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En una de sus últimas intervenciones públicas, Alejandro Arcos, de 43 años, aparecía en un vídeo diciendo que, «cuando ya no esté en la Tierra», le gustaría que le recordaran «como un promotor de la paz, del desarrollo, de la felicidad». «Es a lo que aspiro en esta ciudad», añadía. Por ese tiempo era candidato a la alcaldía de Chilpancingo, la segunda ciudad del estado mexicano de Guerrero. Supera los 283.000 habitantes.
Alejandro Arcos acabó haciéndose con la alcaldía de su ciudad. Por el camino, asesinados por el narco, perdió a dos de sus asesores. Uno de ellos era Francisco Gonzalo Tapia, su hombre de confianza y secretario general del Ayuntamiento. Arcos dijo que recibía las dos muertes como una «amenaza» para quien quiera luchar contra el crimen organizado, como hacía él. El pasado domingo, el cuerpo del regidor apareció descuartizado en un coche. La cabeza, fuera del vehículo, se posaba sobre el techo del automóvil. Adentro, en el asiento del copiloto, dejaron el resto del cadáver cubierto con una sábana. La camioneta estaba aparcada afuera de un hotel cerca de la carretera entre Chilpancingo y Tixtl.
Arcos, candidato del PRI y opositor al oficialista Morena, le arrebató el poder al partido más grande de México gracias al rechazo de los votantes a su antecesora en la alcaldía, Norma Otilia Hernández, a quien acusaban de pactar con miembros del cártel Los Ardillos, algo que ella siempre negó.
El día que asumió el cargo, menos de una semana antes de que lo mataran, Arcos anunció un plan de seguridad llamado Blindaje Chilpancingo. Explicó que se basaba en contratar a más policías, adquirir más coches patrullas y fortalecer los sistemas de denuncia e investigación. También prometió que el 90% del municipio tendría alumbrado público. Con todo ello, la ciudad sería más segura, vaticinó.
Chilpancingo se ubica en Guerrero, un estado en la costa del Pacífico en el que se encuentra la ciudad turística de Acapulco, que ha sido durante décadas escenario de la violencia vinculada al crimen organizado.
Desde los años 90, esta es una zona de disputa entre cárteles ligados al narcotráfico. Hace tres décadas se disputaban su control el cártel de Sinaloa, la organización de tráfico de drogas más grande del planeta, y el de Los Zetas, pero desde hace alrededor de 20 años han proliferado otras organizaciones criminales y se ha fragmentado su poder territorial. Ahora, según por dónde uno se mueva, se encuentra en territorio de los Beltrán Leyva, la Familia Michoacana, los Ardillos, los Rojos, El cártel del Sur o Guerreros Unidos.
El asesinato de Alejandro Arcos llegó cinco días después de que la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asumiera el cargo. Entre los retos pendientes de la nueva mandataria está la necesidad de abordar la inseguridad del país, con casi 30.000 asesinatos al año y parte del territorio controlado por el crimen organizado. México tiene una tasa del 90% de impunidad.
De algún modo, el cadáver de Arcos era la bienvenida que los narcotraficantes y criminales del país le daban a su presidenta. Durante el sexenio presidencial de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, al menos 20 alcaldes y 70 diputados municipales fueron asesinados. Según la organización Causa Común, durante la pasada campaña de las elecciones generales al menos 37 candidatos a puestos de gobiernos locales fueron asesinados. 12 de ellos, en el estado de Guerrero. El salto, esta vez, viene dado con la representación que los autores del asesinato hicieron en la escena del crimen: una cabeza sobre el techo de un coche aparcado en mitad de una calle.
El narcotráfico ya había puesto el foco encima de las autoridades recién electas en las votaciones del junio pasado. Uno de sus blancos fue Ulises Hernández, capitán del Ejército. Su nombre se barajaba como próximo titular de Seguridad de Chilpancingo. Fue acribillado el pasado 27 de septiembre. Un comando armado alcanzó su vehículo y abrió fuego contra Hernández y su acompañante, una mujer de 35 años que también murió en el atentado.
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo el pasado martes, dos días después del macabro asesinato, que el alcalde de Chilpancingo había acudido a una reunión solo, «sin escoltas, ni chófer», al poblado de Petaquillas, en un barrio de la ciudad de influencia del grupo criminal Los Ardillos. El funcionario no ofreció más detalles sobre con quién mantuvo la reunión o si se había concretado.
Tras el asesinato de Arcos, la Iglesia mexicana envió un mensaje al Gobierno de Claudia Sheinbaum para alertar sobre la «violencia extrema» que se vive en el estado de Guerrero y la «situación alarmante» que atraviesa todo el país.
El pasado 25 de julio, bajo un sol abrasador, cuatro camionetas esperaban sobre la pista de aterrizaje la llegada de una avioneta blanca en el aeropuerto de Santa Teresa, un pequeño pueblo de poco más de 6.000 habitantes en la frontera entre EEUU y México, pero del lado estadounidense.
VUELO TRAMPA A ESTADOS UNIDOS
De la aeronave descendieron Joaquín Guzmán López, hijo de el Chapo Guzmán, e Ismael el Mayo Zambada, fundador y socio de el Chapo desde los inicios de la organización. Nunca se le había detenido. Aunque no existe confirmación oficial, se interpreta como una entrega a la justicia de EEUU de el Mayo tras haberle tendido una trampa elChapito.
Desde entonces, la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa, está viviendo una suerte de guerra civil en forma de tiroteos, secuestros, incendios... Aunque no existe una cifra oficial del saldo de esta contienda, se cifra en no menos de 50 los muertos y en 70 los secuestros.
La caída de el Mayo a manos de EEUU ha provocado un vacío de poder en el cártel de Sinaloa que, según los analistas que mejor conocen el crimen organizado de México, ha puesto a las dos facciones de la federación a luchar por su liderazgo. Son los mayos, hijos y aliados de Zambada, y los chapitos, hijos y cooperadores leales de Joaquín el Chapo Guzmán, también detenido en EEUU.
Mientras tanto, el Gobierno federal asume que no puede frenar la guerra. «Depende de los grupos antagónicos», señaló la Secretaría de la Defensa Nacional en boca del general de división Jesús Leana Ojeda. «Queremos que sea lo más rápidamente posible, pero no depende de nosotros», dijo. Pero, ¿hasta cuándo soporta México?