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Partido Popular y Vox afrontan ya un nuevo capítulo en sus relaciones. Tras un verano marcado por la ruptura de los gobiernos de coalición que conformaban en cinco autonomías, la tramitación de los presupuestos en las comunidades se presenta como la ocasión para acercar posturas, o para ratificar el alejamiento.
Si el pasado julio la decisión de poner punto final a la presencia de Vox en los ejecutivos autonómicos fue una orden directa de la cúpula nacional, las negociaciones de las cuentas para 2025 parecen llevar el mismo camino. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ya aseguraba la semana pasada que la decisión será "unitaria", consensuada con los dirigentes de las CCAA, pero con la última palabra tomada desde el seno del partido. Este lunes, en la rueda de prensa posterior al Comité de Acción Política del partido, Garriga ha insistido en este sentido: "Estamos trabajando en un marco de negociación para todas las autonomías".
Ese documento, que se hará público en los próximos días, determinará que sí y que no pueden convenir los dirigentes de Vox en cada región. Hasta qué punto pueden ceder, y qué aspectos no son negociables. "Serán directrices comunes a todas las comunidades, para que luego cada una de ellas las 'baje' y las adapte a su contexto", señalan fuentes de la directiva nacional.
Aunque el texto definitivo aún no está cerrado, la inmigración apunta a ser el asunto principal de la agenda y el que más escollos provoque a la hora de convenir las cuentas públicas con los barones populares. Ya fue el factor que provocó la ruptura de los gobiernos autonómicos y ahora en Bambú rechazan apoyar cualquier presupuesto -tanto en autonomías como en ayuntamientos- "si se mantienen las ayudas a inmigrantes ilegales o se sigue autorizando su reparto".
Más allá de este asunto, la bajada de impuestos y la oposición a la Agenda 2030 formarán parte también de las indicaciones que la cúpula transmitirá a los dirigentes regionales, según confirman fuentes del partido a nivel autonómico. En síntesis, la premisa entre los de Santiago Abascal es la de oponerse a cualquier presupuesto "que asuma las tesis del PSOE en cualquier materia".
Garriga ha sido muy crítico con los barones del PP con los que un día compartieron gabinetes de Gobierno, pues considera que han tomado "una deriva de estafa política permanente" al rechazar ahora algunas de las propuestas que un día suscribieron con Vox. Ejemplo de ello es lo sucedido en las Cortes de Castilla y León, donde previsiblemente el pleno tumbará el próximo miércoles la proposición de Ley de Concordia que presentaron en conjunto PP y Vox, pero a la que ahora los populares se oponen.
Pese a este y otros choques que ambas formaciones vienen protagonizando en las últimas semanas, fuentes de la directiva nacional de Bambú aseguran que "queda partido" respecto a la posibilidad de sacar adelante presupuestos autonómicos con el PP. Las negociaciones ya han comenzado. El presidente castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco se reunió el pasado lunes con el que hasta julio era su segundo, Juan García-Gallardo, aunque sin demasiados avances en materia de las cuentas públicas, según transmiten fuentes del partido en las Cortes. En la Comunidad Valenciana, el PP de Carlos Mazónno cierra todas las puertas a pactar los presupuestos con sus antiguos socios, pero marca la política migratoria como línea roja.