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Miles de inmigrantes en Estados Unidos han comenzado el año con el temor a que su vida dé un vuelco brusco, repentino e irreversible. La campaña de deportaciones que ha puesto en marcha de forma agresiva el Gobierno de Donald Trump está sembrando el miedo que los expertos ya anticipaban tras conocer el resultado electoral del pasado 5 de noviembre. Muchos evitan salir a la calle salvo para lo imprescindible, los comercios callejeros que antes se nutrían de clientela hispana han visto reducida de forma drástica su facturación y la sensación de incertidumbre es perceptible. Ni siquiera ciudades santuario como Chicago, Los Ángeles o Nueva York se están salvando de la quema.
"Siento mucha tristeza porque no quiero que se lo lleven", dice entre lágrimas Yenitza Marquina, la hija de Andrés Marquina, un inmigrante mexicano que llegó a Estados Unidos hace más de 30 años y que el último domingo de enero fue arrestado en Chicago por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). "Tengo el corazón roto y estoy devastada", indicaba a la cadena CBS. "Quisiera que mi padre volviera a casa como siempre ha hecho".
El suyo fue sólo uno de los más de 1.000 arrestos que se produjeron ese domingo, casi cuatro veces más que la media diaria durante la última parte del mandato de Joe Biden. El número ha ido en aumento desde la ceremonia inaugural de Trump el pasado lunes 20 de enero. Si el jueves 23 de enero fueron 593 los arrestos, el lunes la cifra subió hasta los 1.179, en línea con las exigencias del nuevo inquilino de la Casa Blanca.
El republicano quiere que la media diaria esté entre los 1.200-1.500 detenidos y está recurriendo a sus habituales métodos de coerción para lograrlo. O cumplen los agentes de los distintos cuerpos de seguridad del Estado que ha destinado a la labor, o habrá consecuencias, de acuerdo con fuentes citadas por The Washington Post. Las mismas que sostienen que el presidente no está del todo satisfecho con los resultados y quiere aumentar el ritmo de deportaciones.
Las redadas se han llevado a cabo en lugares de trabajo y en domicilios particulares en varias ciudades del país, incluyendo Denver y Dallas, donde un agente del ICE entró armado en un restaurante guatemalteco para llevarse a un hombre de unos 30 años. Desde el Gobierno sostienen que su objetivo es deportar a indocumentados con serios antecedentes penales, aunque son conscientes de que en ese intento habrá algunos "arrestos colaterales", en palabras del nuevo zar de la frontera de Trump, Tom Homan. "Queremos atrapar a tantos delincuentes como sea posible", declaró. "Son una amenaza para la seguridad pública y si alguien más está aquí ilegalmente, ellos también vendrán con nosotros".
Las cifras, sin embargo, cuentan una historia muy distinta. De los casi 1.200 arrestos que se produjeron el lunes 27 de enero, sólo un 52% contaba con antecedentes penales. El resto son indocumentados que cruzaron la frontera sin sus papeles en regla, una infracción civil en Estados Unidos.
De ahí el miedo de muchos que hasta ahora se movían con libertad por las calles y que han empezado a restringir sus movimientos. Gente como Raúl Pereira, uno de los jornaleros que lleva días ayudando en las labores de retiro de escombros en Altadena, donde el fuego de Eaton devastó una gran parte de la localidad al noreste de Los Ángeles. Dice que está asustado. "Están pasando cosas extrañas, y no es como la otra vez, cuando Trump dijo que iba a deportar a gente y al final no pasó nada. Ahora parece que va en serio", explica a este diario.
En San Francisco, la presidenta de un sindicato de trabajadores de la limpieza, Olga Miranda, confirmó que hace dos semanas se produjo una redada en dos edificios del centro de la ciudad, provocando una espantada al día siguiente. Muchos trabajadores y empleadas de la limpieza no han vuelto al trabajo por temor a ser deportados.
En San José, en el corazón de Silicon Valley, el alcalde Matt Mahan informó de que agentes del ICE también han llevado a cabo arrestos en la ciudad. "Espero sinceramente que el ICE siga centrado en las acciones de cumplimiento relacionadas con los delincuentes violentos y graves que dañan nuestra ciudad, no en los vecinos que son miembros contribuyentes y respetuosos de la ley de nuestra comunidad", señaló.
Desde el ICE, por su parte, insisten en que están devolviendo a sus países de origen a pandilleros y criminales de la peor calaña. Gente como Anderson Geovany Romero, detenido en Hyattsville, Maryland, un joven salvadoreño de 19 años miembro de la Mara MS-13, un grupo clasificado como terrorista por Estados Unidos. O como Daniel Bustamente, un boliviano detenido por conducir bajo el efecto de las drogas y que ahora podría formar parte de los vuelos de deportados que ha estado fletando Trump en los últimos días hacia varias partes de América Latina.
En Boston, fue detenido un ciudadano hondureño acusado de robo y asalto con intento de violación, Juan Alberto Rodezno, quien cometió "crímenes horribles", en palabras de la directora de la oficina regional, Patricia Hyde. "No toleraremos que delincuentes extranjeros amenacen la seguridad de nuestras comunidades de Washington, D. C. y Virginia", explicó en un comunicado Liana Castaño, directora de la delegación del ICE en Washington.
Sin embargo, de los más de 200 inmigrantes colombianos que fueron devueltos en aviones militares en los últimos días a su país -entre ellos mujeres embarazadas y 20 menores-, ninguno tenía antecedentes penales, ni en Colombia ni en Estados Unidos, según la Cancillería colombiana. Trump, por su parte, mantiene que eran todos criminales y pandilleros. Alguna de las partes miente deliberadamente en este asunto.