- Sucesos Ruth Ortiz sobre el libro de Bretón que quiere que la Justicia frene: "El escritor ha sido la pluma del diablo"
- Literatura Anagrama suspende la distribución del libro en el que José Bretón reconoce haber asesinado a sus hijos tras la denuncia de Ruth Ortiz
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«Yo no he matado a mis hijos. Daría la vida por ellos». Es el 18 de junio de 2013 y esas palabras salen de boca de José Bretón en su declaración ante el juez que le acabará condenando por el asesinato de sus hijos, Ruth y José, de 6 y 2 años. Esa versión de los hechos, al menos en la luz pública, se mantendrá durante casi 12 años. Hasta ahora: en una conversación con Luisgé Martín que forma parte de su nuevo libro, El odio, Bretón reconoce por primera vez la autoría de esos crímenes y desata un torrente judicial.
La madre de los menores, Ruth Ortiz, ha denunciado la publicación del libro y pide su secuestro. Este miércoles, la Fiscalía de Córdoba abrió diligencias y pidió la paralización de la distribución del libro a la Fiscalía de Menores de Barcelona por ser la competente, que se hizo efectiva ayer. Unas horas antes, la editorial Anagrama ya había anunciado el freno temporal de El odio hasta que sus servicios jurídicos analicen el caso.
Y, de golpe, ha estallado un debate con ramificaciones jurídicas y culturales más profundas de lo que parece a primera vista. ¿Es lícito que un condenado como Bretón haga esas declaraciones desde la cárcel? ¿Hay base legal para secuestrar el libro con el consiguiente daño a la libertad de expresión? ¿Se extendería este caso al fenómeno de los true crime que arrasan tanto en las librerías como en las plataformas de streaming? ¿Y existen precedentes que ayuden a aclarar la situación?
Si se empieza por el final, sí hay casos llamativos. Por ejemplo, el narco Laureano Oubiña consiguió que Netflix tuviera que retirar una escena de sexo con su mujer de la serie de ficción Fariña por atentar contra su honor. Antes, un juez había permitido el secuestro temporal del libro Fariña por una denuncia del ex alcalde de O Grove, aunque luego el veto fue levantado.
Más casos. Sin necesidad de llegar a los tribunales, la madre de Gabriel Cruz movilizó a la opinión pública para frenar la producción de un true crime sobre el asesinato de su hijo en el que iba a aparecer la asesina Ana Julia Quezada. El año pasado un juzgado prohibió que se volvieran a mostrar los cuerpos sin vida de los marqueses de Urquijo tras una denuncia de su hija por la emisión de la miniserie Caso Urquijo en Atresmedia. Y, estos días, Rosa Peral se encuentra en mitad de un juicio en el que solicita 29 millones a Netflix por una escena en la que ella aparece cubierta de sangre en la serie El cuerpo en llamas mientras su hija la observa.
«Lo más lógico, atendiendo a la situación actual de la jurisprudencia y al interés público informativo que sigue suscitando el caso, es que prevalezca la libertad de expresión e información», expone el abogado Carles Vendrell, socio del despacho Uría Menéndez. «En España aún no hay una posición clara en los tribunales sobre estos casos motivados por el auge del true crime, pero es posible que cuando se establezca una nueva jurisprudencia sea más sensible hacia las víctimas. La libertad de expresión e información tiende a prevalecer ahora mismo, pero es un caso con un importante componente social y sentimental, en el que no puede descartarse que se intente proteger los intereses de las víctimas frente al interés general en ver publicada una obra de investigación».
Las sentencias judiciales tienden a hacer prevalecer esa libertad de expresión o creación frente al derecho a la memoria de los menores o a la intimidad familiar: en este caso, la de la madre. Sin embargo, la reforma en 2010 de la Ley 1/1982 que regula la protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen estableció que el uso por parte de un condenado en sentencia firme de sus delitos para «conseguir notoriedad pública» o «provecho económico» suponiendo esto un «menoscabo de la dignidad de las víctimas» será penado. Precisamente ese cambio en la norma se produjo con el caso de Marta del Castillo y el boicot popular a una entrevista en Telecinco a la madre de su presunto asesino. Esta circunstancia podría aplicarse ahora al libro de Luisgé Martín, que ha ejercido como director de discursos de Pedro Sánchez y director del Instituto Cervantes en Los Ángeles.
«El derecho a la libertad de expresión debe ser el que prevalezca salvo que los hechos sean muy explícitos o puedan atentar contra la víctima por escabrosos», detalla Javier Moreno, socio de Dikei Abogados. «Aquí el hecho diferencial es que el condenado cobre un protagonismo en el relato. Los true crime están amparados por la libertad de expresión y de creación, pero también existen líneas rojas. En este caso, porque se puede establecer que José Bretón está buscando una notoriedad», confirma Ibán Díez, abogado de Menta Legal. Y completa Mabel Klimt, socia directora del despacho Elzaburu: «Es un caso muy similar al del niño Gabriel Cruz, pero ahí se bloqueó la producción antes. Nadie quiere que este señor se convierta en una celebrity. Además aquí hay una particularidad respecto a otros casos: se puede entender que el condenado trata de obtener un beneficio público».
A diferencia de lo que ha pasado con algunos true crimes sobre los que se ha pedido una paralización sin éxito, estos matices pueden llevar a un freno del libro de Anagrama. «Nadie tiene por qué conocer las causas y las circunstancias del asesinato de unos menores», aporta Marisa Herrero-Tejedor, socia de Averum. «No hay que confundir el interés general con el interés de la sociedad por estos hechos. La posición de víctima y de verdugo no son la misma y la defensa es sobre la víctima».
En una línea similar se expresa Nuria González, la abogada que lleva la defensa de Rosa Peral contra Netflix. «La diferencia es que aquí se está vendiendo un testimonio de un condenado que va más allá de la verdad judicial. Y no se puede consentir una revictimización de las víctimas», expone.
La aparición, por tanto, del libro en el que se da voz a José Bretón ha vuelto a caldear un debate -el de los límites del true crime- que en los últimos tiempos ha ido apareciendo de forma persistente en la opinión pública. Y también si legislarlos o bloquearlos con una acción judicial supone un ejercicio de censura o una forma de reparación a las víctimas. En el mundo del periodismo, este debate está amparado por el interés público informativo. Y a él recurre el abogado Carles Vendrell para señalar que la jurisprudencia favorece que El odio no sea secuestrado indefinidamente. «La diferencia con otros true crime reside en que esta no es una obra ficcionada, sino una investigación, de manera que no está en juego el elemento más comercial que caracteriza a las obras de ficción basadas en hechos reales», ahonda.
Sin embargo, la editorial ha optado en un primer momento por frenar la distribución de la obra de Luisgé Martín, el paso previo a su venta en librerías. «Es lógico que lo suspendan por prudencia, pero veo difícil que se pueda llevar el caso por la vía penal: los únicos delitos contra la honorabilidad son los de incitación al odio cuando se enaltecen regímenes dictatoriales», ahonda el penalista Andrés Maluenda, que sí ve recorrido a través de una vía civil para que se produzca el embargo: «La única opción de probar un delito es que se establezca un nexo entre la publicación y el relato de Bretón como una forma de violencia vicaria contra su ex mujer».
Retomado el debate en torno a los true crime, será una vez más la vía judicial la que ahora deberá zanjarlo. Y establecer una jurisprudencia que aclare el terreno de juego para todos... O no.