El Gobierno ha notificado a Bruselas que aplicará una "reforma del sistema de visados de trabajo y búsqueda de empleo en España". El compromiso del Ejecutivo se recoge en el plan fiscal a medio plazo, que Bruselas ha aprobado este lunes, y se conoce después de que el Consejo de Ministros aprobase la semana pasada un nuevo reglamento de Extranjería, impulsado desde el Ministerio de Seguridad Social, para adaptar la regulación al fenómeno migratorio y al reto demográfico.
El Gobierno ha detectado que el envejecimiento de la población y la crisis de captación y retención de talento en las empresas está provocando una falta de mano de obra que requiere medidas urgentes. Y la solución pasa por facilitar la incorporación de inmigrantes al mercado laboral.
Entre las principales novedades, según explicaron desde el departamento que dirige Elma Saiz, está la creación de un "título específico para los visados, que clarifica el esquema de autorizaciones, los requisitos y los trámites en general". En concreto, a partir de ahora todas las autorizaciones iniciales van a ser de un año y las renovaciones, de cuatro años.
También se ha extendido a un año el visado para la búsqueda de empleo, que antes era una autorización de tres meses. Este visado permite la búsqueda de empleo en determinadas ocupaciones y ámbitos territoriales, de forma que los 12 meses "van a facilitar que las personas consigan un trabajo adecuado a su perfil profesional y, al mismo tiempo, que las empresas encuentren los profesionales que necesitan", según afirmó la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Volviendo al documento aprobado este martes, el plan fiscal es el compromiso de ajuste que deben presentar los países con un déficit superior al 3% o una deuda de más del 60%, como es el caso de España. Y lo que Bruselas avala es que en el periodo 2025-2031 España no registrará un incremento medio del gasto superior al 3% y, que, al mismo tiempo, el pasivo público seguirá en una senda descendiente. Pero en su análisis, Bruselas exige el Gobierno más medidas en los Presupuestos y, en concreto, que complete la reforma fiscal. Y esto podría pasar, por ejemplo, por aplicar el incremento en el impuesto al diésel.
"Ahora lo que esperamos es que España obviamente implemente estas medidas en línea con lo acordado en el plan fiscal estructural a medio plazo y que esto se refleje también en el borrador presupuestario para 2025", ha afirmado el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, que seguirá presente en la próxima Comisión como comisario económico.
Desde Europa recuerdan además que España es uno de los tres países que todavía no ha remitido su Plan Presupuestario. "Se presentaron 17 planes Presupuestarios los 20 Estados miembros de la zona euro. de la zona euro. Sólo Austria, Bélgica y España no presentaron ningún proyecto de plan presupuestario", apunta Bruselas.
El límite para remitir ese texto era el 15 de octubre, esto es, que el Gobierno acumula un retraso de más de un mes. En ese informe, que está ligado al plan fiscal, el Ejecutivo tenía que presentar medidas concretas a Bruselas y no hacer como en años anteriores en los que, ante la falta de Presupuestos, remitía un texto a políticas constantes.
Era una petición de Europa porque ya tenía que analizar, precisamente, los planes fiscales y no quería tener que estudiar un documento sin contenido. Y ante ello, la respuesta del Ejecutivo fue que sólo enviará el Plan Presupuestario cuando efectivamente tuviese unas cuentas aprobadas. Pero como eso todavía no lo ha conseguido y tampoco parece sencillo que lo logre dada la inestabilidad parlamentaria, el resultado es que el Gobierno sigue sin cumplir con este compromiso.