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El saharaui Alí Hamou llegó el pasado 9 de septiembre al aeropuerto de Barajas, en Madrid. Su vuelo, que había partido desde Marrakech, hacía escala de camino a Cuba, que le había concedido un visado para viajar. Pero él no pretendía cruzar el charco y aterrizar en el país caribeño. Al bajarse del avión en Madrid, Alí, que es sordomudo y asegura que padece leucemia, explicó en el control de pasaportes que quería solicitar asilo en España por su condición de activista saharaui y para ser tratado por médicos locales, ya que desde niño ha pasado por varios tratamientos para su enfermedad. Días después de su llegada a España, recibió la denegación de asilo. Alí pidió un reestudio de su caso con la ayuda de su abogada, pero la respuesta volvió a ser la misma: denegado. Está a la espera de que el Ministerio del Interior le deporte.
En ese mismo vuelo en el que Alí voló hasta Madrid lo hicieron también Errabab Ben Yahia, nacida en 1995 en El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental, su marido y la hija de ambos. La cría se llama Aziza y tiene año y medio. Madre e hija se encuentran desde entonces en la sala de asilo de la Terminal 1 de Barajas. Allí, desde hace un par de semanas, aguardan siete mujeres de origen saharaui y los hijos de algunas de ellas.
El padre de Aziza, en cambio, está en un recinto equivalente en la Terminal 4 del aeropuerto, junto a otros 24 saharauis solicitantes de asilo como él y su familia. En total, esta semana había 37, aunque uno de ellos, tras la denegación del estatus de asiliado, decidió volverse a los territorios ocupados. A otros, como los dos de la foto con la bandera del Sáhara, se les denegó en un primer momento, aunque luego la Jefatura de Fronteras admitió a trámite su solicitud de asilo.
«Estoy muy mal. Físicamente, muy débil», le dice Errabab a Crónica justo en el momento en el que recibe el documento de contestación al recurso que presentó tras serle rechazado el asilo por primera vez.
«Lo mismo. Denegado», se lamenta por teléfono esta madre de 29 años. «He sufrido un aborto estando aquí. Mi niña también tiene problemas de salud. No es justo. España debería escuchar siempre a la causa saharaui, como hacía antes». Desde su llegada a Barajas, Errabab comenzó a quejarse de fuertes y constantes dolores en la espalda y en la barriga. El 12 de septiembre, tras pasar tres días en la sala de solicitantes de asilo del aeropuerto, el dolor se agudizó. Sufrió varios sangrados vaginales muy abundantes. Dos agentes de Policía la llevaron al centro médico de Barajas. Allí la derivaron al hospital madrileño de La Paz.
INTERIOR NIEGA EL ABORTO EN UNA SALA DE ASILO
Según cuenta la joven, los médicos le dijeron que estaba embarazada de un mes y que había abortado. El Ministerio del Interior niega que se haya producido un aborto en las salas de asilo de Barajas. En cambio, la activista prosaharaui y abogada española Cristina Martínez Benítez de Lugo, que está en contacto con la madre de Errabab, asegura que a la chica incluso le practicaron un legrado. «Lo que se está haciendo con esta gente no tiene nombre», asegura la letrada.
Los sangrados de Errabab ya no son su principal miedo. Su hija tiene la cara llena de picaduras. Se focalizan alrededor de la comisura de los labios. También en las muñecas. Su madre las atribuye a picaduras de chinches. La niña, además, ha pasado varios días con fiebre alta. Parece tener un resfriado severo, con vómitos y tos severa.
El Defensor del Pueblo pidió en enero a los ministerios de Migraciones y de Interior, y a AENA, que respeten los derechos en las salas de asilo de Barajas. En concreto, señaló distintas carencias. «Es necesario que se facilite una alimentación adaptada (...) a menores de edad, mujeres embarazadas y personas con tratamientos médicos», señaló un informe de esta institución. «Las instalaciones no cuentan con los servicios mínimos para la atención específica que requieren los menores de edad. La zona de juegos situada en el exterior se encuentra fuera de uso», añadió. El Defensor pidió también aumentar el personal destinado a la asistencia social «de forma que quede garantizada su utilización por los menores de edad».
