La campaña para la declaración del IRPF, que arrancó ayer, vuelve a poner de relieve el castigo a las rentas medias que representa la negativa del Gobierno a adaptar el impuesto a la escalada inflacionista que sufre la economía española desde la pandemia. La clase media soportó entre 2021 y 2024 el 61,3% del golpe fiscal, es decir, la carga extra de ingresos que se ha embolsado Hacienda por el alza de precios (unos 9.750 millones de euros). Una subida encubierta del impuesto derivada de no adaptarlo a la evolución de los precios y los salarios para compensarlos, que en muchos casos empuja a los contribuyentes a tributar en tramos superiores sin haber ganado poder adquisitivo real.
La presión fiscal sobre las clases medias es incluso mayor, si a la falta de indexación del IRPF se le añade el incremento acumulado de la recaudación por IVA, que también se eleva por la subida de los precios. Una factura fiscal conjunta que en los hogares de renta media ascendió a unos 1.100 euros desde 2021.
La decisión de no deflactar el IRPF equivale a una reforma fiscal sin aprobación parlamentaria que pasa desapercibida para el contribuyente y, por tanto, ahorra los costes políticos. El resultado es un impuesto silencioso con el que el Gobierno compensará este año el agujero en las arcas públicas que dejará la exención del SMI. Cargando, una vez más, la factura a las rentas medias.