El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Santander abrió ayer 15 minutos antes de lo habitual. Había motivos para sospechar que el gran cara a cara del día podía alargarse más de lo previsto. Y así fue. Entre el morbo y la expectación, a las 9.00 de la mañana en punto arrancó la vista oral del pleito entre Iberdrola contra Repsol. El careo entre peritos y abogados de la eléctrica (la demandante) y la petrolera (la demandada) se prolongó más allá de las 16.00 de la tarde, pasada la hora oficial de cierre de los juzgados. Iberdrola intentó convencer al juez de que Repsol emplea sistemáticamente "técnicas de blanqueo ecológico" en su publicidad. La segunda trató de probar que es un grupo "multienergía" que se esfuerza por ser sostenible. Ambas basaron sus alegatos en dos informes clave, a los que ha tenido acceso EL MUNDO.
"El juicio es un trámite, la verdadera batalla aquí es por el relato". Es la conclusión que extraen hasta tres fuentes legales y empresariales del sector respecto del litigio en ciernes entre las dos mayores energéticas del mercado español. Quizá por ello, la prioridad de los representantes de ambas multinacionales es cerrar el juicio cuanto antes. En Iberdrola, haber abierto el debate del "ecopostureo" a nivel nacional pesa más que la propia victoria -"era lo que se buscaba", apunta una fuente cercana-. De hecho, la eléctrica no exige ninguna penalización económica al margen del pago de las costas procesales. En Repsol, la máxima es cerrar este capítulo lo antes posible para minimizar el daño reputacional. "A ninguna de las dos le conviene alargar esto más de la cuenta", afirma una segunda fuente.
Aunque el juicio ha trascendido como el primer pleito celebrado en España entre dos compañías por greenwashing, la base jurídica de la demanda interpuesta por la eléctrica que preside Ignacio Galán es la supuesta infracción por parte del grupo que dirige Josu Jon Imaz de la Ley de Competencia Desleal, pues alega que esta se ha dedicado a vender paquetes de luz, gas y carburante a precios muy competitivos a base de publicidad "poco transparente" con la que "confunde al cliente".
Por un lado, ambas empresas confiaron en dos bufetes de primer nivel (Ontier, en el caso de Iberdrola, y Dentons, en el de Repsol), pero ninguno de los abogados titulares del caso, dos pesos pesados del panorama legal nacional, Pedro Rodero, y José Antonio Cainzos, respectivamente, son especialistas en trifulcas medioambientales. Por otro, los dos principales informes periciales sobre los que giró todo el careo fueron encargados a dos gigantes de la comunicación corporativa.
Iberdrola confió en la consultora Roman Reputation Matters que, en su informe, de 65 páginas, concluye que dado que Repsol deja su gran reducción de emisiones para más allá de 2040, puede "mejorar su imagen ante los consumidores", sin necesidad de "actuar a corto plazo". El informe de Roman analiza pormenorizadamente tres campañas publicitarias de Repsol que absorbieron el 74% de la inversión publicitaria del grupo en 2023, más de 9 millones de euros y concluye que "de forma inequívoca, en todas se aplican, en mayor o menor grado, las técnicas de blanqueo ecológico".
Repsol confió su contrainforme a LLYC. En las más de 100 páginas del documento, la consultora trata de anular, punto por punto, las acusaciones de Iberdrola cuyos peritos, asegura, incluyen «valoraciones subjetivas sin aportar datos ni evidencias» y afirma que las campañas publicitarias sobre negocios bajos en carbono representaron menos del 18% del gasto total. LLYC recuerda que los portavoces de Repsol defienden públicamente la energía fósil como complemento a la transición verde, así como que el 98% de los españoles identifica a la firma como «petrolera». Además, cuestiona que los crecientes saltos de clientes entre comercializadoras eléctricas respondan a motivos ecológicos. Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) citados por LLYC, el 84% de trasvases buscó el ahorro y solo el 3%, ser más verde.
Tras la vista oral de este jueves, la demanda ha quedado vista para sentencia. Se prevé que el tribunal cántabro falle a finales de este año o principios del próximo. "Las campañas publicitarias denunciadas son engañosas por no adecuarse a la realidad de la actividad de Repsol, por no ser coherentes con las inversiones de la compañía y por omitir datos esenciales de sostenibilidad relacionadas con las emisiones de la empresa", aseveran fuentes oficiales de Iberdrola, que celebran que el juicio haya colocado "en el debate público y judicial que la sociedad en su conjunto rechaza el ecopostureo".
Por su parte, fuentes de Repsol reiteran que la demanda "carece de fundamento" y solicitan su desestimación. "Iberdrola pretende limitar la competencia de Repsol en el mercado eléctrico -donde la multienergética ya cuenta con 2,4 millones de clientes-, usando la ley de competencia desleal y empleando acusaciones de publicidad engañosa, basadas en argumentos y mensajes sesgados y sacados de contexto", critican desde la compañía. Además, desde la firma ratifican su objetivo de alcanzar las cero emisiones netas en 2050 y ponen cifra a su compromiso por descarbonizar sus procesos, con inversiones netas previstas en su plan estratégico por entre 5.600 y 6.600 millones de euros en cuatro años.