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La Comunidad de Madrid ha solicitado por primera vez al Gobierno, en base a la ley de extranjería, la "reagrupación familiar" de aquellos menores extranjeros no acompañados "que presenten graves dificultades de adaptación para salvaguardar su protección". Por el momento la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales madrileña ha tramitado cuatro expedientes para estas devoluciones, pero se sabe ya que serán más después de la reyerta ocurrida la tarde del lunes en el centro de acogida de menores de La Cantueña (Fuenlabrada) y que se saldó con doce detenidos.
Según se detalló este miércoles desde la Comunidad de Madrid la decisión se ha tomado conforme a la normativa actual y en base a criterios técnicos, siempre "cuando el interés del menor lo aconseje", dada la "susceptibilidad" que acarrean sus "dificultades de adaptación".
La solicitud desde el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso a Delegación de Gobierno llega en pleno temporal político por la distribución de 4.000 menores extranjeros que actualmente se encuentran en Canarias. Regiones como Madrid tildan de desigual el acuerdo para su acogida, pactado entre el Gobierno y Junts, mientras el Ministerio de Derechos Sociales acusa a Madrid de no haber informado de la cifra de plazas disponibles, sino del número de menores acogidos en el último año: 2.442. En cualquier caso, la Comunidad advierte al Gobierno de que los servicios autonómicos se encuentran "desbordados".
"Esta medida se adopta para evitar que sigan siendo blanco fácil de las mafias de tráfico de personas y del consumo de drogas. Además, resulta imprescindible proteger a la mayoría de los menores, que sí desean integrarse y que están siguiendo su proyecto educativo de manera ejemplar", se informa desde la Comunidad de Madrid, donde aseveran que "cada caso es valorado de forma pormenorizada".
Al respecto, el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, desligó esta actuación de las reclamaciones de Vox, que exige la devolución de todos los menores en vez de acogerlos. En este caso, remarcó el portavoz, la decisión se toma en base a criterios técnicos analizados por un comité de expertos y con el fin de salvaguardar la seguridad y el interés del propio menor.