Gracias a la precipitada España en libertad que hemos empezado a conmemorar y que surgió hace 50 años, el mismo día que murió Franco, pudieron trabajar unos legisladores para parir una Constitución, refrendada tres años después por el noventa por ciento de los ciudadanos. En ese histórico consenso nacional, cuando nadie sabía por dónde íbamos a salir, aquellos representantes de todo el abanico político decidieron incluir el derecho a una vivienda digna y encomendaron a todos los poderes públicos la tarea de garantizarlo.
Así lo recoge al artículo 47, que está rodeado de todos los que tienen que ver con la calidad de vida de los españoles, como la protección de la salud, el derecho a la intimidad, a la integridad física o moral, al acceso a la cultura o a disfrutar de un medio ambiente adecuado. Será casualidad, pero a ese artículo lo sigue el que consagra a esos mismos poderes públicos la tarea de integrar a la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. Juventud y vivienda quedaron enmarcados en el capítulo de la Constitución que recoge los principios rectores de la política social y económica. La juventud sin vivienda es el nuevo campo de batalla para dos modelos ideológicos que no consiguen ponerse de acuerdo en el segundo problema que más preocupa a los ciudadanos, según el último barómetro del CIS.
No hace ni dos años que se aprobó la primera Ley de Vivienda de la democracia. Fue en las postrimerías de la anterior legislatura y, por supuesto, sólo obtuvo el apoyo del PSOE y su bloque de izquierdas. Hoy al Gobierno le costaría sacarla adelante, porque votaron en contra Junts y PNV, cuando aún no eran necesarios para que la suma saliera. La Ley, que tuvo los 176 votos de mayoría por los pelos en el Congreso, dice buscar una regulación homogénea de los aspectos más esenciales de las políticas de vivienda, recurriendo a las competencias estatales en esta materia. Pero no son las principales, porque todas las comunidades las tienen asumidas en sus estatutos de autonomía. Teniendo en cuenta que el PP gobierna en 11 de ellas, y tal y como están las cosas, lo normal en esta España plenamente libre, pero polarizada y crispada, es que no haya una acción conjunta para afrontar esa segunda preocupación de los españoles. (Feijóo: "Emergencia en vivienda existe, lo que no existe es un Gobierno que ofrezca soluciones". Sánchez: "El PP quiere volver al pelotazo en vivienda"). La primera son los problemas políticos.
Cuando se aprobó la ley, la ministra Raquel Sánchez dijo que la vivienda se iba a convertir en el quinto pilar del estado del bienestar. De momento, los precios del alquiler, que se han duplicado en los últimos diez años, siguen al alza y ya son ocho años de salario bruto los que hacen falta para comprar una casa. Mientras, desde las de sus padres, los jóvenes contemplan cómo los poderes públicos se desviven por ayudarles. Y sí, se preguntan a quién votar.