- Tribunales García-Castellón demanda a Belarra en el Supremo por llamarle "corrupto" y prevaricador y le reclama 120.000 euros
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«No cabe duda que tachar a un juez de corrupto, prevaricador y parcial por proteger a un partido político y perseguir a los adversarios constituyen expresiones objetivamente injuriosas por cuanto se le está atribuyendo la comisión de unos hechos delictivos y el incumplimiento de una obligación esencial e inherente a sus funciones como es la imparcialidad; lo que es siempre insultante y descalificador y, en consecuencia, lesivo para su honor». En estos términos categóricos se ha pronunciado la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre los ataques que la líder de Podemos y ex ministra, Ione Belarra, profirió al magistrado de la Audiencia Nacional ya jubilado Manuel García-Castellón.
Tras ser llamado «corrupto» y «prevaricador», el juez decidió demandar a Belarra en el Tribunal Supremo por lesión en su derecho al honor, reclamándole a la diputada una indemnización de 240.000 euros. En su escrito de contestación a la citada demanda, conocido por EL MUNDO, la Fiscalía considera que los mensajes que la dirigente de Podemos escribió en la red social X sobre García-Castellón «no tenían otro motivo que desacreditar, desprestigiar y descalificar personal y profesionalmente al demandante con ocasión de su jubilación».
«Hoy el BOE publica la jubilación forzosa del juez García-Castellón. Lo dijimos hace meses y ahora se confirma, este y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España, se van a ir de rositas sin sanción alguna gracias al PSOE. Vergüenza», escribió Belarra en X el pasado 2 de septiembre.
Asimismo, tras conocer que el magistrado la había demandado, la ex ministra volvió a la carga: «García-Castellón no tenía ganas de jubilarse y continúa la guerra sucia judicial contra Podemos. Se querella contra mí por decir la verdad, que lo que ha hecho para proteger al PP y para perseguir a los adversarios políticos de la derecha, es corrupción, con o sin condena».
En este sentido, el Ministerio Público sostiene que «las dos publicaciones lo que contienen son calificativos claramente injuriosos (corrupto y prevaricador)» y se realizaron «en una red social con gran capacidad de difusión». Además, la fiscal añade que «el ciudadano medio que lee esos tuits se encuentra con unos calificativos sobre el comportamiento y actividad profesional de un conocido juez sin contar con dato alguno de contraste para formase su propia opinión» mientras que «lo que entiende perfectamente» es que «una conocida integrante del poder legislativo, representante de los ciudadanos y dirigente del partido político Podemos considera al juez García Castellón, conocido por llevar asuntos judiciales importantes y de interés general, como un juez corrupto, que ha prevaricado, que protege al Partido Popular y persigue a los que no son de derechas».
Asimismo, la fiscal prosigue afirmando que «no consta que el juez García-Castellón haya sido condenado o haya estado sometido a ningún procedimiento por delito de prevaricación y por ningún otro».
Por otro lado, la representante del Ministerio Fiscal explica que «la jurisprudencia constitucional y la ordinaria consideran incluido en la protección del honor el prestigio profesional», formando parte este del marco en el que «se desenvuelve el honor».
«Pese a la especial protección del derecho a la libertad de expresión y la interpretación restrictiva de sus limitaciones, en este supuesto concreto, esta no puede prevalecer sobre el derecho al honor, incluida la reputación profesional del demandante. Los calificativos empleados y la opinión sobre la parcialidad del juez son claramente ofensivos e innecesarios para transmitir su opinión o valoración crítica sobre la actuación del demandante como juez, faltando, por lo tanto, el requisito de la proporcionalidad», sostiene la fiscal del Supremo Lourdes Rodríguez Rey en su escrito.
De igual manera, el Ministerio Público explica que las declaraciones realizadas por un parlamentario, como es el caso de Ione Belarra, en redes sociales desde su propio perfil, «especialmente si son ofensivas o atentan contra el honor de terceros, no están protegidas por las prerrogativas de inviolabilidad del artículo 71 de la Constitución».
La fiscal fija la responsabilidad civil de la diputada en la cantidad de 20.000 euros, al considerarla «proporcionada» a las circunstancias del caso. Asimismo, el Ministerio Público apoya que el Tribunal Supremo ordene en su sentencia la difusión del contenido íntegro de la sentencia en el perfil de X de Ione Belarra, lugar en el que se habría producido la intromisión en el derecho al honor de García-Castellón.