La magistrada del juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja que investiga la gestión de la dana reitera en un nuevo auto que considera "inexplicable la ausencia de respuesta" por parte de la Generalitat el 29 de octubre y la "ausencia de avisos a la población" cuando las llamadas recogidas en el 112 indican que conocían "perfectamente que el barranco se había desbordado a su paso por Chiva".
Insiste la juez en esta tesis en un auto en repuesta a la petición de aclaración que realizaron los abogados del ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, para determinar con precisión dónde y en qué circunstancias murieron las víctimas y, sobre todo, que se aclare "qué comportamiento, qué hechos u omisiones" recogidos en el Código Penal le son atribuibles.
No aclara la magistrada este extremo y considera recogido ya en el sumario lo referente a las víctimas, pero sigue defendiendo la declaración de Argüeso como imputado ante la falta de avisos a la población "en cualquier lugar donde pudieran encontrarse, en la calle, en el trabajo, de camino a casa en sus coches, en los domicilios o en residencias de la tercera edad" porque "es inexplicable" dada la "ingente información de que se disponía por la Administración autonómica, la Aemet, el 112, la CHJ y los medios de comunicación".
Para ejemplificarlo recoge los audios de las llamadas al 112 que hizo uno de los hijos de una mujer personada en la causa por el fallecimiento de su marido y otros dos hijos. "Dichos audios tienen una doble importancia, muestran el padecimiento que sufrió ella, a quien nadie alertó y confirman que la Administración Autonómica, competente en materia de protección civil, a través del 112 Comunidad Valenciana, conocía perfectamente que el barranco se había desbordado a su paso por el término de Chiva, con tal intensidad que finalmente tres miembros de una misma familia acabaron pereciendo".
Fue este hombre quien primero alertó de que no podían salir de la casa, junto al barranco. "Se han quedado atrapados dentro de la casa, si salen se los lleva el río". Y dice una y otra vez: "Es de Chiva, es de Chiva, pertenece a Chiva". Relata en su llamada al 112 que detrás de la casa hay un río "que se ha llenado y corre el agua un montón y no pueden salir de la casa". "No, que les llega el agua por la mitad de la altura de la mesa y no pueden salir"; "No, no, no se los está llevando el río, están dentro de la calle, están que no pueden salir ni nada."
A la pregunta de los técnicos de si hay algún riesgo o peligro contesta: "Sí, de que se ahoguen, si salen de la casa se los lleva el río." Repite: "está inundado, están inundados".
En una segunda llamada dice nuevamente que sus padres de 70 y 74 años y dos hermanos están atrapados y que la vivienda está en un barranco. Cuando se le pregunta si el agua les llega por encima de la rodilla, contesta: "Sí, por encima de la mesa del comedor" "un metro, un metro y medio". Desde el 112 se le pregunta si la casa tiene dos plantas o solo una. En la tercera llamada, el hombre insiste en que a su madre le llega el agua por el cuello: "Se están ahogando mis padres en el chalet".
Sus tías también llamaron pidiendo un helicóptero, detallando que había una familia que se está ahogando y que el río se ha desbordado, con personas enganchadas a una ventana. Todas esas llamadas se producen entre las 17:10, la primera del hijo y a las 17:30 la última. Las hermanas llamaron tres veces: las 17:31, a las 17:39 y a las 17:51 horas. Finalmente, la mujer salvó la vida, pero la perdieron sus dos hijos y su marido.
A partir de estos testimonios, la juez insiste en su tesis inicial de que la alerta fue tardía y que había información suficiente para haber lanzado avisos previos al Es-Alert a las 20:11.
Fuente de la Generalitat aseguran tras conocer el auto de la magistrada que ninguna de las agencias responsables de la información que asegura en el auto permitían conocer que el barranco se estaba desbordando, la Aemet, la CHJ y el 112, "transmitieron nada al Cecopi de sus propios datos al respecto durante toda la tarde". En este caso, se cuestionan sobre se debió ser la Administración autonómica la que interpretara los datos que poseían agencias como la Aemet y la CHJ en lugar de sus propios representantes.