Óscar Sánchez Gil, ex jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, había creado un«sistema de protección» para los miembros de una red internacional de cocaína a gran escala, según un escrito de la Fiscalía Especial Antidroga.
A cambio de ese escudo aportado a sus «protegidos», como señala el fiscal, este agente presuntamente corrupto recibía «cuantiosas remuneraciones que, para enmascararlas», se vio obligado a «crear todo un complejo sistema de ocultación con creación de empresas, sociedades y utilización incluso de criptoactivos». El día que se le detuvo, a principios de noviembre de 2024, los investigadores le hallaron 20 millones de euros en efectivo que ocultaba entre las paredes de su casa. Desde entonces, Óscar Sánchez Gil se encuentra en prisión.
Medio año antes, el 10 de junio de 2024, el fiscal Francisco Javier Redondo López presentó una querella criminal ante la Audiencia Nacional en la que solicitaba, entre otras medidas, que se intervinieran las comunicaciones telefónicas del citado agente y las de su mujer -también investigada y también miembro de la Policía Nacional-, así como que se solicitara a las autoridades judiciales de Francia los datos de 13 usuarios de una aplicación encriptada llamada Sky Ecc. El fiscal pedía, además, el contenido de sus conversaciones (mensajes escritos, fotografías, audios...). El sistema de comunicaciones encriptadas Sky ECC es heredero del ya derrocado Encrochat, donde se descubrieron miles de planes y organizaciones criminales de toda Europa gracias al esfuerzo policial.
Mientras parte de las actuaciones de esa causa judicial que se instruye en la Audiencia Nacional siguen bajo secreto, EL MUNDO ha accedido al contenido de los mensajes intercambiados por los miembros de la organización en Sky Ecc. En ellos, el presunto jefe de ese clan de narcotraficantes, Ignacio T. D., apodado Gucci por los investigadores, da cuenta sin miedo y abiertamente de numerosos alijos, del precio al que comercia los kilos de cocaína una vez consigue introducirlos en España, de los puertos de Latinoamérica de los que parte la mercancía, de los puertos de destino aquí o de cómo va oculta la droga entre productos de alimentación: «De momento llegan verduras, zanahoria, calabaza y repollo, y plátano macho. Pronto vamos a volver a traer piña».
En esos mensajes también intercambia imágenes de aplicaciones donde podía seguir el recorrido y la ubicación de los buques de mercancías en los que iba su droga, de armas de fuego bañadas en oro o de placas de cocaína sin cortar con el distintivo de CR7.
«Si me pones con gente, que sea gente bien», le llega a decir en una ocasión a un interlocutor. «Que no sean ladrones ni tengamos problemas. Sólo te pido eso, que sea gente seria, que trabajemos bien. Lo que no queremos son problemas por ningún lado». En otro, explica cómo Óscar Sánchez Gil, presumiblemente, les ha salvado en una ocasión: «Si no es por mi amigo, se nos jode todo. Mi amigo lo controla todo, es lo bueno de tener la Aduana. Si no tuviéramos respaldo, estaríamos jodidos».
En otro audio habla de una reciente venta de cocaína, según entienden los investigadores. «La semana pasada vendí 77 kilos de la marca manzana. Para que veas. ¡Y porque no había más!».
Ignacio T. D. es el presunto cabecilla de la red de narcotráfico que estaría detrás del mayor alijo incautado en España hasta la fecha, y uno de los más grandes a nivel europeo. Se trata de las 13 toneladas de cocaína que iban escondidas entre bananas en un contenedor incautado en el puerto de Algeciras (Cádiz), en noviembre de 2024. La pureza de la droga era elevada, de un 91,1%.
El policía Óscar Sánchez Gil mantenía contacto fluido con Ignacio T. D. Ambos se reunían de manera frecuente. En sus mensajes a través de Sky Ecc, Gucci se refería a él en ocasiones como «Aduanas», aunque en otras directamente le decía «mi amigo». Según la causa que se instruye en el Juzgado Central número 1 de la Audiencia Nacional, Ignacio T. D. tenía en nómina al que fuera jefe de la UDEF en Madrid para garantizarse que no existiera una investigación policial sobre los contenedores que cargaba de cocaína.
En su escrito de junio del año pasado, el fiscal Redondo López pedía que se judicializara la investigación dado que solicitaba la intervención de las comunicaciones telefónicas de 13 personas, medida que «sólo puede ser acordada por la autoridad judicial».
En ese documento, el fiscal detallaba la función que cumplía dentro de la banda el ex jefe de la UDEF en Madrid: «Su colaboración se concretaba esencialmente en la realización de consultas en las bases de datos policiales para conocer y descartar la existencia de investigaciones sobre los miembros de la organización, introduciendo en esas bases policiales datos de personas, teléfonos, empresas y, sobre todo, de contenedores, con el objeto no de investigarlos realmente, sino de asegurarse de que no estaban siendo investigados por otras unidades policiales y, en caso de que lo fueran, avisar a los implicados».
La investigación ha desvelado que Óscar Sánchez Gil realizó numerosos ingresos en efectivo en cinco cuentas corrientes de su familia. Las diligencias policiales subrayan que el agente, pese a que no vio reducido su notable saldo en el banco, adquirió, entre otros bienes, un vehículo Range Rover, una plaza de garaje o un chalet en Denia (Alicante), al cual le hizo una reforma integral. Recientemente, los investigadores han sumado dos detenidos más a la causa.