El Gobierno nos ha adelantado esta semana su plan para combatir las mentiras en las redes ampliando el derecho de rectificación para que pueda ejercerse sobre los usuarios de las redes sociales con más de 100.000 seguidores. El Gobierno emplea una hábil estrategia: ¿quién no quiere una democracia saneada donde no quepan los mentirosos y sus insidias?
El Gobierno utiliza un truco bien conocido por los dueños de perros: tirar un jugoso hueso al lado contrario de donde queremos que mire el animal para que se entretenga royéndolo y no preste atención al asunto central. Y el asunto central es que no hay nada más peligroso para el saneamiento de una democracia que las acciones de un gobierno con el supuesto fin de sanearla que no aportan ninguna evidencia, opinión experta ni debate social y que, en el fondo, solo pretenden proteger al propio gobierno.
Con todo, el debate ha sido acogido con alegría por muchos, incluidos (me preocupa) representantes de asociaciones de periodistas que se muestran felices porque, creen ellos, las redes sociales se regirán ahora por las mismas normas que ellos, lo que, esperan, pondrá las cosas en su sitio y ayudará a los medios tradicionales a hacer frente a la competencia desleal. En lugar de soñar, quizá sería mejor hacer preguntas, que es para lo que estamos.
¿Tiene el Gobierno una lista de cuántos usuarios relevantes mienten sistemáticamente? ¿Cómo ha comprobado que mienten? ¿Decidiéndolo unilateralmente, pidiendo a verificadores independientes que lo hagan, yendo a los tribunales? ¿Y con qué frecuencia mienten? ¿Ha comprobado que los 100.000 seguidores les creyeron? ¿Qué tipo de mentiras difunden? ¿Sobre las personas y sus actuaciones, sobre políticas del Gobierno, sobre hechos científicos? ¿Qué impacto han tenido esas mentiras? ¿Podemos evaluar el daño individual, político o social? ¿Y por qué 100.000 seguidores cuando el algoritmo puede hacer que un usuario con menos de 1.000 seguidores llegue a un millón de personas? Y quizá la más importante: ¿estaría el Gobierno dispuesto a aplicarse la norma y encargar a una agencia independiente que verificara cuándo y cuánto miente y rectificar en consecuencia?
Muchas preguntas, sí. Dejemos, pues, de roer los huesos que nos lanzan y hablemos en serio de democracia, medios de comunicación y redes sociales.