El domingo 3 de diciembre de 1995 fue la jornada oficiosa de cierre de la presidencia española de la Unión Europea. Ese día, Felipe González recibió a Bill Clinton en la Moncloa y los dos firmaron la Declaración Trasatlántica, en la que la UE y EEUU se comprometían a negociar la creación de un acuerdo de una zona de libre comercio trasatlántica. La misma zona de libre comercio que ahora Elon Musk ha propuesto.
Hace 29 años la frase «una zona de libre comercio del Pacífico hasta los Urales» (a pesar de que Rusia, no estaba en la UE y, por tanto, no iba a ser parte del hipotético pacto) se convirtió en un mantra. Así es como nació -aunque solo sobre el papel- el TAFTA, o sea, las siglas en inglés del Acuerdo de Libre Comercio Trasatlántico, una copia del de NAFTA, de América del Norte, que englobaba a EEUU, Canadá y México, al que Trump cambió el nombre en 2019 por USMCA, y que ahora acaba de dinamitar en parte con sus aranceles unilaterales.
Esta vez no se la ha tomado en serio nadie. No solo por el hecho de que Estados Unidos tiene un Gobierno que está lanzado, con el apoyo de su partido, a una política de sustitución de importaciones que sería la envidia de cualquier Gobierno populista latinoamericano de la década de los setenta. También porque ni González- que dejó el poder cuatro meses después- ni Clinton se la tomaron en serio. Ni siquiera el intento de Barack Obama de resucitarla en 2013, tras su reelección -la cosa del «legado» es una de las obsesiones de todo presidente de EEUU gana dos elecciones - fue a ningún sitio. Tras tres años de negociación, Washington y Bruselas solo habían conseguido avances tangibles en cuatro de las 24 áreas de negociación.
Cuando se lanzó el concepto, la UE y EEUU tenían multitud de disputas comerciales abiertas. Washington acusaba a la Bruselas de tener una agricultura hiperprotegida, en buena medida para beneficiar a Francia, los dos se echaban los trastos a la cabeza por las subvenciones a Boeing y Airbus, mientras que la regulación de gran parte de los alimentos de EEUU - desde el uso de transgénicos hasta el uso de amoniaco para limpiar la carne del pollo, pasando por la enorme cantidad de azúcar de la comida al otro lado del Atlántico- era inaceptable para la UE. No había verdadero interés político ni comercial por el acuerdo.
Eso no impidió que la propuesta siguiera revoloteando por las dos orillas del Atlántico durante dos décadas, siempre a medio camino entre la astracanada y el sueño geopolítico. Dentro de lo primero estuvo el esfuerzo del entonces senador republicano por Texas Phil Gramm por resucitarlo en 2000, pero siempre centrado en la exportación de carne de vacuno de ese país a la UE. Eso incluyó un atrabiliario esfuerzo de vender el proyectado acuerdo en Londres que espantó por su descarado tono lobista cárnico hasta a los 'tories' más euroescépticos. Entre lo segundo, la iniciativa más seria fue el lanzamiento de la Asociación Trasatlántica para la Inversión y el Comercio (TTIP, por sus siglas en inglés).
La idea de Obama buscaba incluir más elementos que las puras barreras comerciales, y de armonizar regulaciones. Aunque las dos partes estuvieron negociando durante tres años, nadie tuvo nunca la menor esperanza de que aquello fuera a llegar a ningún sitio. La elección de Trump, y, con ella, la salida fulminante de EEUU del TPP -la Asociación Transpacífica, un acuerdo similar, pero en el Pacífico- acabó con el proyecto. En 2019, la Comisión Europea declaró oficialmente «obsoleto» el TTIP.
No es solo falta de voluntad política. Alcanzar un acuerdo de libre comercio es dificilísimo. La Unión Europea y Mercosur (la unión aduanera formada por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) empezaron a negociar un tratado de esas características en junio de 1999. En diciembre pasado, 25 años y seis meses después, llegaron a un acuerdo. Pero el acuerdo no entrará en vigor hasta que 15 de los 27 países que componen la UE lo ratifiquen.
En Estados Unidos la cosa es todavía más difícil porque hace falta el voto favorable del 60% del Senado. Para que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre ese país, Canadá y México, saliera adelante, fue necesario que el entonces vicepresidente Al Gore fuera al Senado a votar el 20 de noviembre de 1993. Eso fue en la época en la que Washington abrazaba la globalización y el multilateralismo. Hoy, con el aislacionismo imperante en Washington, ningún senador que quiera tener un futuro político lo apoyaría.
Las disputas entre la UE y EEUU afectan ahora, además, al sector puntero de la tecnología: internet, el comercio electrónico, las redes sociales, y la Inteligencia Artificial (IA), liderados, además, por las empresas que dan a Washington su primacía tecnológica global. Para llegar a un acuerdo habría primero que pactar cómo se va a regular -si es que se va a hacerlo- a Meta, Apple, X, Google o Microsoft en la UE. Y eso es inimaginable.
La idea de Elon Musk de una zona de libre comercio trasatlántica tiene tantos visos de realidad como la promesa que hizo en abril de 2019 de poner en un año un millón de robototaxis de su empresa Tesla en las calles de EEUU-. Han pasado justo cinco años y solo hay robotaxis en San Francisco, Los Angeles, Phoenix, Austin y Las Vegas. Y ninguno es de Tesla. La mayoría son de Alphabet, o sea, Google, a través de su marca Waymo.
La idea de crear una zona de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea no es más que la última ocurrencia de Musk en un momento en el que el gran mercado en el que Tesla está creciendo, China, puede desvanecerse a medida que los compradores de esa marca empiezan a identificarla con Donald Trump y sus aranceles del 34% a las exportaciones de ese país. En analista de la boutique de la banca de inversión Wedbush Dan Ives, hasta ahora el mayor defensor de la inversión en Tesla, acaba de recortar el precio objetivo de la acción en un 43%, hasta los 315 dólares.
Aunque Tesla fabrica en EEUU los coches que vende en ese país, más de un tercio de sus piezas son importadas, lo que, según la revista financiera 'Barron's' supone que el coste por vehículo va a aumentar un 11% por los aranceles. Si la empresa decide 'comerse' ese aumento de costes y no pasarlo a los consumidores, su beneficio operativo este año caería en algo más del 40%.