Errabab se queja de las condiciones en las que se encuentran ella y su niña. Dice que no son las únicas. «Hay más niños igual, con sus cuerpitos llenos de picaduras de chinches. El trato que se nos está dando es degradante. Marruecos nos persigue, pero España nos desprecia», señala por teléfono, gracias a la mediación de otro saharaui, desde esa sala de la que no le permiten salir.
Aicha, la madre de Errabab, reside en Francia, aunque ahora, tras viajar hasta Madrid en tren, echa día y noche en Barajas a la espera de saber el futuro de su hija, su nieta y su yerno. Duerme en el suelo del aeropuerto, tirada sobre una manta. Aicha también tuvo que abandonar el Sáhara. Lo hizo hace tres años. Era, como su hija, activista política. Ambas participaban en manifestaciones contra «la ocupación marroquí» y eran hostigadas por las fuerzas policiales del reino. «Mi madre tuvo que marchar porque no aguantaba más. Si a mí y a mi familia nos deportan, no sé que hará Marruecos con nosotros. A los saharauis nos meten en prisión sólo por manifestarnos. Se inventan delitos para encerrarnos. Tanto yo como quienes estamos aquí hacemos responsable a España de lo que nos pase y de lo que Marruecos nos pueda hacer», afirma.
El cantante saharaui Mohamed A. Issa es otro de los solicitantes de asilo que todavía se encuentran en Barajas. Las letras de sus canciones protestan por la situación de su pueblo a causa de Marruecos. Nació en El Aaiún hace 32 años. Llegó a Barajas en otro vuelo con escala en Madrid, el pasado 13 de septiembre. Su abogada, Fatma Fadel, asegura que las autoridades marroquíes lo quieren detener y encarcelar, aunque él ya conoce lo que es una prisión marroquí. Sin embargo, el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, le ha denegado la petición de asilo. Mohamed se encuentra desesperado. Ha iniciado una huelga de hambre junto a otros saharauis de Barajas.
«Las letras de sus canciones son revolucionarias. Entre los saharauis es una celebridad. Pero Marruecos ya le ha prohibido cantar en público. Incluso no le deja hacerlo en bodas o en celebraciones similares. Le impide trabajar. Ya ha estado en prisión y teme volver si España no le da asilo. Su familia también está perseguida y es hostigada. Él es un perseguido político. España debería entenderlo y darle protección», denuncia la citada abogada.
«HAY UNA DECISIÓN PREMEDITADA DEL GOBIERNO»
Nohayla comparte sala de asilo con Errabab desde el 20 de septiembre. Esta chica de 20 años llegó a Barajas junto a su hermana y su sobrino, de sólo 15 meses. También se define como activista saharaui. Dice que sale a la calle con frecuencia en contra «de la ocupación marroquí». Como consecuencia de ello, asegura que las fuerzas policiales del monarca Mohamed VI les detienen, les pegan... Tiene a sus padres en Francia y a un hermano en España. Quiere marchar del Sáhara como ellos.
Nohayla cuenta, como Errabab, que su sobrino tiene picaduras de chinches en las piernas y la cabeza. Como todos los saharauis que han ido solicitando asilo en las últimas semanas, a Nohayla también le han denegado la petición. Asegura que las condiciones en las que se encuentran «dejan mucho que desear». «La comida es mala. No hay habitaciones suficientes para todos los solicitantes de asilo, ya que hay gente que no sólo procede del Sáhara. Algunos están durmiendo en el suelo sobre colchones. Tampoco hay ropa de ducha ni geles».
La abogada Fatma Fadel ejerce la representación de cinco de los saharauis que se encuentran en Barajas. La letrada es muy crítica con la decisión del Ejecutivo español. «Es muy extraño que de 37 solicitudes ni una sólo sea aprobada», denuncia. «No se están valorando las pruebas ni los relatos. Hay una decisión premeditada de denegarlo todo de manera generalizada. Esto es una cuestión política del Gobierno más que jurídica. Pedro Sánchez cede a los intereses de Marruecos. Pero le exigimos que su Gobierno valore las solicitudes caso por caso».
