La subida fiscal encubierta que vienen soportando los contribuyentes por la negativa del Gobierno a adaptar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a la escalada inflacionista que ha sufrido la economía española desde el estallido de la pandemia compensará, de sobra, el eventual agujero que se generará en las arcas públicas este año por dejar libre de tributación el salario mínimo interprofesional (SMI).
Las vicepresidentas primera y segunda, María Jesús Montero y Yolanda Díaz, están ultimando los detalles de un acuerdo que pondrá punto y final a uno de los grandes enfrentamientos entre Hacienda y Trabajo en lo que va de año: la fiscalidad del SMI. Montero había apostado firmemente por que los perceptores de esos 16.576 euros anuales distribuidos en 14 pagas de 1.184 euros empiecen a tributar desde este año en el IRPF. Sin embargo, la presión de Díaz para dejar exentas del pago de impuestos a estas rentas, al menos, en 2025, ha obligado a rectificar a la titular de Hacienda, que está estudiando la fórmula para compensar al colectivo por los impuestos que ya han pagado en el primer trimestre y dejar, por ahora, exento el SMI.
Montero esgrimía principalmente dos argumentos para justificar el giro por el que el Gobierno, por primera vez, iba a obligar este año a los trabajadores que cobran el salario mínimo a pagar impuestos prácticamente por la mitad de la subida anual (la retención sería de unos 300 euros sobre un total de 700). Primero, apelaba a la «pedagogía fiscal» para justificar que quienes perciben el SMI empiecen a pagar impuestos porque sus rentas han crecido más de un 60% desde 2018. Además, argumentaba que sólo un 20% de los perceptores (unos 540.000 de los 2,7 millones de contribuyentes con rentas inferiores al SMI) tendrían que tributar, mientras el resto no tendrían retenciones por las exenciones del mínimo personal y familiar. Y en paralelo, advertía de que volver a elevar el mínimo exento para librar del abono del IRPF a esos contribuyentes tendría un coste recaudatorio por la merma de ingresos de entre 1.500 y 2.000 millones de euros.
Progresividad en frío
Pues bien, lo cierto es que ese agujero al que hacía referencia la vicepresidenta primera se verá compensado este año por los efectos recaudatorios de la conocida como progresividad en frío, que volverá a elevar la factura fiscal ante la negativa del Gobierno a adaptar el IRPF a la inflación indexando automáticamente los tramos y las principales desgravaciones y deducciones que operan en la base del impuesto.
Sólo entre 2021 y 2024 la recaudación ha aumentado en casi 9.750 millones de euros por estos efectos silenciosos de la inflación sobre el IRPF. De acuerdo con los cálculos que ha efectuado el economista Desiderio Romero-Jordán, investigador de Funcas y profesor de la URJC, la no adaptación del impuesto a la inflación infló los ingresos en cerca de 1.620 millones de euros en 2021, con un IPC medio anual del 3,5%; en casi 4.600 millones en 2022, cuando la inflación se disparó al 8,3%; en más de 1.920 millones en 2023, con un nivel de aumento de precios del 3,5%; y en otros 1.600 millones de euros el pasado 2024, cuando la inflación cerró con una media anual del 2,7%.
En base a esas estimaciones, la subida de impuestos encubierta que volverán a soportar los ciudadanos este año cubrirá la merma recaudatoria que pueda generarse por dejar libre de tributación el SMI. Las previsiones de las principales casas de análisis apuntan a una inflación media anual del 2,5% en 2025. No obstante, las estimaciones de precios han sido revisadas al alza por algunos de los grandes organismos, como el Banco de España o la OCDE, que recientemente actualizaron sus proyecciones para nuestro país en un escenario de elevada volatilidad en el componente energético. Y no se descarta que la inflación se desvíe más al alza, incluso, en los próximos meses, en un contexto de tensión geopolítica y comercial internacional creciente.
