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No se disimula. Y cada vez se oculta menos. No es que no haya sintonía entre el poder ejecutivo y el judicial. Es que en el Gobierno hay un profundo malestar con determinadas decisiones y actuaciones judiciales. La investigación al fiscal general del Estado es uno de los asuntos. Pese a que su situación judicial ha ido empeorando, y ahora ha sido citado a declarar en el Tribunal Supremo como imputado, La Moncloa mantiene un cierre de filas total. "Máximo apoyo y máxima confianza en el fiscal general". Y no sólo eso, sino que el hecho de que el juez de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Ángel Hurtado apunte a "Presidencia del Gobierno" por "revelar secretos" del novio de Ayuso es calificado de "elucubraciones".
Se podría decir que el malestar va in crescendo. A las investigaciones a Begoña Gómez y David Sánchez se suma la causa abierta contra Álvaro García Ortiz. El juez ha citado a declarar a Álvaro García Ortiz, como sospechoso de haber revelado información reservada de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso,al considerar apuntalada la presunta participación de ambos en los hechos delictivos tras las diligencias desarrolladas hasta ahora, y en particular en los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Su decisión ni es entendida ni es compartida por el Gobierno. "Hemos conocido un auto donde no hay una prueba que señale al fiscal general. No comprendemos ni compartimos la decisión sobre su imputación". Desde el primer momento el Gobierno, con Pedro Sánchez, se ha comprometido en la defensa de García Ortiz. Abiertamente. Criticando las decisiones judiciales que se han ido tomando y en una estrategia de tratar de poner el foco en Isabel Díaz Ayuso y su pareja, además de en Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidente madrileña.
"El origen del delito está donde está. Y está en la pareja de la señora Díaz Ayuso, que hace casi un año conocimos por parte de su abogado que había cometido dos delitos fiscales y estas alturas, que sepamos, todavía no ha declarado", ha expuesto Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, tras la reunión del Consejo de Ministros. "Los bulos, las mentiras y las filtraciones están en el jefe de Gabinete de Ayuso, que no ha dudado un minuto en usar todos los recursos y amenazas con el objetivo de tapar y proteger a Ayuso y su pareja".
Pero el auto del juez Hurtado lo que hace también es poner el foco en "Presidencia del Gobierno" en la investigación que se sigue sobre una supuesta revelación de datos de la pareja de Ayuso. En su texto, incluye que "con salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno", circuló el mismo correo bajo investigación de 2 de febrero de 2024, y de ahí al medio de comunicación elplural.com.
"No hay ninguna base documental"
"Llegado a Presidencia del Gobierno", prosigue el juez, "se puso a disposición del testigo Juan Lobato Gandarias, portavoz del Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid, al objeto de que hiciera uso de él, con una clara finalidad política, en la intervención que tendría la mañana del día 14 en el Pleno dicha Asamblea.
Hurtado resalta que el aún entonces líder de los socialistas madrileños, "en una primera transmisión que recibe" del correo reconociendo los delitos, "plantea sus dudas de que se hubiera publicado en algún medio, hasta el punto que pide que se le confirme este extremo, pues, como diría en WhatsApp que envía a las 08:44:19 'Porq si no parece q me la ha dado la fiscalía', o en el que envía a las 09:00:49 'Y pilar quiere q yo saque el mail de fiscalía. Q no ha salido pero que lo saque yo. No puede ser'".
Vistas sus reticencias, prosigue relatando el auto, "desde Presidencia del Gobierno se hacen gestiones para la publicación en el medio 'elplural.com' del correo de 2 de febrero de 2024 entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal, donde aparece, pero con los datos personales tapados, que es el que muestra en la Asamblea Juan Lobato, y que no lo estaban en el correo que con anterioridad había recibido él de Presidencia".
El Gobierno defiende que el fiscal general no filtró nada y que lo que sí hizo fue tratar de desmontar un "bulo", dicen, por parte del jefe de gabinete de Ayuso. Alegría ha evitado "valorar elucubraciones", así ha calificado el escrito del juez. "No hay ninguna base documental. Las afirmaciones se tienen que sustentar en indicios y aquí no los hay".