Tribunal Constitucional admitió a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que la ampara sin considerar que fue necesario suspenderla cautelarmente. En esa misma línea se pronunció ayer de nuevo la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) denegando también la suspensión cautelar solicitada por Acció Cultural del País Valencià y Famílies pel Valencià, junto a varios particulares, porque entre otras razones jurídicas no crean sus efectos "daño o perjuicio de imposible o difícil reparación". Es decir, que la consulta, en caso de estimarse la inconstitucionalidad de la Ley, tendría marcha atrás.
Los criterios jurídicos la avalan, pero no así los académicos. El profesorado del Departamento de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de València (UV) ha mostrado su "rechazo frontal" a la consulta por considerar que transmite la idea de que las lenguas son instrumentos de "diferenciación, división y segregación" ni un "tesoro cultural que debe ser amado y protegido, y cuyo acceso y conocimiento han de garantizarse a todo el alumnado".
"Desde el punto de vista científico, no hay razón alguna para diferenciar al alumnado en función de su lengua. De hecho, siempre que se garantice una exposición rica y significativa a los idiomas -especialmente necesaria en el caso de lenguas que viven una situación de minorización y pérdida de usos, como el valenciano— la didáctica avanza hacia modelos de enseñanza multilingüe, no hacia la separación de los idiomas en compartimentos estancos e incomunicados", explican en un comunicado.
Entienden además, que la división por lenguas altera la vida de los centros desde el punto de vista pedagógico, organizativo y de convivencia. Desde su punto de vista, relega a un segundo plano la posibilidad de "mantener un maestro o maestra de referencia, realizar desdoblamientos, reagrupamientos y cambios de grupo según criterios pedagógicos, o incluso la oferta de ciertas asignaturas optativas en los institutos de educación secundaria".
Los expertos ponen en foco en los bancos de libros -que la Generalitat asegura que están garantizados- y en la imposibilidad garantizar que los grupos sean "representativos de la diversidad cultural, identitaria y de aprendizajes".
El proceso ha vuelto a dividir a las comunidades escolares y ha provocado numerosas protestas por parte de algunos sectores de la comunidad educativa y de partidos políticos, que estiman una intención de "marginar el valenciano en las aulas".
Para el Gobierno de Mazón, según explicó el conseller de Educación, José Antonio Rovira, el modelo que determinará la lengua base es "equilibrado y completamente democrático" y acusó a "todos los movimientos de izquierdas" de estar "en contra del castellano".
La Conselleria se ha regido en garante de la libertad en la consulta después de que colectivos como Escuela de Todos y Hablamos español denunciaran presiones a favor del valenciano en los centros y eso llevó al conseller a enviar una carta muy criticada a los padres. En ella pide la participación, pero desliza argumentos con carga ideológica como que la motivación de la consulta es "la preocupación por el descenso del uso del valenciano, un hecho que pretendemos revertir con un cambio de paradigma: de la imposición a la promoción".
Políticos del PP, a favor el valenciano, criticados
La división por la lengua que ha reverdecido esta consulta ha salpicado a la política. El presidente de la Diputación de Valencia y del PP en la provincia, Vicent Mompó, se manifestó hace unos días a favor de la libertad de elección de los padres, pero también del valenciano. "Elegir el valenciano no perjudica a ninguna de nuestras dos lenguas oficiales, sino que simplemente permitirá garantizar a nuestros hijos hablar las dos lenguas", aseguró.
Esas palabras provocaron el airado reproche del portavoz en las Cortes de Vox, José María Llanos. "Es vergonzoso q habiendo conseguido libertad para los padres, entre VOX y PP, para elegir por fin la lengua vehicular de sus hijos, este señor se ponga a dar consejos, o lecciones. Cállate! La libertad no la regalas tú; es ADN de VOX", publicó en la red social X.
La principal duda que provoca la consulta es cómo garantizará Educación que se respeta la elección de las familias, dado que los resultados se adoptarán por mayoría. El único compromiso es que "la Conselleria va a realizar la planificación educativa teniendo en cuenta la voluntad de cada una de las familias", pero reconoce que no siempre será posible al admitir que, en el caso de las zonas castellanoparlantes donde haya demanda de grupos en valenciano, "se estudiará cada caso de manera individual" y "se propondrá la habilitación de unidades para satisfacer esta elección de las familias", aseguró el director general de Ordenación Educativa y Política Lingüística, Ignacio Martínez.