Efecto 'bola de nieve'
De modo que Hacienda ingresará fácilmente esos más de 1.500 millones extra de los contribuyentes sólo por el impacto de la inflación en el IRPF, compensando lo que dejará de percibir por dejar exento el salario mínimo. De hecho, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha estimado que la no corrección de la inflación aportará 12.600 millones de euros adicionales de recaudación durante los próximos siete años de vigencia del plan fiscal 2025-2031 por ese efecto bola de nieve que se genera en el impuesto.
En su análisis, incluido en el último número de Cuadernos de Información Económica de Funcas, el profesor Romero-Jordán se muestra crítico con la ausencia de indexación en el IRPF. «Es equivalente a una reforma fiscal implícita que no exige aprobación parlamentaria», afirma. «En este escenario, la inflación actúa como un impuesto silencioso cuyo efecto es heterogéneo y no completamente observable por los contribuyentes», añade, para concluir que «por ello, la subida de impuestos no está entre las principales preocupaciones de los hogares españoles» y «consecuentemente, sus costes políticos son, en general, menores a los de una genuina reforma fiscal que conlleve un aumento explícito de impuestos».
Partiendo de esa base, el economista explica que la inflación no afecta de igual modo a todos los contribuyentes, ya que los hogares se enfrentan a distintos niveles inflacionarios según su estructura de consumo y la evolución de los precios de mercado que componen su cesta. Y concluye que el crecimiento acumulado de la inflación en el periodo analizado (2021-2024) ha sido del 17,8% para el total de los hogares. Sin embargo, el impacto no es homogéneo, ya que las familias con menor capacidad económica, cuyo gasto es inferior a 12.000 euros anuales, ha soportado una inflación acumulada del 18,6%; mientras, en los hogares con más de 120.000 euros la inflación ha sido del 15,8%. Una diferencia que se explica por el mayor peso de los alimentos y la energía en los hogares con menor capacidad económica.
Las rentas medias, las más perjudicadas
Como resultado de un minucioso análisis de los microdatos de la estadística de declarantes del IRPF de 2022 -la última disponible- el autor concluye que el efecto recaudatorio de no haber adaptado el impuesto a la inflación en estos últimos años alcanza los 9.747 millones de euros. Pero lo más relevante del estudio es que el impacto no ha sido homogéneo en todos los niveles de renta, precisamente, por esos mayores efectos de la inflación en los hogares con menor poder adquisitivo. En concreto, según sus cálculos, el impacto medio por declarante en el periodo analizado ha sido de 311 euros en las rentas medias-bajas (de 12.000 a 21.000 euros); de 458 euros en las rentas medias (de 21.000 a 30.000 euros) y de 622 euros en las rentas medias altas (de 30.000 a 60.000).
Las rentas medias concentran el 59,7% de las declaraciones de la renta presentadas y el 57,8% de la recaudación total por IRPF. Y han soportado el 61,3% del golpe fiscal (de los ingresos extra que se ha embolsado Hacienda debido a la inflación). Por eso, Romero-Jordán sentencia que «las rentas medias han sido las grandes perjudicadas por la ausencia de indexación».
Para más inri, este problema que sufre con mayor intensidad la clase media se agrava porque a la falta de indexación del IRPF hay que añadir el incremento acumulado del aporte fiscal por otro impuesto: el IVA, cuya recaudación también se eleva por la propia subida de los precios. En conjunto, la factura por ambas figuras tributarias para un hogar de renta media ha ascendido aproximadamente a 1.100 euros en los últimos cuatro años, según los cálculos que aporta el economista, que lanza una advertencia de cara a los próximos años: «En ausencia de cambios fiscales, y bajo el supuesto de una inflación próxima al 2,5%, la factura fiscal de un hogar de renta media aumentará cada año a un ritmo de 200 euros». Es decir: la inflación seguirá engordando las arcas públicas a costa de los bolsillos más modestos.