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Bajar la factura de la luz cueste lo que cueste. Esta es la prioridad número uno del Clean Industrial Deal (Pacto Industrial Limpio) que la Comisión Europea presentó ayer, un nuevo paquete de medidas para blindar la competitividad económica de los Veintisiete sin dejar de ondear la bandera de la sostenibilidad, al menos, no totalmente. El plan de acción de Bruselas insta a los Estados miembros a acordar un "marco fiscal más propicio" para la electricidad, en concreto, ha pedido a sus gobiernos aliviar la carga tributaria de la luz que pagan hogares e industrias.
En España, empresas y ciudadanos contribuirán este año a las arcas públicas a través de sus facturas con 14.400 millones de euros en concepto de impuestos y cargos, según las cifras que manejan internamente en el sector energético. En detalle, la previsión de recaudación para este año es de 7.300 millones de euros a través del IVA de la electricidad, de 1.900 millones en el impuesto del 7% a la producción eléctrica (IVPEE) y de 1.700 millones a través del impuesto especial sobre la electricidad. Estas son las tres grandes figuras fiscales que engordan el recibo.
El análisis de Bruselas es claro: "Los precios medios de la energía en Europa son más altos que los de nuestros socios comerciales, garantizar una energía asequible es condición clave para la competitividad de nuestra industria". Para la institución que preside Ursula von der Leyen esa es la "piedra angular" del paquete verde, en parte, para justificar ante inversores, compañías y ciudadanos los esfuerzos de la transición ecológica: "La transmisión de los beneficios de una energía más barata a los usuarios finales respaldará la argumentación comercial de la industria para invertir en electrificación y descarbonización".
La receta es tan nítida como el diagnóstico: soltar lastre en el recibo, empezando por la industria electrointensiva, cuyas fábricas están más expuestas al precio de la luz. Solo en España, la recaudación fiscal por la electricidad que consumen estos colosos empresariales rondará los 350 millones en 2025, según fuentes del sector.
El Clean Industrial Deal recuerda que la directiva europea sobre la fiscalidad de la energía permite reducir la imposición de la electricidad a cero para las industrias de alto consumo de energía. Además, Bruselas ha anunciado que próximamente emitirá una recomendación a los gobiernos de los Veintisiete para "reducir eficazmente" esa carga tributaria "de una manera rentable".
Hasta entonces, para proporcionar un alivio a corto plazo, "los Estados miembros también deberían reducir los niveles de imposición sobre la electricidad y eliminar los gravámenes que financian políticas no relacionadas con la energía", reza el documento de la Comisión.
En nuestro país las tasas que se incorporan al recibo para costear cuestiones de política energética son los cargos del sistema eléctrico, una partida que, previsiblemente, se verá afectada por el nuevo marco comunitario. Se trata de un tipo de costes regulados que se suman al recibo para financiar, entre otras cuestiones, las subvenciones a ciertas energías limpias, el sobrecoste de producción de energía en los territorios no peninsulares o el pago de la deuda eléctrica. Cada año son determinados por el Ministerio para la Transición Ecológica.
De cara al presente ejercicio, la cartera que dirige Sara Aagesen ha vuelto a subir los cargos -así como otros costes regulados, como el del bono social para consumidores vulnerables-, después de tres años de tasas descafeinadas para contener la espiral inflacionista. El coste total de cargos netos para 2025 asciende a 3.500 millones de euros, según las proyecciones del ministerio. Para un consumidor tipo, el coste de esta partida supondrá un 33% más frente al importe del año anterior.
Para entender la distribución de los costes de la luz, Red Eléctrica, la empresa pública que gestiona la red de alta tensión y opera el sistema eléctrico nacional, desgranó las partidas del recibo para el caso de un consumidor doméstico medio acogido a la tarifa regulada. Aunque data de 2019, la referencia es válida al tratarse de un año de normalidad, ajeno al histórico subidón de precios y las sucesivas rebajas fiscales que ha experimentado el recibo en España en los últimos años tras la guerra en Ucrania. Para un coste eléctrico anual de 793 euros, el operador calculó que solo el 33% correspondería a la compra de la energía en el mercado, mientras que el 46% sirvió para costear la parte regulada de peajes y cargos del sistema. El 21% restante corresponderían a impuestos.
En Europa ya ponen cifras al alivio fiscal del nuevo plan verde. El comisario de Energía, Dan Jorgensen, especificó que las actuaciones fiscales enumeradas podrían conllevar ahorros por valor de 45.000 millones de euros ya en 2025, cuando la Comisión espera aplicar la mayor parte del plan de acción. Esta cifra aumentaría progresivamente hasta 130.000 millones anuales para 2030, y crecerá a 260.000 millones anuales para el 2040, según las previsiones de Bruselas.
Pero, a nivel nacional, laminar la carga fiscal del recibo eléctrico abriría un roto no solo a la Agencia Tributaria, también al propio sistema eléctrico. En 2023, el Banco de España cifró en entre 4.700 y 5.500 millones de euros el impacto presupuestario de la reducción temporal del IVA de la electricidad y el gas, y en entre 2.400 y 2.800 millones la rebaja del impuesto especial a la electricidad, que el Gobierno aplicó entre 2022 y 2023 para contener el golpe de la crisis eléctrica. Además, el sistema eléctrico nacional ha fagocitado el superávit acumulado hasta 2023, de más de 6.000 millones de euros, precisamente, para compensar las rebajas de impuestos y otros costes del recibo eléctrico aprobadas en el marco de la crisis de la luz. El fantasma del déficit de tarifa sobrevuela a España y Bruselas apunta a la línea de flotación de las cuentas del sistema.