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La Justicia italiana ha desmontado el plan migratorio de Giorgia Meloni en Albania, nada más empezar. Los magistrados de la sección dedicada a las migraciones de Roma anularon este viernes la deportación de las 12 personas -ocho bangladesíes y cuatro egipcios- trasladados al centro migratorio de Gjader (Albania). En cuestión de horas, a todos ellos se les había denegado la solicitud de asilo -esto es, la obtención de una protección internacional- presentada este martes, día en el que fueron desembarcados en las costas balcánicas por la Marina Militar italiana desde el Mediterráneo Central. Tras el fallo judicial, los 12 migrantes desembarcarán este sábado en Bari (Italia).
El eje central de la decisión del Tribunal de Roma se basa en el concepto de país seguro. Según las autoridades judiciales, Estados como Bangladesh, Túnez o Egipto no pueden considerarse como países seguros porque no todos sus ciudadanos pueden por defecto considerarse libres de persecución. La Justicia transalpina no está haciendo otra cosa más que respetar la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, en la que a principios de mes advertía al Ejecutivo italiano de que la ampliación de la lista de los países seguros que Roma hizo el pasado mayo observa incompatibilidades con el Derecho comunitario.
El fallo no comporta la suspensión de los centros para migrantes en Albania. Pero, de entrada, quedarían restringidos a personas originarias de los considerados por la UE como países seguros.
A través de la decisión del Tribunal de Roma, se pone en evidencia la gravedad de acelerar los procesos de expulsión de un solicitante de asilo, que es lo que está promoviendo el Gobierno italiano, porque impediría un estudio adecuado de una eventual protección internacional.
Esta novedad supone un importante golpe jurídico para el plan migratorio de Giorgia Meloni en Albania, que se focaliza en forzar la definición de naciones como Bangladesh, Túnez y Egipto como países seguros, aunque no lo sean plenamente para todos sus ciudadanos en todo su territorio. No es casual que el Ejecutivo transalpino los haya incluido en la lista, porque representan el 40% de los flujos migratorios procedentes del Mediterráneo Central.
La jornada del viernes ha sido políticamente intensa también para el vicepresidente del Gobierno italiano, Matteo Salvini, el líder de la Liga; quien ayer vivió un nuevo capítulo del caso Open Arms, por el que está imputado por abuso de poder y secuestro de personas por haber impedido, hace cinco años, el desembarque de 147 migrantes -embarcados en el buque humanitario español Open Arms- en el puerto de la isla siciliana de Lampedusa.
La Fiscalía de Palermo ya ha pedido para Matteo Salvini seis años de cárcel y ayer fue el turno de su abogada, Giulia Bongiorno, quien pronunció su alegato final para defender al líder leguista poniendo el foco en la ONG española -propietaria de la embarcación y acusación particular en el juicio-, asegurando que ésta quiso incomodar al Gobierno italiano y su política de puertos cerrados cuando Matteo Salvini era ministro del Interior. Para Bongiorno, el barco Open Arms estuvo ocho días frente a Lampedusa teniendo la posibilidad "en 48 horas" de desembarcar en cualquier puerto español.
A lo largo de la jornada, más de 90 políticos italianos leguistas, entre ministros, presidentes autonómicos y parlamentarios, se personaron en Palermo para apoyar a Salvini en una pequeña manifestación, con camisetas con el retrato del vicepresidente y la palabra "culpable". La sentencia se dictará el 20 de diciembre.