La Comisión Europea ha publicado este miércoles su plan de acción para salvar a la industria de la automoción, aunque a tenor de las medidas presentadas el impulso corre el peligro de quedarse un tanto corto. Por ahora, se trata de una serie de actuaciones que se deben desarrollar, incluida la que por otra parte es sin duda la más potente: el freno a la transición verde que supone el aumento de uno a tres años en el periodo en el cual los fabricantes deben reducir sus emisiones.
Esta actuación, que ya fue adelantada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el pasado lunes, evitará que las compañías deban enfrentarse a 15.000 millones en multas ya este año, según los cálculos del propio sector. El reglamento actual señala que se deben reducir en un 15% en las emisiones de CO2 ya este año respecto a las de 2021 y, tras la presión de los fabricantes, Bruselas modificará la norma para que ese mismo recorte se lleve a cabo en el periodo 2025-2027.
En la capital apuntan que los objetivos últimos son los mismos, pero al mismo tiempo admiten que se deben "flexibilizar" los pasos para no lastrar todavía más al conjunto de la economía en general, y a la automoción en concreto. Y para los fabricantes se tratar de una decisión de gran ayuda, ya que ahora podrán destinar la gran cifra multas a las que se enfrentaban a innovación y avances, al tiempo que se evitará que los vehículos europeos se encarezcan todavía más. El objetivo de la Comisión es aplicar esta modificación ya en el presente mes.
El plan de acción que ha presentado el comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, también contempla ayudas fiscales a la compra de vehículos profesionales de bajas emisiones. Aquí hay más incógnitas en cuanto a los tiempos de desarrollo y aplicación de la actuación, por lo que el comisario griego ha pedido a los países miembro que empiecen a actuar ya por su cuenta.
"Los Estados miembros podrían estudiar ya la posibilidad de conceder ventajas fiscales a los vehículos de emisiones cero, estableciendo normas para los taxis y los servicios de coche compartido en función de sus emisiones. O podrían animar a las empresas de alquiler, especialmente las que utilizan los turistas para viajes cortos, a utilizar coches de emisiones cero", ha apuntado Tzitzikostas.
Proteccionismo Made in Europe
El programa de Bruselas incluye 1.000 millones de euros de ayuda para el coche autónomo, así como otros 1.800 millones para la producción de baterías para coches eléctricos que se suman a los 3.000 millones que ya están presupuestados. El objetivo es "crear una cadena de suministro segura y competitiva para las materias primas de las baterías, que contribuya al crecimiento de la industria automovilística europea".
Esto es, para fabricantes y actores implicados en la elaboración de baterías y siempre partiendo de la premisa de favorecer el Made in Europe que impregna no sólo este plan de acción, sino otras medidas notables que está tomando la Comisión en materia de, por ejemplo, Defensa: que la inversión que se haga en material bélico beneficie a empresas europeas que, a su vez, generen puestos de trabajo europeos e impulsen la innovación europea.
"Nuestro objetivo es claro: garantizar que la próxima generación de vehículos no solo se fabrique en Europa, sino que también se innove en Europa, esté impulsada por tecnología europea y se base en valores europeos", ha resumido Tzitzikostas. "Las empresas europeas corren el riesgo de quedarse atrás en tecnologías estratégicas clave como baterías, software, sistemas de infoentretenimiento y conducción autónoma, y a menudo tienen menos control directo sobre insumos clave, mientras que los competidores extranjeros reciben apoyo estatal en diversas formas", incide la propia Comisión. Es, en definitiva, la respuesta proteccionista de la Bruselas ante la presión que sufre el sector europeo desde China o Estados Unidos.