Se agota el tiempo y el Gobierno ya negocia in extremis una solución para la crisis de Muface. A dos días de que finalice el plazo para que las aseguradoras presenten sus ofertas a la licitación de la mutualidad para los próximos dos años, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se muestra optimista al respecto. Ayer, en una entrevista en Onda Cero, López reveló que el Ejecutivo está explorando distintas fórmulas para salvar el modelo por el cual 1,1 millones de funcionarios y 400.000 familiares tienen asistencia médica privada, por lo que asegura estar «casi convencido» de que finalmente habrá acuerdo.
«Yo soy optimista. Estamos trabajando intensamente y soy optimista. Estamos hablando, estamos dándole vueltas, estamos buscando una solución (...) Estamos viendo y explorando fórmulas. No quiero adelantar más pero soy optimista», afirmó. Aunque no concretó cuáles son las fórmulas que estudia el Gobierno, el titular de Función Pública incidió que la prioridad ahora es sacar adelante la licitación y destacó que «nadie puede negar» que el Gobierno ha hecho «el mayor esfuerzo de la historia» para renovar el concierto, con una subida de las primas del 33% en tres años. «No es una broma, es una subida de casi 1.000 millones de euros adicionales», remarcó.
Esta subida de las primas se planteó después de que la primera licitación quedara desierta el pasado mes de noviembre cuando las tres aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV rechazaran el incremento del 17% propuesto inicialmente por el Gobierno, al considerarlo «insuficiente» para cubrir las pérdidas de más de 400 millones de euros que las compañías denuncian haber experimentado en los últimos tres años.
A la vista de la situación, el Ministerio de Función Pública amplió hasta el próximo lunes 27 de enero el plazo para que las aseguradoras presenten sus ofertas para prestar asistencia sanitaria a los funcionarios de Muface y evitar así ir a una tercera licitación.
Hasta ahora Asisa ha sido la única que se mostrado interés por esta concesión pública, pero el Gobierno tiene abiertas negociaciones con Adeslas y a sus accionistas, Mutua Madrileña y CaixaBank, para que reconsideren la situación.
Adeslas es la mayor aseguradora de salud de nuestro país y la que más peso tiene dentro de Muface al dar cobertura sanitaria al 33% de los funcionarios, de ahí el interés del Gobierno para mantener a su lado a los trabajadores públicos y salvar la mutualidad.
Aunque la compañía no ha dado todavía una respuesta definitiva, todo apunta a que el esfuerzo de la Administración podría haber surtido efecto.
De no llegar a un acuerdo el lunes, el sindicato de funcionarios CSIF ha llamado a la huelga a todos los afectados: hablando de docentes de centros educativos públicos, de profesionales de la Administración General del Estado (ministerios y dependencias adscritas, organismos oficiales o delegaciones de Gobierno, entre otros) y también de Correos.