El Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo en la Comunidad Valenciana, no podrá investigar la gestión de la dana por el proceso penal abierto en el juzgado de Catarroja, pero defiende que hubiera sido materia de análisis de la institución que representa porque "hay responsabilidades que incumben a autoridades autonómicas claramente". Ángel Luna tampoco dudó en reconocer que el pasado 29 de octubre hubo un "fracaso" de las administraciones a la hora de "garantizar la protección del derecho a la vida" y que la ha quedado demostrada una "falta de colaboración, coordinación y cooperación" que puede acabar afectando a la reconstrucción.
Luna hizo estas reflexiones este martes en las Cortes Valencianas tras hacer entrega a la presidenta Llanos Massó del Informe Anual del ejercicio 2024, marcado en su tramo final por las consecuencias de la dana.
Luna advirtió acerca de las "condiciones difíciles" en las que se moverá la reconstrucción por el clima de "polarización política" que está "enconando" las relaciones entre los dirigentes políticos de diferentes administraciones en la Comunidad Valenciana. "Cuando no se saluda con el vecino, difícilmente se va a colaborar con él", ejemplificó.
De lo que no tiene dudas es de quién fue la responsabilidad de la toma de decisiones. "Corresponde a la Generalitat la dirección del mismo en situaciones de emergencia 0, 1 y 2", según indicó que recoge el Plan Territorial de Emergencias de la Generalitat, que contempla también que la dirección la ejerce "la persona titular de la conselleria" de este ramo, que es "a quien corresponde determinar la información que debe facilitarse a la población en relación a la situación de emergencia", insistió Luna, que considera que no hay lugar a interpretaciones como la que ha hecho ante la jueza la ex conselleria de Interior, Salomé Pradas, que traslada parte de la responsabilidad de al toma de decisiones a la delegada del Gobierno. "El mencionado plan establece que el comité de dirección estará integrado por un representante de la Generalitat y por uno del Estado y a continuación dice que el representante de la Generalitat en el Cecopi actuará en calidad de director del plan siempre y cuando no se declare de interés nacional. Como dicen los clásicos, in claris non fit interpretatio (en lo que está claro no cabe interpretación)", sentenció.
Si en la toma de decisión fue tajante con respecto a la responsabilidad de la Generalitat, en la gestión posterior reparte culpas. "Nos hemos dotado de un Estado compuesto, de un Estado autonómico compuesto con competencias a diferentes niveles. Y si en un Estado compuesto no hay colaboración, es un fracaso porque no hay otra alternativa. O colaboración o fracaso. Y el fracaso lo están empezando a tener los ciudadanos de manera muy clara", asegura.
Ese fracaso genera "desafección" y requiere de un esfuerzo "por sentarse a hablar y trabajar juntos". "Yo no lo estoy viendo (...) y ahí están todas las administraciones, todas tienen que trabajar sobre todo en una situación de catástrofe", lamentó.
El origen lo tiene claro: "la deriva y la confrontación que estamos viviendo no solo en nuestro país en los últimos años". "Lo primero en lo que hay que pensar en situaciones de catástrofe es en colaborar, no en establecer relaciones tensas y difíciles. Hay que reconstruir los comportamientos políticos de la gente que está al frente de las instituciones o tendremos muy mala salida. Reconstrucción, sí; y reconstrucción de los comportamientos políticos, también", sentenció.
Para Luna, la dana ha puesto en evidencia las debilidades de la Administración. "La capacidad de protección de las personas y bienes es uno de los elementos que caracterizan y diferencian un Estado y una administración avanzada, desarrollada y moderna de un Estado y una administración antigua e incapaz de proteger a sus ciudadanos ante una situación de catástrofe. No cabe duda de que, con la dana, nosotros no hemos pasado la prueba. No podemos presumir de estar entre los Estados avanzados que reaccionan de manera preventiva y eficaz", argumentó