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Cuenta atrás para Almaraz. A pocos meses de que la central nuclear extremeña llegue a su punto de no retorno, Iberdrola, Endesa y Naturgy están analizando todas las opciones a su alcance para dilatar el cierre de los dos reactores cacereños que, si nada lo impide, arrancará en 2027. Para la terna de propietarias ha empezado a ganar enteros la solicitud formal de una miniprórroga por dos o tres años, hasta 2030, frente a los diez que son habituales, una opción con menos complicaciones administrativas y políticas.
Así lo afirman fuentes cercanas a las conversaciones, que destacan que esta vía tiene varias ventajas. La central extremeña pasó con éxito su último examen de seguridad, una suerte de ITV a la que deben someterse todas las centrales periódicamente, y que implica una auditoría en profundidad por parte de los propios técnicos de la instalación y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El permiso de seguridad vigente para Almaraz tiene validez para el periodo 2020-2030. Es decir, una extensión de la vida útil de la central de dos o tres años estaría aún cubierta por ese certificado de seguridad.
Se trata de un trámite distinto, pero complementario, a la autorización de explotación que es, en definitiva, el que pone fecha de caducidad a la actividad. Habitualmente, se renueva cada década. Pero una prórroga a 10 años implicaría tener que pasar un nuevo examen de seguridad, pues la vida útil llegaría hasta 2037, siete años más de los cubiertos por el citado certificado.
El trámite de seguridad implica, entre otras acciones, anotar todas las incidencias, los deterioros o las mejoras ejecutadas en la instalación en los últimos 10 años. Además, obliga a realizar una recopilación de los fallos registrados en centrales gemelas de otros países del mundo, generalmente de Estados Unidos y Francia. En definitiva, un proceso largo que significaría no llegar a tiempo en Almaraz.
Los reactores de Almaraz I y II están en manos de la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT). Iberdrola es su principal accionista, con el 52,7%, seguida de Endesa, que posee el 36%. Naturgy posee el 11,3% restante. La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán es, por tanto, la que está llevando la voz cantante en las conversaciones, si bien, cualquier decisión de calado debe tomarse por acuerdo unánime de los tres socios. Por el momento, la sociedad conjunta no ha planteado oficialmente un plan de prórroga, si bien, fuentes cercanas apuntan a que todos los socios estarían dispuestos a respaldar una extensión por ese periodo corto de tiempo.
«El margen acaba en primavera», asegura una fuente empresarial sobre el plazo para pedir la extensión de la vida útil de la central. Y aún quedan varios flecos por cortar. Entre ellos, la cuestión fiscal. Y es que para alguna de las empresas promotoras, aliviar los impuestos que soporta la energía nuclear sigue siendo condición sine qua non para valorar la prórroga. La negociación se está llevando a cabo en dos frentes.
A nivel autonómico, con la Junta de Extremadura que lidera la popularMaría Guardiola. De ella depende la ecotasa, impuestos regionales que fijan las Comunidades Autónomas y que, en promedio, representa 5 euros por cada megavatio hora (€/MWh). Se trata de una parte relevante de los alrededor de 28,2 €/MWh de carga fiscal que soporta el sector. Fuentes cercanas a la negociación aseveran que la vía regional es casi un callejón sin salida. «Guardiola ha insistido, en público y en privado, en que no tocará los impuestos».
El segundo frente de negociación está en Madrid, en el Ministerio para la Transición Ecológica. El Gobierno ha puesto pie en pared en lo que respecta a bajar los impuestos a la nuclear, pero las eléctricas están planteando una vía diferente que también aliviaría la presión fiscal. Se trata de lograr que la cartera de Sara Aagesen permita computar los dos o tres años más de actividad de Almaraz en el cálculo de la llamada tasa Enresa, el pago que las dueñas de las centrales realizan anualmente a un fondo de gestión estatal para costear el desmantelamiento nuclear. A más años de operación, menor coste anual de la tasa.
«Con cualquiera de las dos opciones, los números serían justos, pero saldrían», apuntan fuentes del sector. Sin embargo, los mismos propietarios de las centrales han empezado a interiorizar que, incluso sin un recorte de impuestos, mantener Almaraz es mejor, a nivel contable, que entrar en fase de desmantelamiento. El antecedente de Santa María de Garoña, cuya autorización de explotación fue denegada por el Gobierno en 2017, pero cuya titularidad no fue asumida por el Estado hasta 2023. En todo ese tiempo, Iberdrola y Endesa, dueños de la instalación, asumieron el coste de mantenimiento de Garoña sin poder comercializar ni un megavatio. El caso derivó en demandas judiciales por parte de las compañías contra el Gobierno.
Salvar la legislatura
Con una prórroga hasta 2030, las eléctricas lograrían superar la legislatura. Esto implica llegar al punto de revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta donde el Gobierno refleja los objetivos de despliegue renovable, despliegue de coche eléctrico, etc. Aunque Aagesen lideró la última revisión, el plan se basó en los planteamientos heredados de su antecesora, Teresa Ribera. Con la ex vicepresidenta del Gobierno en Bruselas defendiendo un planteamiento mucho más moderado sobre la energía atómica, en el sector prevén que la próxima revisión del PNIEC pueda realizarse desde un ángulo menos ideológico y más técnico. Máxime, cuando ya nadie en el mundo energético confía en que los hitos del Plan vayan a cumplirse, por tanto, se asume que la nuclear va a seguir siendo necesaria para la seguridad de suministro.
Desde la plataforma Sí a Almaraz, sí al futuro ya han reaccionado a la información de EL MUNDO. "Sin duda, es una gran noticia que las empresas propietarias de Almaraz estén buscando todo tipo de fórmulas que hagan viable su continuidad", asevera su presidente, Fernando Sánchez, quien indica que una posible prórroga de tres años sería "muy positiva y permitiría hacer un análisis más sosegado de una extensión de la vida útil" más allá de ese periodo. "Nuestra planta está preparada para ello", insiste.