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Tailandia, el idílico país de las sonrisas en el sudeste asiático, escala un gravísimo grado en su sempiterna crisis política con la preocupante decisión del Tribunal Constitucional que acaba de dictar un fallo por el que disuelve al primer partido de la nación, el Move Forward, de ideología reformista liberal, que dio el campanazo al ganar las últimas elecciones generales, en abril de 2023, con casi 14,5 millones de papeletas y 141 diputados. La máxima Corte judicial ha considerado probado que esta fuerza política, tal como denunció el Consejo Electoral, violó la ley de partidos con su intento de modificar la draconiana Ley de lesa majestad que rige en el país, algo que, dice el Constitucional, supone que el Move Forward pretendió socavar la Monarquía, pilar en el que se sustenta todo el entramado institucional tailandés.
Esta disolución de un partido, y más con una motivación así, vuelve a poner en tela de juicio la democracia del país del sudeste asiático. Desde hacía días, las principales cancillerías del globo, en especial las de algunos de los principales valedores internacionales de Bangkok, como Estados Unidos, aguardaban con suma preocupación el veredicto de la Corte tailandesa. Se espera que lo ocurrido desate protestas y una nueva ola de indignación social en un país profundamente dividido desde hace ya décadas entre quienes respaldan el statu quo y a los poderes fácticos que impiden todo cambio, fundamentalmente hoy identificados con el ejército, la Corona y el poderoso alto clero budista, y un amplísimo sector de la ciudadanía, con gran porcentaje de jóvenes, que reclaman reformas democráticas y cambios de calado en el sistema. Las últimas protestas de extraordinaria virulencia en Bangkok y otras ciudades se produjeron entre 2020 y 2021, cuando el movimiento estudiantil se echó a las calles para decir basta.
Lejos de ser cierto que el Move Forward intentara ningún derribo de la Monarquía, institución que, por otro lado, sigue concitando hoy un apoyo mayoritario de la sociedad local, la formación sí ganó en las urnas tras una intensa campaña en la que prometió medidas reformistas, en especial la modificación de la draconiana ley de lesa majestad, que castiga con duras penas de cárcel a cualquiera que ose verter la mínima crítica contra la familia real, y que se ha convertido en un instrumento tan antidemocrático y con tal capacidad de interferencia en la pugna de partidos que desde estas latitudes cuesta comprenderlo.
Un líder carismático
Gran parte de la culpa del éxito del Move Forward la tuvo su líder y aspirante a primer ministro, el joven y carismático Pita Limjaroenrat. Pues bien, cabe recordar que en julio del año pasado el mismo Tribunal Constitucional le suspendió como diputado nada menos que durante la sesión en el Parlamento en el que se debatía su investidura. Fue aquella una increíble maniobra de los poderes fácticos contra el revolucionario dirigente, innecesaria en todo caso ya que Limjaroenrat no había logrado el necesario respaldo de la mayoría simple de diputados y senadores para asumir la jefatura de Gobierno, a pesar de su rotunda victoria en las urnas y de haber ahormado una coalición de Gobierno con hasta siete partidos. Porque se estrelló, fundamentalmente, contra el veto de los miembros de la Cámara Alta, elegidos a dedo en su día por el Gobierno del general golpista Prayut Chan-ocha, quien había dejado todo atado y bien atado antes de renunciar al último Ejecutivo militar para impedir que le sustituyera en el poder ningún político peligroso para el sistema.
Limjaroenrat logró que se le levantara la suspensión cautelar como diputado semanas después, cuando ya había sido elegido un primer ministro en el país y por tanto se le percibía como una amenaza menor. Y, sin embargo, aún hoy está a la espera de que el Tribunal Constitucional dicte un fallo sobre el proceso por intentar derribar la Monarquía iniciado con la denuncia de un ex monje bien conocido en el país por su activismo político y radicalidad, Thirayut Suwankesorn. Pita Limjaroenrat se enfrentaba a hasta 10 años de cárcel y a inhabilitación.
