El Gobierno trabaja ya sobre mejoras concretas y adaptadas del marco laboral a la catástrofe causada por la DANA en Valencia que serán aprobadas "lo antes posible" en consejo de ministros. El órgano de gobierno se reúne habitualmente los martes pero cabe la posibilidad de que se adelante su celebración para dar respuesta administrativa a los daños económicos provocados por las inundaciones del pasado martes 29 de octubre.
La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz ha confirmado ya que estas ayudas tendrán carácter retroactivo, como ha informado este diario. Mientras tanto, el ministerio ha recordado a empresas y trabajadores autónomos que pueden adelantar sus solicitudes de cese de actividad o ERTE por Fuerza Mayor. En el caso de los autónomos, no existe periodo de carencia (normalmente de 1 meses) para tener derecho a la medida de protección, los días de prestación consumidos no se computarán de cara a situaciones futuras (contador a cero) y el periodo computará como cotizado. La cuantía de la prestación actual es del 70% de la base reguladora.
En el caso de las empresas que soliciten ERTEs, la exención de las cotizaciones de empresa y trabajadores es del 100%, se solicita en el SEPE y cualquier trabajador puede acogerse sin consumir la prestación por desempleo. Al igual que durante la pandemia, el acceso a fondos públicos supondrá la imposibilidad de efectuar despidos posteriormente.
La escala que deberán tomar estas medidas está aún por definir. La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), ha indicado hoy que, en total, en los 65 municipios valencianos (incluidos barrios de la capital) afectados por las inundaciones hay censados 51.000 autónomos, 54.200 empresas, 355.000 trabajadores y 34.800 locales, establecimientos, naves y oficinas en 63 parques empresariales. "Una de cada tres empresas y trabajadores de la provincia se concentran en estas zonas afectadas por la DANA", ha explicado su presidente, Lorenzo Amor.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha pedido que todas aquellas personas que han sufrido o sufren los efectos de la DANA y que no estén en condiciones de trabajar no acudan a sus puestos y hagan uso, en medida de los posible, del teletrabajo sin miedo a sufrir "represalias". Así lo ha comunicado este sábado la ministra Yolanda Díaz en su red social X y ha insistido que el Ministerio «se encargará de que ninguna persona trabajadora se vea perjudicada».
En ese sentido, la ministra ha enumerado todos los casos en los que se exime a las personas de acudir a trabajar. Entre ellos se encuentran los empleados cuyos desplazamientos puedan suponer un peligro para su seguridad y salud o interfieran en las labores de rescate y recuperación de las zonas afectadas.
También están eximidos aquellos que necesiten atender a las tareas de búsqueda de sus familiares desaparecidos o hacerse cargo del fallecimiento de los mismos. Además de los trabajadores que han perdido sus viviendas o enseres a causa de las inundaciones y que no estén en en disposición de acudir a sus respectivos puestos.
Por otra parte, se ha puesto el foco en que el teletrabajo no se contemplará como medida para aquellas personas que no puedan hacerlo por falta de dispositivos o cobertura para ello."En estos supuestos, todas las personas trabajadoras podrán ausentarse y acogerse a permisos retribuidos", ha concluido Díaz.
Cabe recordar que la normativa laboral vigente ya contempla que, frente a situaciones meteorológicas adversas como las provocadas por la DANA, los trabajadores tiene derecho a "interrumpir u actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud". La seguridad de los trabajadores debe estar siempre garantizada por sus empleadores por lo que se podría modificar o suspender la jornada laboral.
El Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social también están negociando la reactivación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de Fuerza mayor, medidas extraordinarias que ya se lanzaron durante la pandemia y que ahora, dada la escala del desastre en Valencia, son los más adecuados para afrontar la crisis. En este sentido, miles de empresarios y trabajadores podrán acogerse a esta figura legal por la que se suspende de manera temporal el contrato de los empleados y se aplica una reducción de la jornada que varía entre un 10% y un 70% de la ordinaria, para combinar en el cobro de la nómina de forma proporcional las horas trabajadas y la prestación por desempleo por las horas no trabajadas.