La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (Afapredesa) denuncia que más de 45o saharauis se encuentran en paradero desconocido y otros 43 continúan como «presos políticos» en distintas cárceles marroquíes. Al menos nueve de ellos pasarán el resto de sus vidas entre rejas. Sus familias aseguran que se les condenó por su etnia de origen.
20 proceden de El Aaiún, la capital del Estado que llevan reclamando desde que Marruecos se quedó con parte del territorio del Sáhara Occidental. Se trata de la ciudad donde se les persigue con más intensidad. Vivir en ella y significarse como saharaui es su condena.
Sus barrios, como Matala, se han convertido en guetos. Se les impide manifestarse, relacionarse con extranjeros o trabajar en la pujante industria pesquera de la zona. En ocasiones, a los activistas se les intervienen los teléfonos, se les persigue, se les corta el agua, se les lanzan vertidos putrefactos por las cañerías o se les detiene mientras caminan por la calle bajo acusaciones de estar conspirando.
En 2022, cuatro saharauis fueron encarcelados por celebrar la victoria de Argelia en la final de la Copa Árabe o por manifestarse en favor de una activista hostigada por Marruecos, Sultana Khaya, que llevaba más de un año en arresto domiciliario y quien denunció haber sido violada por fuerzas policiales marroquíes. Recibieron penas de uno a cuatro años de cárcel. En cambio, según denuncian sus familiares, Marruecos enmascaró sus delitos entre altercados públicos o en agresiones a sus cuerpos policiales.
Desde el 18 de marzo de 2022, a los saharauis se les antoja más lejano ese sueño de un Estado independiente. El presidente español, Pedro Sánchez, aceptó por carta que los territorios ocupados del Sáhara Occidental, antigua colonia española, se conformen como una autonomía bajo soberanía de Marruecos, obviando, de facto, el referendo de autodeterminación que Naciones Unidas exige desde hace tres décadas.
«UN AGUJERO NEGRO EN EL MUNDO»
Abdeslam Omar Lahsen es presidente de Afapredesa, el colectivo de apoyo a los presos saharauis. Él mismo pasó por una prisión marroquí. Denuncia a Crónica que aquel acuerdo entre España y Marruecos dio «carta blanca a Mohamed VI para seguir masacrando a la población saharaui y perpetuar su acción criminal contra ella». Asegura que «la fachada democrática de Marruecos [entre los países árabes] es falsa» y señala que se trata de «un Estado feudal» con un poder represor omnímodo. «Tenemos un agujero negro en el mapa del mundo y nadie hace nada. Lo más oscuro de él son sus prisiones. Pedro Sánchez y sus ministros tratan a los saharauis como si no existiéramos».
La situación de los solicitantes de asilo saharauis en el aeropuerto de Madrid ha revelado nuevas grietas en el Gobierno de coalición. El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, reclama a Interior que rectifique y subraya que las deportaciones no cuentan con el respaldo del socio minoritario del Ejecutivo. Deben ser «atendidas de urgencia», dijo. «Los riesgos de su regreso a Marruecos son suficientemente graves para que reciban protección internacional por parte de nuestro país».
El drama saharaui se ha trasladado a Barajas estos días. Rachida es una de las solicitantes de asilo a las que el Gobierno prevé deportar. La mujer cuenta, también por teléfono, que es tía de un chico que fue condenado a 12 años de prisión por pertenecer a un grupo estudiantil universitario que organizaba actos de propaganda saharaui en Marrakech y Agadir. Ella, que es funcionaria en una empresa pública marroqui, dice que perdió su empleo después de intentar visitar a su sobrino en prisión. Los gendarmes se lo impidieron y la arrestaron 24 horas. «Marruecos asfixia a los saharauis. Ahora también con la complicidad de España», sentencia.