Segismundo García (A Pontenova, Lugo 1951) lleva cuatro décadas vinculado a la emblemática compañía gallega Sargadelos, de la que posee la práctica totalidad del accionariado y es administrador único. Su figura es ya indisoluble de la de la marca que él mismo considera principal embajadora de Galicia en el resto del mundo y esa conexión se puso negro sobre blanco ayer al anunciar el cierre de su fábrica de Cervo (Lugo). Lo comunicó a la Inspección de Trabajo en una carta mezcla de mordacidad y 'retranca' gallega, afeando trabas administrativas constantes a su actividad y dejando ver que estamos ante un asunto, para él, personal.
A esas trabas se encomendó para justificar el cierre y dio rienda suelta a una pluma ácida y afilada, herencia de su pasado como periodista y alimentada en su papel actual como opinador en el periódico local El Progreso de Lugo. No faltó el sarcasmo que quienes le conocen aseguran que saca a relucir a diario, y que le llevó a cerrar esa misiva con un consejo: "Quizás, y si no es injerencia en su altísima encomienda normativa e inspectora, les sugeriríamos que aprovechasen estas instalaciones para acometer un Centro de Interpretación de la Cerámica. Iniciativa muy valorada por la clase ilustrada e inocua para la salud".
Formado en Ciencias de la Información, ejerció la profesión periodística, pero pronto vinculó su trayectorial a Sargadelos, en cuyo Patronato -hoy disuelto- entró a formar parte en los 80 como socio del Instituto Galego de Información (IGI). Poco a poco se fue haciendo con su propiedad, hasta lograr su predominio actual y la libertad para tomar las decisiones que considere más convenientes, por mucho que resulten sorprendentes como esta última. Lo anunció de forma inmediata, "hoy mismo", dijo por carta, y sin dar opción a réplica.
Rechazó también dar declaraciones a los medios, convencido de que la incisiva carta ya lo dice todo. No es su forma de actuar habitual, pues suele responder a las consultas que le trasladan los periodistas y abre las puertas de sus instalaciones a todo aquel interesado en retratar esta marca que, con él al frente, superó momentos duros como el concurso de acreedores de hace una década, y que hoy vive, a nivel económico, un momento dulce.
En esas visitas siempre presume de la historia de un grupo que tiene sus cimientos en un complejo siderúrgico puesto en marcha en 1791 por Antonio Raimundo Ibáñez, primer Marqués de Sargadelos, y una fábrica de loza de estilo inglés de 1803, y cuya fama actual empezaron a labrar los intelectuales gallegos Isaac Diaz Pardo y Luis Seoane a mediados del siglo XX. Hombre culto y cultivado, presume de tradición y de vanguardia y de la valía de sus trabajadores. Ayer, a 90 de ellos, los dejó en la calle. Continuará abierta la fábrica coruñesa de Sada y el resto del grupo, pero este cese duele por afectar a las entrañas de la marca.
Ya en el pasado protagonizó reacciones viscerales como sus acusaciones a "presiones sindicales" en 2018 que aseguraba que ponían en riesgo a la compañía, pero ninguna tan drástica como esta, cuyo origen se sitúa en una inspección de trabajo que detectó 36 deficiencias en la planta ahora afectada, que lleva fabricando porcelana más de 200 años y está declarada Bien de Interés Cultural.
Esa inspección detectó deficiencias vinculadas con la salud de los trabajadores, como la posible exposición a sílice cristalina. En esa carta, además de explicar su "dificultad para respetar y acometer la ingente normativa vigente", justifica que le parece "obligado no demorar el cierre" para "evitar multas, sinsabores y dar satisfacción cumplida a esa solicita inspección" y hace mención, precisamente, a que "según dicen, nuestra salud corre peligro" y, por lo tanto, "la salud de los operarios, por parte de esta dirección, ya está protegida en la medida de sus posibilidades desde el mismo día de hoy", con este cierre.
"Líbrenos la providencia de pretender lucrarnos con la enfermedad o la desgracia ajena", interpela a la inspección, a la que también pide que no interprete su actitud como un 'lock out' o cierre empresarial. "Disfrutábamos tanto con la gestión empresarial como padecíamos con sus constantes requerimientos y presuntuosa suficiencia", le responde, en esa combinación a partes iguales de reproches e ironía.
La misma mezcla que usa para explicar que cierra ante la "imposibilidad de resolver en plazo las deficiencias y faltas que esa eficacísima Inspección ha detectado" y recuerda que la declaración de BIC de las instalaciones exigen un plus de trámites administrativos que ya saben que "por pasadas experiencias, demora entre seis meses y un año (con suerte)". Le resulta, por lo tanto, "imposible cumplir sus plazos", de tres meses, para subsanar esas deficiencias.