De hecho, el panel de nueve jueces que alcanzó "por unanimidad" la resolución, además ha inhabilitado a los 10 miembros del comité ejecutivo del partido, incluido Pita Limjaroenrat, para ocupar un cargo institucional durante los próximos 10 años.
El empresario Srettha Thavisin fue nombrado, tras la investidura fallida del anterior, primer ministro en agosto del año pasado, con el apoyo de una amplia alianza de partidos que sumó a las fuerzas en manos de generales del Gobierno saliente y de la que quedó totalmente excluido el Move Forward, considerado como decimos demasiado radical.
En Tailandia rige una de las leyes de lesa majestad más terribles del globo, que contempla penas de prisión de hasta 15 años por participar en actos o proferir manifestaciones que se consideren insultantes para su divinizado rey o sus familiares. La aberrante norma, en realidad, no sólo sirve para mantener bien lejos a la Monarquía de cualquier crítica, por tímida que ésta sea y, con ello, el statu quo institucional en el país. Sino que también es empleada por los poderes del Estado -dirigentes en el Gobierno, el alto clero budista con enorme influencia en el país o la cúpula de la judicatura- para perseguir opositores o combatir a organizaciones que reclaman reformas prodemocráticas. El pasado enero se batió un triste récord cuando un ciudadano fue condenado a 50 años de cárcel por difamar a la familia real. Un porrón de años fruto de la suma de las sentencias por varios delitos incluidos en la mencionada ley de lesa majestad.
Y no se libra nadie. Por aquellos días fue condenada a una pena de seis años entre rejas la diputada Rukchanok Srinork por proferir insultos a la Monarquía. Un tribunal dio por probado que había retuiteado dos mensajes a propósito de la participación de una empresa propiedad del rey Maha Vajiralongkorn, Rama X, en la fabricación de una vacuna contra la Covid. Y ello le valió dar con sus huesos en una celda de mala muerte y su inmediata inhabilitación como cargo público.
Institución intocable
La Monarquía ha sido durante años una institución absolutamente reverenciada. En los 70 años de reinado del divinizado Bhumibol, se puso todo en cuestión una y mil veces en el país... salvo la Corona. Bajo su mandato, Tailandia sufrió hasta 10 golpes de Estado y en ninguno corrió peligro la Monarquía. Incluso los golpistas necesitaron siempre la bendición real para sostenerse en el poder. También se mantuvo siempre el monarca por encima de la fuerte división -sobre todo en la última década- entre los llamados camisas rojas -en su mayoría pertenecientes a las capas pobres de las áreas rurales y urbanas, aunque también estudiantes y sectores instruidos que exigen reformas prodemocráticas- y los camisas amarillas -élites militares, aristocracia empresarial y clases medias urbanas, sobre todo-. La intervención real resultó imprescindible en ocasiones para acabar con la confrontación.
Pero las cosas empezaron a cambiar en 2016 con la muerte del venerado Bhumibol. El ascenso al trono de su hijo, el actual soberano, Rama X, llegó acompañado de las demandas de importantes sectores de la sociedad que, si bien no cuestionan la Jefatura del Estado coronada, sí reclaman avances prodemocráticos que alcancen también al rey. Y, así, en otoño de 2020 se vivieron inéditas marchas de estudiantes que por primera vez lanzaron críticas directas a la Monarquía.
Las presiones internacionales contra Tailandia por su legislación absolutamente incompatible con las libertades fundamentales y los principios básicos de la democracia de momento han caído en saco roto. Organizaciones como Amnistía Internacional alertan en sus informes anuales los graves atropellos que sufren derechos como el de reunión pacífica y el de expresión. Paradójicamente, Tailandia aspira a ocupar un puesto rotatorio en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU entre 2025 y 2027, decisión que ha de tomarse a finales de este año. El pasado abril, dos relatores especiales de Naciones Unidas, Clément Nyaletsossi Voule e Irene Khan, emitieron una declaración expresando su fuerte preocupación por el caso Move Forward. Hoy, tras lo sucedido, Bangkok se aleja todavía más de los estándares propios de cualquier sistema que se llame a sí mismo democrático.