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De todas las banderas que ondea Vox, la de la lucha contra la inmigración irregular vertebra al partido en toda su jerarquía. Desde Santiago Abascal hasta el concejal del último pueblo, todos en la formación hacen suya esta causa en defensa -alegan- de la "seguridad". Así, este es uno de los pilares ideológicos de Vox, y también uno de los puntos que más lo alejan del PP, algo que en la sede central de la calle Bambú de Madrid aprovechan para hacer de su oposición a la llegada de "ilegales" la moneda de cambio con la que presionar a los populares. A nivel estatal y, sobre todo, en la escala regional, donde el PP aún depende de los de Abascal para muchas cosas.
El Gobierno, Canarias y Génova se reunirán mañana para retomar las conversaciones y avanzar en la reforma de la Ley de Extranjería y la distribución de menores migrantes, con el horizonte puesto en aliviar el drama que vive el archipiélago. Vox no tiene voz en dichas negociaciones, pero sí quiere hacerse oír y ha activado a todos sus dirigentes autonómicos y municipales para hacer llegar su mensaje al PP: si pacta con el Gobierno, y los territorios asumen el reparto de los niños, "todo se irá al traste". Un "todo" con el que se refieren a los presupuestos de los gobiernos autonómicos que Vox abandonó el pasado julio y, también, a los Ejecutivos de coalición que mantienen con los populares en decenas de alcaldías.
El portavoz del partido lanzó el primer aviso el lunes, en una rueda de prensa. Sin ser preguntado por ello, José Antonio Fúster trajo a colación el asunto para avisar de que "así", con el PP volviendo a la mesa de negociación sobre inmigración, "es muy difícil aprobar presupuestos". Ayer, Pepa Millán insistió en esa idea. Fuentes de la dirección de Vox reconocen que se trata de una llamada de atención a Génova pues, pese a que sus conversaciones con el PP en la escala regional "avanzan", un pacto a nivel nacional para redistribuir a los menores lo cambiaría todo.
El aviso a navegantes que venía difundiéndose en las últimas horas en forma de declaraciones se hizo ayer más explícito en el Parlamento balear: Vox rechazó las cuentas presentadas por el Ejecutivo popular de Marga Prohens. El gesto no es un bloqueo definitivo a la norma, que deberá volver a votarse en el Pleno en dos semanas, pero sí sirve como órdago al PP en una autonomía en la que las posturas parecían acercadas. El no de Vox responde a un desencuentro con los populares sobre la eliminación del catalán en la función pública, aunque desde la cúpula del partido transmiten que la negociación allí "sigue avanzando, pese a esta historia". Prohens había cedido a las peticiones de Bambú en materia migratoria, y por ello sus cuentas estaban cerca de tener la luz verde de Vox.
En las otras cinco autonomías en las que el PP depende de los de Abascal para aprobar sus presupuestos, hay de todo. Mientras en Extremadura "va la cosa encarrilada" -a juicio de Vox- y en Comunidad Valenciana prevén sentarse la semana que viene a hablar con Carlos Mazón, en Castilla y León la cosa se da por "pérdida". En Aragón y Murcia habrá que ver "partida a partida", apuntan desde la dirección de Vox, e insisten una y otra vez en la misma consigna: todo dependerá de si los presidentes del PP "resisten" ante una hipotética "orden" de Génova para distribuir migrantes o destinar fondos públicos a atenderlos.
El despliegue político y ofensivo de los de Abascal para presionar al PP y tratar de evitar que pacte con el Gobierno se materializa también en el ámbito local. Más de un centenar de alcaldes populares dependen de Vox para aprobar sus cuentas, y en Bambú quieren aprovechar la ocasión para introducir medidas contra la inmigración ilegal en los consistorios. O eso, o no hay pacto; esa es la idea.
Para coordinar esa estrategia municipal, y como un último golpe de efecto antes de la reunión de mañana, Vox cita hoy a su Grupo de Respuesta Nacional sobre Seguridad, lo que ellos denominan su "comité de sabios". Se trata de un órgano nuevo en el partido, presidido por Samuel Vázquez -portavoz en esta materia-, y que reunirá a 13 concejales de Vox venidos de toda España. Los elegidos no son fortuitos: se trata de los ediles del partido encargados de cuestiones de Seguridad en alcaldías cogobernadas por PP y Vox. Es decir, concejales que tienen en sus manos tumbar consistorios del PP si no se escuchan sus peticiones en materia migratoria. Uno de ellos, el de Burgos, ya lo hizo: rompió el pacto con los populares por negarse a financiar ONGs que ayudan a migrantes.