«En los últimos años hemos visto diversas formas de presión sobre los medios de comunicación. Es hora de actuar. Ningún periodista debe ser espiado por su trabajo; ningún medio público debe convertirse en canal de propaganda. Hoy proponemos salvaguardias para proteger la libertad y el pluralismo de los medios en la UE». Esto es lo que dijo la vicepresidenta comunitaria Vera Jourová en la presentación de la propuesta de Reglamento sobre la Libertad de Medios el 16 de septiembre de 2022.
El contexto en el que se lanzó dicha iniciativa venía dominado por las amenazas a la independencia de los medios, sobre todo por gobiernos iliberales como el húngaro y el polaco, que arrinconaban a los medios críticos retirando la publicidad institucional a la vez que coaccionaban a las empresas privadas para que también retiraran su publicidad de ellos. En paralelo, en otros países, como España (véase el caso de Ignacio Cembrero) o Grecia, se descubrió que algunos periodistas incómodos para los gobiernos habían sido objeto de espionaje mediante programas informáticos como Pegasus y otros.
En paralelo, el Reglamento también aspiraba a facilitar la lucha contra la manipulación de la información de origen extranjero (FIMI, en la jerga comunitaria), que primero en el contexto del covid y luego en el de la guerra de Ucrania se había convertido en una preocupación de primer orden por sus efectos sobre la salud pública y las políticas de apoyo a Ucrania, respectivamente.
Por tanto, el objetivo de ese reglamento era, además de defender la soberanía de los Estados miembros, proteger el derecho de cada medio a establecer libremente su línea editorial, algo que, como todo director de un medio de comunicación sabe, los políticos no suelen entender ni respetar (recuérdese la entrevista de Jordi Évole a Pedro Sánchez en 2016). También, aspiraba a proteger la independencia de los medios públicos, algo en lo que precisamente no destacamos en España, y a los propios periodistas. Pese a ello, muchos Gobiernos pretendieron mantener en el Reglamento la potestad de espiar a periodistas por razones de seguridad nacional. Tan frágil es la libertad de prensa, incluso en la UE, que gobiernos como el nuestro quieren dar la vuelta a las normas europeas para defenderse de informaciones periodísticas que les incomodan.