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En la batalla diaria en que se ha convertido la política nacional asumir culpas, responsabilidades y errores es una rara avis. Los partidos siempre encuentran un argumento por extravagante que sea para zafarse de las equivocaciones aunque estas sean palmarias.
En esta ocasión, tras el fiasco de la negociación llevada a cabo por el Gobierno para tratar de endosar una reforma fiscal de calado en la transposición de una directiva europea que pretende unificar un impuesto mínimo común para las multinacionales y grandes empresas, los socialistas se atienen a las generales del escapismo político en público pero, en privado, admiten que el Gobierno ha cometido «una equivocación» que puede tener graves consecuencias.
Con los micrófonos delante insisten en que lo vivido en la noche del lunes y la madrugada del martes en la Comisión de Hacienda no es sino el fruto de la «compleja aritmética parlamentaria que decidieron los españoles en las urnas», un puzle difícil de encajar que obliga a llevar a cabo negociaciones a varias bandas con interlocutores contradictorios y, a menudo, jugando contra el reloj. Y añaden que, en esas condiciones, no se puede tachar de «esperpento» y «bochorno» lo acontecido en la comisión, sino más bien de demostración de lo que «es la democracia».
El análisis, sin embargo, se matiza sustancialmente en los círculos privados y en las conversaciones de tú a tú. Ahí es cuando sale a relucir el desconcierto en el que se ha sumido el grupo parlamentario tras comprobar el lío monumental que ha ocasionado «el error de cálculo del Gobierno» y las dificultades objetivas que existen para lograr reconducir la situación antes de que mañana el Pleno del Congreso tenga que pronunciarse sobre el dictamen de un proyecto de ley que lleva adosado todo un abanico de enmiendas vivas que fueron, precisamente, las que provocaron la guerra en comisión.
Nadie se atreve de momento a vaticinar lo que pueda suceder. Los socialistas confían en que el Gobierno podrá convencer a sus socios de la necesidad de dar luz verde al proyecto de ley que aúna la transposición urgente de la directiva europea y un paquete fiscal que venden como imprescindible para fortalecer las arcas públicas y el Estado del Bienestar, pero son conscientes de que el empeño se presenta muy cuesta arriba.
Admiten que el Ejecutivo ha cometido «una equivocación cuando consideró buena idea» aprovechar la transposición de la directiva europea que plantea un impuesto mínimo para las empresas de gran magnitud, para introducir en el mismo proyecto sus propuestas de reforma fiscal, muchas de las cuales son subidas de impuestos para contribuyentes y empresas.
Una vez visto el descalabro de la
negociación, reconocen que lo apropiado hubiera sido plantear ambas cosas por separado. De esta manera, la directiva europea habría sido aprobada sin dificultades con el voto a favor de la mayoría de la Cámara, porque todos son conscientes de que asumir esa norma -por otra parte, de obligado cumplimiento so pena de sanción- abre la puerta a una nueva entrega milmillonaria de fondos europeos. Y una vez logrado esto, plantear la reforma fiscal para negociarla, debatirla y votarla ordenadamente con las distintas formaciones. Esta fórmula habría permitido incluso trocear las propuestas tributarias agrupándolas en bloques separados de manera que la oposición a uno no impidiera la aprobación de otros. De hecho, tras el tropezón, el Gobierno plantea desgajar en un decreto ley una de las propuestas que más controversia suscita: el gravamen extraordinario a las compañías energéticas.
Ayer, tanto la oposición como los propios aliados coincidían en reprochar al Gobierno el haber planteado la negociación como en una «lonja», en palabras del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, o como en una «subasta», según el portavoz del PP, Miguel Tellado para acabar, como señaló este último, con «un monumento a la chapuza».
Los socialistas son conscientes de que la fórmula empleada por el Ejecutivo para tratar de aprobar por la puerta de atrás una reforma fiscal ha sido un fracaso que ha generado un profundo malestar en los partidos a los que considera aliados, enfrentando a unos con otros y «alimentando peligrosamente la desconfianza» hacia el Gobierno. Lo sucedido pone negro sobre blanco que el Ejecutivo no se sostiene sobre un grupo compacto y los propios socios recuerdan que lo que se ha dado en llamar bloque de investidura «no es de legislatura».
En el PSOE asumen ahora lo que es obvio: las subidas de impuestos, las deducciones, los gravámenes, en definitiva, las propuestas fiscales, suscitan sensibilidades encontradas y despiertan los matices más ideológicos y los intereses más enraizados en los actores políticos. Someter a este test de estrés a partidos variopintos es tentar la suerte y sembrar el camino de obstáculos para los aún nonatos Presupuestos del Estado.