Aena perdió en Las Cortes, que legisló en su contra, y ha perdido en casi todos los litigios judiciales con los grandes del duty free, pero la perseverancia le ha dado un fruto inesperado y que puede añadir cientos de millones en su cuenta de resultados.
Al origen de esta situación le llaman DF7 para abreviar cuando hablan de la insólita Disposición Final Séptima de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 2021. Es la norma que fuerza a Aena, el gestor aeroportuario de mayoría estatal, a compensar con cientos de millones a tiendas de duty free por los beneficios perdidos en la pandemia. Los lobistas de este sector se movieron bien, y Las Cortes llegaron a aprobar esta disposición, incluso con abstención del PSOE pese al boquete que hacían a Aena. La DF7 obligó al grupo a rebajar el alquiler a estas empresas en la llamada la Renta Mínima Anual Garantizada tanto en 2020 "como en todos los años posteriores hasta que el volumen anual de pasajeros del aeropuerto sea igual al que existió en 2019". Es decir, rebaja no hasta regresar a años ordinarios, sino a 2019, que fue récord. La evolución del tráfico aéreo ha ido mejor de lo previsto y la última estimación de la DFT son unos 300 millones. Es un daño que Aena se resiste a perder y acaba de hallar una vía. Se trata de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 19 de febrero que -según interpretan el presidente de Aena, el socialista catalán Maurici Lucena, y su equipo- permite volver a empezar de cero el choque e incluso reclamar los pagos de alquiler no recibidos. El Supremo rechaza un recurso de Aena para no compensar a la empresa Airfoods por sus tiendas en el Aeropuerto de Santiago de Compostela, pero no porque crea que carezca de motivos, sino porque se declara incompetente en el caso. La Sala de lo Civil resalta que no se trata de compensar a inquilinos por la pandemia, sino a concesionarios y que, por tanto, corresponde a otra vía, la de lo contencioso-administrativo, para dirimir el caso. Por tanto, "declara la nulidad de todas las actuaciones desde la admisión a trámite de la demanda". Airfoods y Aena vuelven a la casilla cero. Y como este caso concreto es similar al resto de beneficiarios por la DF7, los responsables jurídicos de Aena, Elena Roldán y Pablo Hernández-Lahoz, ven pista de aterrizaje para plantarse ante todos los demás grupos y obligarles a reiniciar de cero los pleitos. Se encomiendan a la vía contencioso-administrativa , donde creen que pueden entender mejor su caso y, mientras tanto, pueden exigir a los inquilinos que se pongan al corriente de pago al haber dictado el Supremo una sentencia que invalida todo hasta la fecha y hace insegura la DF7, según su interpretación. Rebrota su esperanza de que en la nueva vía se termine llegando a la conclusión de que la DF7 es inconstitucional por expropiatoria.
En Aena insisten en que su pulso no es contra pequeños propietarios de tiendas -aseguran que con la gran mayoría llegó ya a un acuerdo compensatorio- sino contra las grandes del sector: la suiza Avoltea (la antigua Dufry) y la española Áreas, principalmente. "Me sigue estremeciendo recordar que se traspasan 300 millones de euros de los bolsillos de los accionistas de Aena, todos nosotros, a grandes fondos de inversión, fondos soberanos, y a ejecutivos, que se han llevado auténticas millonadas relacionadas con las rebajas de los alquileres", protestó Lucena en el Senado en 2022. Se refería a que ejecutivos de Dufry cobraron bonus esos años ligados a su exitosa DF7.
El caso es surrealista, porque nos encontramos con una empresa de mayoría estatal que intenta defenderse de una dentellada del sector privado apoyada por una ley que puede ser inconstitucional. Es lógico que Aena tuviera que aceptar una fuerte rebaja en la pandemia, pero la DF7 colocó esa compensación en un peldaño muy alto. Es verdad también que el quebranto potencial no hunde a Aena, que obtuvo en 2024 unos beneficios récord de 1.934 millones y que vale en Bolsa 32.000 millones. Acaba, de hecho, de cumplir diez años desde su privatización parcial y se ha revalorizado cerca de un 275% con respecto a los 58 euros con los que salió al parqué. Aquello un despegue en el que se ha visto después que falló toda la torre de control, por vender tan barato. La lección de todo esto es que, ya que el Estado no anda sobrado de empresas que valgan 32.000 millones, todos los poderes del Estado deben afinar más en el futuro en todo lo que deciden sobre este gestor aeroportuario.