- Comisión Varapalo de Bruselas a la reforma de pensiones: elevará en 3,6 puntos el gasto y requerirá un ajuste de 12.000 millones
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El Gobierno está tratando de evitar que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) le obligue a hacer ajustes en el sistema de pensiones mediante la aplicación de la cláusula de cierre, que es el mecanismo que introdujo José Luis Escrivá en la reforma pactada con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación a cambio de indexar las prestaciones al IPC y eliminar el factor de sostenibilidad que iba a rebajar el gasto adecuando la pensión a la esperanza de vida. Una maniobra que ha hecho saltar todas las alarmas entre los mayores expertos en pensiones y Seguridad Social del panorama económico y académico, que advierten de que no acometer ahora las medidas necesarias para contener el gasto agravará la situación y abocará a soluciones "drásticas" en el futuro.
A finales de diciembre de 2024, el Gobierno remitió a la patronal y los sindicatos un texto en el que precisaba qué partidas de ingresos debe tener en cuenta la AIReF a la hora de hacer su evaluación sobre la cláusula de cierre y, entre otras aportaciones, especificaba que debía incorporar las transferencias del Estado, que es el desvío de dinero que hace el Ejecutivo a la Seguridad Social cada año para cubrir la insuficiencia de ingresos por cotizaciones, que procede de los impuestos y del endeudamiento público, y que viene superando los 40.000 millones de euros anuales desde 2020. En plena batalla en el diálogo social por la reducción de la jornada laboral, el documento pasó desapercibido. El Ministerio de Seguridad Social inició inmediatamente el trámite de audiencia pública y dos meses después, el Real Decreto ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Ese punto concreto del texto es el que alerta a los expertos, que con el BOE en la mano entienden que lo que está intentando el Gobierno con esa especificación es "presionar a la AIReF para que tenga en cuenta las transferencias como ingresos", afirma Miguel Ángel García, investigador de Fedea y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. "Intentan que no haya que aplicar la cláusula de cierre apoyándose en algo discutible como son los gastos impropios, que enmascaran la realidad del sistema de pensiones", añade Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE y del Instituto Polibienestar, que asemeja esta maniobra contable "a lo que se quiere hacer con la condonación de la deuda autonómica: pasar déficit de la Seguridad Social al Estado".
Devesa advierte de que este maquillaje contable provoca una "aparente mejora" de la situación financiera del sistema que "puede aumentar las presiones para que se incremente el gasto en pensiones, con lo cual se generará más déficit contributivo y habrá que dedicar un mayor esfuerzo financiero que no podrá destinarse a otros componentes del estado del bienestar". Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, coincide en este punto: "Hay un riesgo claro de que el decreto desvirtúe la cláusula de cierre y ayude a dar la falsa impresión de que el sistema de pensiones goza de una excelente salud financiera". A su juicio, "si tardamos más en abordar el problema real, la situación se irá agravando y cuando no haya más remedio que actuar, habrá que hacerlo de forma más drástica".
El actual gobernador del Banco de España incorporó la cláusula de cierre para tranquilizar a la Comisión Europea sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, comprometiéndose a hacer ajustes si el gasto crecía mucho más rápido que los ingresos. Sin embargo, a las puertas de la evaluación de la AIReF, que presentará antes del 1 de abril su primer examen trienal en el que determinará si debe activarse el mecanismo, el Gobierno intenta forzar que la autoridad fiscal considere "como un ingreso de una Administración con caja separada la transferencia de otra Administración", algo que, para el economista Javier Santacruz supone, directamente, un "fraude contable".
En números, la cláusula de cierre establece que el gasto en pensiones promedio entre 2022 y 2050 no puede superar el 15% del PIB y que hay que conseguir nuevos ingresos por valor del 1,7% del PIB. "Si se considera como nuevo ingreso la transferencia por gastos impropios, que equivale al 1,2% PIB, es muy sencillo llegar al 1,7% y, por tanto, no sería necesario realizar ningún ajuste en ingresos, a través de subidas del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), o en gastos, recortando las pensiones", estima García.
El Gobierno, optimista
En todo caso, fuentes de Seguridad Social indican a este medio que lo que hace este real decreto es un desarrollo reglamentario para aportar "seguridad jurídica". Y añaden que "los ingresos de la Seguridad Social (incluidas las transferencias del Estado) están determinados en el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social".
La propia ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha manifestado públicamente que el Gobierno confía en que las cuentas cuadren y la Autoridad Fiscal no obligue a apretar el botón del ajuste. En una entrevista concedida a la agencia EFE este viernes, Elma Saiz se mostró convencida que evitarán la activación de la cláusula gracias a la buena evolución del mercado laboral. "Todos los datos van en la buena dirección, mejoran las previsiones", subrayó´, para destacar, entre otros indicadores, la mejora de la relación entre cotizantes y pensionistas o el objetivo de que la denominada "hucha de las pensiones" termine la legislatura con más de 30.000 millones de euros.
Todo dependerá de la interpretación que haga el organismo que preside Cristina Herrero. En este sentido, el investigador de Fedea considera que la AIReF tiene "margen" para "hacerlo bien" y "no incluir como nuevos ingresos la transferencia del Estado por gastos impropios", lo que conllevaría activar la cláusula para adoptar medidas adicionales que permitan elevar los recursos del sistema. "La no activación es vulnerar el derecho a una información veraz para el futuro pensionista, ya que se les está ocultando que su pensión depende de que el Estado disponga del dinero de sus impuestos generales para seguir inyectando fondos a la caja de la Seguridad Social", denuncia, por su parte, Santacruz, que incide en que esa "falsa sensación de equilibrio y estabilidad" permite al pensionista "creer que las condiciones con las que entra en el sistema se van a mantener para siempre".
Los expertos consideran, además, que si el Gobierno no pone en marcha de manera inmediata medidas que aumenten los ingresos para evitar recortes más agresivos en el futuro se arriesga a un nuevo toque de atención de Bruselas. No en vano, la Comisión Europea ya advirtió en su última evaluación de que la reforma de las pensiones elevará el gasto del sistema en 3,6 puntos de 2022 a 2070 y obligará a hacer un ajuste adicional de 12.000 millones de euros. Y no hay que olvidar que la reforma de las pensiones se vinculó a un desembolso de 10.000 millones de euros de los fondos de recuperación.
Con todo, los profesionales consultados no esperan que la maniobra contable del Gobierno pueda derivar en algún tipo de sanción por parte de Bruselas. Aunque para Ángel de la Fuente "lógico", al menos, que la Comisión "protestara", a su juicio las autoridades europeas seguirán siendo tan "laxas" como hasta ahora respecto a la evaluación de las reformas del Plan de Recuperación. "Creo que no habrá sanción porque aparentemente se está cumpliendo la norma que se aprobó con el visto bueno de la Comisión", apunta Devesa. Y sentencia Santacruz: "O Eurostat se da cuenta del fraude contable o se lo aprobarán sin mirarlo como han hecho con otras cosas en los últimos años".