"La jornada general de trabajo de la Administración del Estado no superará las 35 horas semanales". Así arranca el borrador de la enmienda a la Ley de Función Pública que ha registrado Sumar en el Congreso de los Diputados y a través de la cual, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, busca presionar al PSOE para recortar la jornada laboral de los funcionarios por debajo incluso de lo que pretende imponer en el sector privado.
A la espera de que su ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales en todas las empresas del país aterrice en el Parlamento -el Consejo de Ministros aún tiene que aprobarla en segunda vuelta- Díaz pone el foco ahora en los trabajadores del sector público con una batería de más de un centenar de enmiendas a una ley desarrollada en el ámbito de las competencias del ministerio que pilota el socialista Óscar López.
El borrador de la enmienda 89, en concreto, recoge que "la jornada general de trabajo de la Administración del Estado no superará las 35 horas semanales y será fijada por el departamento ministerial competente en materia de función pública, previa negociación con las organizaciones sindicales presentes en las mesas de negociación, en el marco de lo dispuesto por la normativa básica".
El grupo plurinacional defiende que el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, que se firmó en 2022, ya establecía la recuperación de este derecho que perdieron a raíz de la crisis de 2008, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy impuso por decreto la jornada de 37,5 horas para los funcionarios de la Administración Central. "Por ello y porque así está comprometido se debe garantizar la jornada general ordinaria de 35 horas en esta ley", justifica el texto registrado en sede parlamentaria.
De este modo, Sumar aspira a generalizar en la administración pública la jornada de 35 horas semanales que ya es una realidad en la mayoría de las administraciones autonómicas y locales, implantándola por ley en la Administración General del Estado, donde se ocupan en estos momentos algo más de 530.000 empleados públicos, de acuerdo con el último boletín estadístico.
Así, los funcionarios del Estado pasarían a trabajar media hora menos al día que el conjunto de los trabajadores del sector privado, que verán reducida su jornada semanal hasta las 37 horas y media si la iniciativa impulsada por Yolanda Díaz prospera en el Congreso, algo que no se espera antes del mes de junio.
Con todo, Sumar pone negro sobre blanco que la reducción de jornada para los funcionarios se negociará con los sindicatos, que previsiblemente remarán a favor del acuerdo porque la generalización de las 35 horas es un derecho que vienen reclamando desde hace años.
Precisamente, la semana pasada la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunciaba que las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista a la Ley de Función Pública olvidaban, entre otras demandas en materia de retribuciones, pensiones y permisos, "cuestiones fundamentales como la regulación de la jornada de las 35 horas". Es más, fuentes del sindicato avanzan que en una eventual negociación pedirán que esta medida se haga extensiva no sólo a los funcionarios de la administración central sino a otros ámbitos como la sanidad o la educación en el conjunto del Estado.
Otro punto de choque estaría en la edad de jubilación forzosa para los funcionarios que quieran seguir trabajando una vez cumplida la edad ordinaria de retiro. En sus enmiendas, los socialistas apostaban por ampliarla de 70 a 72 años, lo que fue inmediatamente rechazado por CCOO y UGT. En Sumar, en cambio, son partidarios de no elevar ese límite.
Sin subida salarial y a la espera de Muface: marzo, mes clave
En paralelo a la tramitación parlamentaria de la Ley de Función Pública, los funcionarios reclaman al Ministerio que dirige Óscar López que convoque cuanto antes la mesa de negociación para abordar la subida salarial de 2025.
Tras una primera toma de contacto a finales del año pasado, el asunto quedó en el aire en un contexto de incertidumbre total sobre el futuro de Muface. Pero bien entrado el año, la crisis de la mutualidad aún no se ha resuelto y la mesa de negociación sigue sin convocarse.
El Gobierno ha dado de plazo a las aseguradoras hasta el próximo martes, 4 de marzo, para que presenten sus ofertas al nuevo concierto. El día 5, por tanto, se conocerá si la licitación se cierra con éxito o vuelve a quedar desierta. Previsiblemente, esta vez, el Ejecutivo logrará sacarla adelante, ya que la principal compañía prestadora de servicios en estos momentos, que es Adeslas, ya ha confirmado que acudirá al concurso.
Una vez cerrada la carpeta de Muface, los sindicatos aspiran a que el Ministerio abra la de la subida salarial. Por ello, el mes de marzo será clave para negociar.
Desde CSIF reclaman que el tema se aborde «de manera inmediata» y que los salarios de los funcionarios se actualicen todos los años con el IPC, al igual que las pensiones. «Llevamos perdido más de un 6% de poder adquisitivo desde 2022 y un 20% desde la bajada de sueldo de 2010», denuncian.