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En el ámbito policial nadie está contento con el acuerdo de mínimos que parece estar cercano entre el Gobierno central y la formación del huido Carles Puigdemont. Un pacto que supondrá que los Mossos se sumen a policías y guardias civiles en las labores de control de la inmigración en Cataluña en una especie de equipos conjuntos.
Como ya adelantó este periódico, los Mossos nunca solicitaron esta competencia. De hecho, pese a existir este compromiso de Pedro Sánchez desde marzo, no estaba en el orden del día de la última Junta de Seguridad con el Ministerio del Interior del pasado diciembre. Si se concreta este acuerdo político, el giro en la Policía autonómica va a ser copernicano. Porque hasta ahora se contemplaba esta cesión como inviable y se advertía de que podía generar un «caos». Los Mossos han recibido la medida con los pies arrastrados.
«Es un quiero y no puedo», apuntan, insistiendo en que la situación policial será muy complicada. Pero sí dejan claro que, si se avanza en esos equipos conjuntos, esa cogestión conllevará indefectiblemente un «necesario aumento de la plantilla». «Con los que somos ahora no podemos asumir una gestión tan compleja y delicada», apuntan estas fuentes. Y recalcan que aprovecharán la situación para tratar de ganar terreno, efectivos y fuerza en su territorio. Este nuevo escenario les permitirá acelerar sus reivindicaciones de aumento de plantilla, que, por cierto, costea el Ministerio del Interior.
La Generalitat también tiene muy claro que la cesión del control de la inmigración tiene que venir aparejado con un aumento de la plantilla, ya que con las actuales cifras de efectivos de los Mossos «no tienen capacidad de asumir más competencias». Por ello, la consejera de Interior, Núria Parlon, aconseja a Junts que, «con la misma ambición que exige el traspaso del control de las fronteras», se sume a la demanda de la Generalitat de conseguir un incremento del número de agentes hasta llegar a 25.000 en 2030, un plan que puede hacerse realidad antes de esta fecha, según las fuentes consultadas.
En la Junta de Seguridad de diciembre, el Govern arrancó el compromiso de crear una comisión con Hacienda para estudiar la incorporación de 3.000 nuevos policías en los próximos cinco años. Ese es el objetivo del Ejecutivo de Salvador Illa. En los primeros seis meses de mandato, la propia Parlon ha mantenido varias reuniones con alcaldes del área metropolitana de Barcelona, y también de otras poblaciones de Cataluña, en las que ha comprobado que el sentir general es que faltan recursos en las comisarías.
El acuerdo vigente entre el Gobierno de Sánchez y la Generalitat es que la actual plantilla de 19.000 mossos debe crecer hasta los 22.000. Así lo pactaron en noviembre de 2021, con ERC en el Govern, después de más de una década sin variar el techo acordado en 2006 (18.200 agentes). Con esa subida de un 20%, la ratio de policías autonómicos pasaba de 2,37 por cada 1.000 habitantes a 2,63, un 11% superior. El entonces consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, calificó ese refuerzo como «la noticia más relevante para la seguridad de Cataluña de los últimos 15 años».
Malestar en la Policía: «Vamos a tener que llevarlos de la mano»
En 2024, el Gobierno abonó 93,5 millones de euros a la Generalitat como primer pago de los 1.600 millones acordados un año antes en la comisión mixta de asuntos económicos y fiscales Estado-Generalitat para hacer posible la incorporación de 3.000 nuevos policías. Esa cantidad se sumaba a los 1.000 millones entregados entre 2021 y 2023 en concepto de atrasos y de revisión de la financiación del cuerpo acordada en 2018.
El incremento hasta 25.000 agentes exigiría una nueva inyección económica del Ejecutivo de Sánchez. «Cuantas más competencias tengamos, mejor, pero para desplegarlas y ejercerlas bien necesitamos recursos», reivindicó el lunes la consejera Parlon cuando anunció que, probablemente en septiembre, los Mossos ya tomarán el control de la seguridad en los aeropuertos y puertos catalanes.
Mientras, en la Policía Nacional y de la Guardia Civil esta cogestión se interpreta como el paso previo a que, cuando aumenten las plantillas, se concrete definitivamente la cesión de las competencias en inmigración, pese a las dificultades que parece dejar clara la Carta Magna, «y que se acabe con lo que hemos entendido hasta ahora como Estado».
«Vamos a tener que llevar de la mano, en equipos conjuntos, a unos agentes que nos sacan más de un 20% en el sueldo», apuntan tanto guardias civiles como policías con un gran malestar. No tienen dudas de que, pasados unos «meses» a partir de que se inicie la «formación», les «echarán a patadas y lo harán ellos». Posteriormente, en los equipos encargados de documentos. «Es como si un subdirector de una empresa tiene que llevar de la manita a un trabajador en prácticas, que sabe que le va a quitar la silla y que encima gana más que su profesor», resume otro agente con un descontento evidente.
Pero la parte más crítica, advierten, es la falta de confianza que aún mantienen tanto la Policía como la Guardia Civil con buena parte de los Mossos por su comportamiento durante el procés. «Los incidentes fueron constantes y la falta de colaboración, mayoritaria», recuerdan los efectivos de la Seguridad del Estado consultados por EL MUNDO. «¿Y ahora tenemos que explicarles cómo controlamos la inmigración y las fronteras? ¿Qué lógica tiene?», apuntan con preocupación ante una hipotética vuelta de la Policía autonómica a posiciones radicales. Hacen una lectura política que les lleva a alertar de las dificultades de la medida: el acuerdo se alcanza entre el Gobierno central y Junts. Pero quien lo tiene que aplicar es el PSC en Cataluña, que está apoyado por ERC. «La verdad es que no es fácil de entender», apuntan.
No son pocos los que aún creen que estos acuerdos de «mínimos» se pueden ir postergando. Recuerdan que el Gobierno le dijo a Junts sí a la cesión en marzo y ha estado casi un año sin mover un papel.