La disolución de la Fundación Francisco Franco está más cerca que nunca. El Congreso de los Diputados ha dado el primer paso para cambiar la ley que regula las asociaciones para favorecer la supresión de aquéllas que hagan "apología del franquismo", ya sea por ensalzar el golpe de Estado de 1936 o la dictadura o por hacer enaltecimiento de sus dirigentes.
La proposición de ley presentada por el PSOE ha sido admitida a trámite por una amplísima mayoría de diputados (314 a favor), entre ellos, los del PP. La otra cara ha sido Vox, que es el único partido que ha votado en contra. Nadie se ha abstenido. Con este amplio consenso da comienzo a partir de ahora el camino parlamentario hacia su aprobación.
Este cambio legal pretende rematar uno de los asuntos pendientes que dejaba la Ley de Memoria Democrática de 2022, que ya instaba a que en el plazo de un año se presentase una iniciativa como ésta para actuar contra las asociaciones franquistas. Al final, no se ha tardado un año, sino dos, pero se da cumplimiento a ese mandato.
La proposición de ley impulsada por el PSOE modifica la Ley Reguladora del Derecho de Asociación de 2002 para añadir en un artículo único un nuevo motivo para disolver una asociación. El texto dice literalmente que "será causa de disolución" la realización de actividades que constituyan "apología del franquismo, bien ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior o bien enalteciendo a sus dirigentes" cuando concurra "menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas" o cuando se produzca "incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales".
La disolución de una asociación por este motivo dependerá de los jueces. Sólo podrá quedar extinguida mediante "resolución judicial". Además, se establece que "corresponderá al Ministerio Fiscal el ejercicio de la acción en este tipo de procesos".
La reforma que se tramita en el Congreso blinda la actuación contra las asociaciones franquistas al margen de que éstas puedan camuflarse bajo estatutos que sean a priori inocuos sobre su razón de ser. Se corta esa vía de escape al establecer en el articulado que el motivo de disolución se aplicará "con independencia de los fines" teóricos y de las "actividades sociales" plasmadas en los estatutos o en su inscripción en el registro.
El cambio legal acorralaría expresamente a la Fundación Francisco Franco, fundada un año después de su muerte y presidida ahora por Juan Chicharro, entre cuyas actividades está la promoción de la figura del dictador y la defensa de sus actuaciones. Es precisamente por eso por lo que siempre ha estado en cuestión, pero más aún al calor de las dos leyes de Memoria impulsadas por el PSOE. De hecho, el actual Gobierno de coalición ya había intentado acabar con dicha asociación por otras vías. Fue el pasado mes de junio cuando el Ministerio de Cultura, que lidera Ernest Urtasun (Sumar), anunció que iniciaba el procedimiento para recabar información para denunciar a dicha asociación ante la Justicia para tratar de conseguir su extinción por la Ley de Memoria de 2022.
De ese proceso apenas se conocen novedades más allá del anuncio de las actuaciones, así que parece más plausible que se consiga el objetivo una vez que la reforma legal ahora aceptada acabe su tramitación parlamentaria en el Congreso y el Senado y se publique en el BOE. Ahí ya sí el proceso de disolución podría arrancar con más garantías en los tribunales empujado por una denuncia de la Fiscalía.
Debate con bronca
El debate de la proposición de ley durante el Pleno del Congreso dio lugar a un fuerte choque entre el PSOE y el PP, que por momentos fue bronco y tuvo constantes interrupciones cuando se desvió hacia temas de actualidad como los presos de ETA o el caso de Begoña Gómez. La escalda de tensión casi acaba con el diputado del PP expulsado de la tribuna.
Jaime de Olano recriminó al PSOE haber convertido a Franco en un "comodín" y defendió que su partido condenó la dictadura en 2002 y otras muchas veces más. Echó en cara al PSOE que no haga lo mismo con "todas las dictaduras" y le llamó "cobarde" por ser sólo "valientes con los dictadores muertos" pero no así con los "vivos" que hay en Latinoamérica y otros países. Así, anunció que presentarán una enmienda para que hacer apología de ese tipo de "dictaduras" también sean una causa de disolución.
Olano encendió a los socialistas cuando les acusó de permitir la exaltación de Hamas o de ETA y se preguntó "en qué clase de estercolero moral ha convertido Sánchez al PSOE". Fue uno de los momentos más tensos y que acabó con un rifirrafe con Santos Cerdán, del que no se escuchó lo que dijo desde su escaño pero al que Olano respondió con un "no, sinvergüenza es usted y lo dicen muchos de sus compañeros".
En una nueva llamada del PP al PSOE para retirar la iniciativa que excarcelará etarras, Olano sentenció que los socialistas elegirán a Sánchez "antes" que la "dignidad" y "a ETA" antes que "a las víctimas".
Previo a esto, y relacionado con la iniciativa en sí, el socialista Raúl Díaz retó a los populares a "retratarse" en la votación y a demostrar si el Feijóo que iba a pronunciarse era el "moderado" o el "amigo de Vox".
Precisamente desde Vox llegaron las críticas más ásperas contra los motivos de la reforma para perseguir a las asociaciones que hagan apología del franquismo. Cargó contra el PSOE por pretender "imponer su ideología" desde el "sectarismo" y de "ignorar unas víctimas" en beneficio de otras.
Luego Íñigo Hoces remató con una diatriba contra el PSOE para acusarlo de tener una "historia aterradora y criminal" que sería motivo, a su juicio, para proceder a la disolución de las asociaciones ligadas al PSOE y también al PCE por su vinculación con "golpes, crímenes y torturas". El PSOE respondió con sorna al capítulo del "nodo" en "blanco y negro" vivido con Hoces: "No es una competición de quién es más facha".